Un tribunal bateador

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado en ánimo lopezobradorista, aunque en dos sentidos distintos. Por una parte, ha bateado casi todos los recursos presentados en el pleno, rindiendo homenaje a un presidente enamorado de la pelota caliente; por otra parte, ha aceptado en casi todos sus fallos las posiciones de la Cuarta Transformación. Hay una mayoría de magistrados favorable al oficialismo que el presidente ha buscado mantener al impedir el nombramiento por el Senado de los dos puestos vacantes que pondrían en riesgo la mayoría del régimen.

La Sala Superior del Tribunal ha desechado casi todas las impugnaciones a elecciones del Congreso, pero el caso más importante, para el cual tuvo que importar a una magistrada de una sala regional para dar el quórum que el Senado le negó, es el de la elección a la Presidencia de la República.

Nadie esperaba que se anulara la elección presidencial. El margen de victoria de más de 30 puntos de Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, era demasiado grande para modificar el resultado o anular la elección. Sin embargo, sí hubo una discusión intensa entre magistrados oficialistas e independientes sobre las irregularidades en el proceso. Cuando se presentaron los argumentos y las pruebas de las muchas violaciones al proceso, desde el adelanto de las campañas hasta las críticas del presidente López Obrador a la candidata Xóchitl Gálvez y a la oposición, el magistrado Felipe Fuentes, parte del grupo progubernamental, las descartó como algo sin importancia: “Advertimos distintas expresiones que se relacionan con diversas temáticas y opiniones generales del Ejecutivo sobre las candidaturas y la continuidad de su programa de gobierno, sin que existiera un llamado expreso o velado a votar a favor de una candidatura”.

El magistrado nunca se enteró de lo que decía y repetía AMLO en las mañaneras. A su posición de rechazo de las impugnaciones se unieron Felipe de la Mata y la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, como se esperaba, parte del mismo grupo, pero también Claudia del Valle, traída a la Sala Superior solo para este voto.

Los independientes Jeanine Otálora y Reyes Mondragón no pusieron en duda la validez de la elección presidencial, pero sí señalaron que había que hacer notar las múltiples irregularidades y la inequidad del proceso, como lo hizo el Tribunal Electoral de 2006 que aceptó el triunfo de Felipe Calderón, pero que señaló que dos –solo dos—declaraciones del entonces presidente Vicente Fox habían puesto en riesgo la equidad de la elección. Pero estos son otros tiempos. Lo que tanto molestó a López Obrador en 2006, al grado que se incluyó en la calificación de la elección, hoy los magistrados lo consideran enteramente normal, aunque se presente multiplicado.

Haber señalado la inequidad del proceso, pero sin dejar de reconocer el resultado, no habría tenido consecuencia práctica alguna. Lo que sí puede tenerla es la asignación de los legisladores plurinominales. El gobierno plantea que la Constitución le permite tener una sobrerrepresentación de 20 puntos porcentuales sobre su 54 por ciento de votación en las urnas. Los límites a la sobrerrepresentación, dicen, se debe aplicar a los partidos individuales, pero no a toda la coalición.

La oposición argumenta que el artículo 54 de la Constitución señala que la limitación debe aplicarse a toda la coalición. Afirman que el gobierno quiere que su coalición sea considerada como un solo partido para cumplir el requisito de la fracción I que establece que un partido, para tener representación proporcional, debe registrar cuando menos 200 diputados en distritos uninominales, cosa que ninguno hizo, pero como partidos independientes para las fracciones IV y V que limitan el número de diputados plurinominales. Eso no es congruente ni legal, dicen.

Si bien hay argumentos legales de las dos partes, un fallo favorable al oficialismo tendría consecuencias muy importantes. Daría a los partidos del gobierno la posibilidad de modificar la Constitución a discreción. El gobierno podría eliminar derechos y contrapesos sin tener que consultar siquiera con la oposición. Podría ser el final de la democracia en México, tal y como la hemos vivido en estas décadas de alternancia en el poder.