Ultraje a la autoridad y el llamado de Monreal, ¿en qué consiste este delito y por qué es polémico?

Organizaciones de la sociedad civil y recuentos periodísticos ponen en la mira detenciones de opositores y de civiles con base en ese cargo.

Aquiles Siller Aquiles Siller
Dic 23, 2021 - 18:29 Actualizado: Dic 23, 2021 - 18:36
Ultraje a la autoridad y el llamado de Monreal, ¿en qué consiste este delito y por qué es polémico?

En el cierre de 2021 las miradas del ámbito político y judicial se concentran en el estado de Veracruz. El caso de José Manuel del Río Virgen es el eslabón más reciente de una cadena de detenciones de integrantes de partidos o exfuncionarios. También se alzó la voz por los seis jóvenes que fueron encarcelados durante cuatro meses, sin pruebas.  En ese contexto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo notar al Congreso local que la reforma al Código Penal del estado sobre el delito de ultrajes a la autoridad viola derechos humanos, entre ellos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley. Aquí explicamos el centro de este debate.

Concepto básico. Como “ultraje a la autoridad” se denomina todo aquel acto que suponga una ofensa, insulto o agresión, de forma física o verbal, dirigida contra un agente de la autoridad o un servidor público, con motivo del cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de ellas.

¿Qué se aprobó en Veracruz? El día 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que establecía reformas al Código Penal local. Si bien el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, se marcaron cambios relevantes.

Uno de ellos es que se aplicará, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:
- Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.
- Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima.
 - Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.

Algunos afectados. A partir de ello, organizaciones de la sociedad civil y recuentos periodísticos ponen en la mira detenciones de opositores y de civiles que supuestamente afectan el desempeño del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Esto involucraría a la fiscal Verónica Hernández Giadáns y al propio Tribunal Superior de Justicia de Veracruz a propósito de que las acusaciones van desde homicidio, corrupción, violencia familiar hasta el señalado  cargo de "ultrajes a la autoridad".

- Rogelio Franco Castán, excandidato a diputado federal y exsecretario del Gobierno de Veracruz, fue detenido el 13 de marzo de este año cuando aún era dirigente estatal del PRD. Aunque  de inicio lo acusaron de violencia intrafamiliar y fue vinculado a proceso se le dictó prisión preventiva por otro delito: ultraje a la autoridad.

- Fabián Cárdenas, alcalde electo de Lerdo de Tejada y dueño del equipo de Atlético Sozca, de la Tercera División de futbol, fue detenido el pasado 1 de diciembre en Xalapa por el delito de secuestro. En ese momento se encontraba con su pareja, Adriana Bichi, entonces jefa de la Unidad de Género de la fiscalía del estado, quien se opuso a la aprehensión y al uso de la fuerza contra el edil electo, por lo que también quedó detenida por "ultrajes a la autoridad".

- Ramón Ortíz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y representante de Fuerza por México, quedó detenido el 23 de marzo de este año en Coatzacoalcos. Se le vinculó a proceso por delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad. Al respecto, el propio gobernador Cuithláuac García expresó sobre sobre esta detención que Ramón Ortiz estaba relacionado con grupos criminales.

Controversia en la SCJN. En marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad”, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos contra algunas personas en contexto de protesta en la Ciudad de México, lo cual también demostró su uso criminalizante contra la libre expresión. En ese entonces los ministros determinaron que ese delito va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad.

La propuesta de Monreal. El coordinador de Morena señaló a la presidenta del Congreso de Veracruz, la diputada Cecilia Josefina Guevara, que la reforma al Código Penal del estado sobre el delito de ultrajes a la autoridad viola derechos humanos. Solicitó que, “con pleno respeto a su autonomía y de acuerdo con el paradigma de los derechos humanos”, deroguen ese tipo penal, pues fue lo que afectó a los seis jóvenes. De igual manera remarcó que hay varios casos que confirman que se ha usado para legitimar el abuso de autoridad contra los ciudadanos.