¿Cómo evitar que el Poder Judicial quede en manos del crimen organizado?

Por: Roberto Trad: consultor, escritor y estratega político en El Instituto.

La única fora de salvarnos de que el crimen organizado se apodere del poder judicial es a través del Voto Obligatorio.

Vamos por partes: La elección de jueces y juezas que seguramente se celebrará el próximo año podría ser la más determinante para México en lo que va del siglo. Y no por una razón positiva. Al contrario, como están las cosas hoy, corremos el riesgo de que este proceso termine entregando el control del Poder Judicial a tres distintas mafias; la mafia política, la mafia empresarial y la mafia criminal.

Para hacer una campaña ganadora se necesitan dos cosas: tiempo y dinero. Si tienes tiempo y paciencia, puedes construir una trayectoria sólida, recorrer el territorio, llevar tu mensaje y poco a poco construir un movimiento o una candidatura. Ello requiere de financiamiento, entre menos tiempo tienes, mayor es la necesidad de financiamiento.

Si no tienes tiempo para recorrer el país o tu comunidad, por ejemplo, puedes pagar una pauta en medios e intentar resolver con dinero aquello para lo que ya no te queda tiempo. Si no tienes tiempo para construir una organización de base desde la sociedad civil, necesitas (mucho) dinero para construir estructuras de movilización pagadas.

La próxima elección de jueces en México trae consigo un riesgo crítico: el financiamiento ilegal. Como no tienen tiempo, porque las personas juzgadoras (a diferencia de los ejecutivos y legislativos) no tienen una trayectoria y perfil público y no cuentan con estructuras de organización social, el dinero en esta campaña va a tener un peso mayor a la hora de definir a los ganadores. Quien tenga dinero, podrá pautar y construir estructuras de movilización. Quien no lo tenga, difícilmente podrá competir.

La presidenta Claudia Sheimbaum (@Claudiashein) ha sido muy consistente con el mensaje: el planteamiento narrativo se puede resumir en la máxima obradorista: “el pueblo manda”. Pero si ella y todos, incluída la oposición, no atendemos el tema del financiamiento en campañas adecuadamente, esto va a terminar siendo “el que paga manda”. y ¿Quién tiene dinero para pagar campañas electorales? el gobierno (los gobiernos), los partidos, los empresarios y el crimen organizado. ¿Cómo podemos evitarlo?

Con el voto obligatorio. Es decir, que quien no vaya a votar se haga acreedor a algún tipo de sanción. La Constitución mexicana ya contempla el voto como un deber ciudadano. El Artículo 36, fracción III, establece que todos los ciudadanos deben participar en las elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato. Esto significa que el voto obligatorio no solo es posible, sino que también es un derecho y un deber consagrado en nuestra Carta Magna.

Hay dos maneras de llevar gente a las urnas, a través de la comunicación y a través de la movilización. En este tipo de campañas (pasa igual en las elecciones intermedias donde la participación ciudadana es menor) termina pesando mucho más la movilización que la comunicación, porque en procesos locales y con tantos competidores e intereses en juego, es muy difícil que los y las electoras puedan estar pendientes de todos sus candidatos y puedan compararlos correctamente. No hay spots en televisión nacional, ni debates en cadena nacional, es más, es muy probable que un amplio número de electores ni siquiera se va a enterar de que hay una elección.

Si el voto fuera obligatorio, es decir, si hubiera una sanción para quien no vaya a votar, la participación ciudadana aumentaría y por lo tanto la influencia del financiamiento ilegal sería menor. En una elección donde todos deben participar, se reduce la influencia de aquellos que, a través de financiamiento y movilización, buscan controlar el proceso. Además disminuye la efectividad de la “compra de voto” que el crimen organizado, empresas o gobiernos pueden intentar ejercer. Cuando una elección tiene una participación masiva, se fortalece su legitimidad. El voto obligatorio asegura que las personas elegidas cuenten con el respaldo de una mayoría real de ciudadanos, no solo de aquellos sectores movilizados.

Esto resulta crucial para que el nuevo Poder Judicial inicie con mayor confianza ciudadana.

Diversos estudios comparativos muestran que los países con voto obligatorio tienden a tener tasas de participación significativamente más altas que aquellos con voto voluntario.

Australia, por ejemplo, ha mantenido consistentemente tasas de participación superiores al 90 % desde que adoptó el voto obligatorio en 1924. En América Latina, países como Uruguay, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina también registran tasas de participación cercanas o superiores al 90% debido a la obligatoriedad del voto.

Con la obligatoriedad del voto, los intereses económicos y criminales pierden la capacidad de controlar el proceso, ya que se convierte en una elección generalizada y difícil de predecir. El voto de cada ciudadano diluye el poder de quienes buscan manipular la elección a través de financiamiento ilegal.

Implementar esta medida en la elección de jueces podría ser complicado. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque enfrenta limitaciones presupuestales, puede establecer mecanismos prácticos y justos para incentivar el cumplimiento. Por ejemplo, la implementación de una multa simbólica o la realización de servicio comunitario para quienes no voten, o bien alguna restricción para renovar la credencial de elector. Es decir, algo pequeño, que resulte en una molestia mayor que la de ir a votar un domingo cualquiera de junio.

En otros países de latinoamérica la multa equivale a unos 10 usd, y existen todas las salidas para que el ciudadano no las pague. Hay otros países donde se puede presentar justificante laboral, o por ejemplo, las policías, fuerzas armadas, adultos mayores y familiares de personas con discapacidad o enfermos pueden no ir a votar. Tampoco se trata de fregar la vida al que no votó, simplemente trasladar al ciudadano el costo de la movilización y no dejarlo en manos del dinero ilegal.

El INE ha intentado durante años frenar la llegada de dinero ilegal a las campañas políticas con un montón de medidas. Y ha fracasado en ello. Las campañas gastan mucho más de lo que legalmente pueden gastar y para nadie es un secreto. Quizá el voto obligatorio no es una medida popular, ni fácil de digerir, pero ha funcionado en varios países de latinoamérica y del resto del mundo para quitarle poder al dinero sobre la política. Y con el poco tiempo que tenemos, yo no veo otra solución.