
Foto: Gage Skidmore
El decreto firmado por el presidente de EUA tendrá efectos en el combate al narcotráfico.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para designar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una de las promesas que hizo durante su campaña y que generó expectativa dentro de la política nacional en las últimas semanas.
A raíz de esta medida, el gobierno de Estados Unidos tomará decisiones más severas para combatir a grupos criminales.
De acuerdo con el Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EUA, esta designación tiene las siguientes ramificaciones legales:
En entrevista para Político.mx, Óscar Balderas, periodista especializado en crimen organizado, consideró que a raíz de este decreto, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum tendrá que cooperar con Estados Unidos para combatir los cárteles mexicanos, y de esta manera, evitar que Trump actúe con una perspectiva unilateral.
“El gobierno mexicano tendrá que tomar decisiones que no fomenten que Donald Trump tome una decisión unilateral a partir de la firma de este decreto. Es decir, tratará de hacer lo mejor posible para que las consecuencias de esta designación vengan en forma de una cooperación binacional”, apuntó.
Asimismo, recalcó que las autoridades estadounidenses han ejecutado acciones que han afectado la paz y tranquilidad de las y los mexicanos, recordando casos como el de la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el pasado mes de julio.
“La decisión más reciente fue la de haber hecho una negociación a espaldas del gobierno mexicano con Joaquín Guzmán López, el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, para hacer una detención ‘chueca’, bastante compleja, de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, lo cual ha generado la violencia que ya conocemos en Sinaloa”, expuso.
Balderas planteó que el decreto permitirá a Trump asestar golpes financieros a los cárteles mexicanos mediante sanciones económicas y la prohibición de aquellos negocios que utilicen el sistema bancario estadounidense.
Lo anterior obligará a que autoridades mexicanas efectúen más incautaciones de droga, puntualmente de fentanilo, y más detenciones.
Incluso, abrió la posibilidad de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) opere en territorio mexicano.
Más allá de las amenazas arancelarias lanzadas por Trump para ejercer presión sobre el combate al narcotráfico, el especialista dijo que son pocas las probabilidades de que Estados Unidos ocupe fuerzas militares para intervenir en este asunto.
Sin embargo, reconoció que el gobierno estadounidense puede actuar con o sin el consentimiento de nuestro país.
“Hay un fuerte incentivo para que haya cooperación y no sometimiento (...) No hay que olvidar, percibe Donald Trump el derecho internacional. Él percibe que el gobierno de México está obligado a combatir a los grupos clandestinos o ilegales que pongan en peligro la soberanía en territorios aledaños”, abundó.
Insistió en que las misiones de autoridades estadounidenses no violan la soberanía de México ni faltan al derecho internacional, y puso como ejemplo la Policía Federal de Australia, con quien se ha mantenido una cooperación para debilitar a aquellos grupos que trafican droga al país oceánico y a Nueva Zelanda.
“Me parece que podemos ver de vuelta esa cooperación (con agencias estadounidenses), siempre que sean dirigidos estos operativos o estas investigaciones por las propias autoridades mexicanas, y que todo el conocimiento que se vaya acumulando, sirva para ambos países”, indicó.
Finalmente, Óscar Balderas remarcó que pasados los 100 días de gobierno de Trump, se podrá analizar si tanto las autoridades estadounidenses como las mexicanas lograron contener a los grupos delictivos, pues planteó que las expresiones de violencia podrían aumentar por parte de los cárteles.
“Trump necesita demostrar que su designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tuvo efecto (...) porque de ahí depende el resto del discurso de la frontera cerrada y de la militarización de los estados fronterizos del sur y de la necesidad o de la obligación de pedirle a México que combata a los grupos del crimen organizado (...) si no existe la capacidad (de autoridades mexicanas), entonces estamos en un problema, porque eso le dará a Estados Unidos todo el argumento para poder llevar a cabo las acciones más radicales”, advirtió.