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La sanción contempla multas económicas, suspensión de labores y hasta cárcel.
Por no detener la primera elección judicial programada para 2025, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron denunciados penalmente por un juez federal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez Segundo de Distrito en el estado de Colima, Francisco García Contreras, acusó a los 11 consejeros y consejeras de desacato al no frenar el proceso electoral extraordinario como lo dicta una resolución judicial.
Además, se les impuso una multa de 54 mil 285 pesos y les dio 24 horas para frenar el proceso.
“Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado… A fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador; no obstante se le ha requerido en diversas ocasiones”, señala el documento obtenido por Milenio.
“Apercibido que de no acatar lo ordenado, se le impondrá multa de 50 unidades de medida y actualización, que corresponden a 5 mil 428 pesos. Además, hágase de su conocimiento que los nombres de las personas a quien se hizo efectivo el medio de apremio ordenado en el presente incidente, corresponden a los consejeros y consejeras electorales del INE”.
El artículo que se menciona en el documento señala que de no obedecer un auto de suspensión, se impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, una multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
Hasta el momento, el INE no ha planteado la posibilidad de detener la elección de jueces, magistrados y ministros de 2025; la discusión de hecho se ha focalizado en el presupuesto que ésta necesita.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha informado que mantendrá el presupuesto de 13 mil millones de pesos para la organización de la elección; sin embargo ha señalado que será la Cámara de Diputados quien tenga la última palabra.