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La orden ejecutiva de Trump desafía el consenso legal y promete intensas batallas en tribunales sobre la ciudadanía por nacimiento.
En su primera noche como presidente, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que colocan a los migrantes en el centro de un debate político y legal.
Entre estas medidas, declaró una emergencia nacional en la frontera sur con México para frenar el paso de personas que buscan cruzar hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la acción que más controversia ha generado es su intento de eliminar la ciudadanía automática para quienes nacen en suelo estadounidense, si sus padres no cumplen ciertos requisitos migratorios.
Esta medida pone en jaque uno de los principios fundamentales de la Constitución de Estados Unidos: la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la 14ª Enmienda desde 1868.
El decreto firmado por Trump instruye a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos estadounidenses a los niños nacidos en el país si al menos uno de sus padres no es ciudadano o residente legal permanente.
Esto incluye casos donde ambos padres sean indocumentados o cuenten con visas temporales.
De acuerdo con Politico, “la orden de Trump desafía el amplio consenso legal que ha interpretado la 14ª Enmienda como una garantía para casi todos los nacidos en suelo estadounidense”.
La administración argumenta que su intención es evitar abusos, como el llamado “turismo de nacimiento”, pero expertos legales y organizaciones de derechos civiles han cuestionado su validez constitucional.
Según el New York Times, 22 estados y varias ciudades, incluyendo San Francisco y Washington D.C., también han interpuesto demandas, argumentando que la medida podría dejar a miles de niños sin nacionalidad.
“Esto podría significar que 150,000 niños cada año nazcan sin patria”, indicó Nick Brown, fiscal general del estado de Washington.
Incluso, horas después de que Trump firmara la orden, organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) presentaron demandas en su contra.
“El presidente no puede reescribir la Constitución con un decreto”, afirmó Matthew J. Platkin, fiscal general de Nueva Jersey.
Estas acciones legales apuntan a que el decreto viola la 14ª Enmienda y más de 100 años de precedentes legales.
La 14ª Enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Históricamente, esto ha sido interpretado para incluir a casi todos los nacidos en suelo estadounidense, salvo excepciones como hijos de diplomáticos extranjeros.
De acuerdo con información de Vox, Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, enfatiza que “Trump no puede cambiar la Constitución mediante una orden ejecutiva”.
En este sentido, el académico señaló que cualquier modificación requeriría una enmienda constitucional, algo poco probable dada la polarización política actual.
Uno de los argumentos de la administración Trump es combatir el “turismo de nacimiento”, donde personas extranjeras viajan a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense al nacer.
Aunque no hay datos concretos sobre cuán extendida está esta práctica, el término ha sido utilizado para justificar medidas migratorias más estrictas.
Hiroshi Motomura, profesor de Derecho en UCLA, contó a Vox que considera que este enfoque refleja un intento de “redefinir qué significa ser estadounidense, en un contexto de declive de la población blanca”.
De implementarse, la orden podría afectar a millones de personas.
Vox reporta que alrededor de 5.5 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven en hogares con estatus migratorio mixto, muchos de los cuales podrían haber sido inelegibles para la ciudadanía bajo esta nueva política.
Además, expertos advierten que eliminar la ciudadanía por nacimiento podría desestabilizar a familias enteras y minar la integración cultural de comunidades inmigrantes en el país.
A pesar de las intenciones de Trump, el decreto enfrenta una lucha legal compleja y prolongada.
Con el historial judicial y la oposición de múltiples estados, su aplicación parece improbable a corto plazo.
Sin embargo, la orden ejecutiva representa un paso más en la estrategia de la administración para endurecer las políticas migratorias y redefinir la identidad estadounidense.