Cambio de régimen

Andrés Manuel López Obrador ha logrado un cambio de régimen aun sin estar ya en la Presidencia de la República. Este martes 5 de noviembre siete ministros de la Suprema Corte votaron a favor de un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que habría invalidado algunas partes de la reforma judicial que lanzó el expresidente el pasado 5 de febrero. Cuatro se pronunciaron en contra. Si bien el proyecto obtuvo una mayoría simple, se necesitaban ocho votos para lograr la mayoría calificada para aprobarlo.

El resultado no significa que se haya validado la constitucionalidad de la reforma judicial, pero sí se desestima la impugnación promovida por los partidos de oposición. En términos prácticos, esto le da luz verde a una reforma que cambia de manera radical el sistema judicial del país.

Ya la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes de la mayoría en el Congreso habían anunciado que no acatarían una resolución de la Corte que invalidara, aunque fuera parcialmente, la reforma de López Obrador. Sin embargo, desde un punto vista legal, y frente a los ojos de muchas naciones y especialistas que han cuestionado la reforma, esto habría sido un golpe a la legitimidad del gobierno. Hoy el régimen puede declarar que derrotó a sus rivales, incluso bajo las reglas legales que había antes de la reforma.

El nuevo sistema judicial no resolverá los problemas de justicia del país ya que estos no se deben a la independencia de los jueces, que simplemente molestaba a AMLO, sino a la impunidad producida por la ineficacia de las policías y de los ministerios públicos. México tiene un 98 por ciento de impunidad. Un factor es la saturación de los tribunales, pero esta, lejos de superarse, empeorará como consecuencia de la reforma. No solo serán despedidos cientos de jueces y magistrados con experiencia, sino que los tribunales serán entregados a juzgadores sin trayectoria y de dudosa capacidad. La elección de jueces y magistrados costará más de 13 mil millones de pesos, más que los 12 mil millones de la elección presidencial de 2024. La logística de la elección de juzgadores, en la que los ciudadanos recibirán decenas o centenas de complicadas boletas, será una pesadilla. La eliminación de la carrera judicial destruirá una experiencia acumulada a lo largo de décadas.

No cualquiera podrá postularse a los cargos de juez, magistrado o ministro. Las listas de candidatos serán elaboradas por comités de evaluación dominados por personas cercanas a Morena y al régimen. Un Tribunal de Disciplina supervisará las decisiones de los jueces y magistrados y podrá sancionarlos si se desvían de los criterios que establezca. Los integrantes de este tribunal serán electos también por voto popular, pero los candidatos serán elegidos por los comités de evaluación. El sistema está hecho para garantizar que la enorme mayoría de los juzgadores sean obedientes al régimen. Los que no, podrán ser destituidos y sancionados por el Tribunal de Disciplina.

El nuevo régimen que López Obrador le construyó a su sucesora será más autoritario que el que hemos tenido en el último cuarto de siglo. No habrá jueces independientes, ni organismos autónomos. Las empresas del Estado ya no tendrán que esforzarse por ser rentables ni contarán con auditores o consejeros independientes. El régimen se parecerá cada vez más al que vivimos durante la mayor parte del siglo XX: con un partido hegemónico y una presidencia imperial sin contrapesos al poder.