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La agenda legislativa de la presidenta Sheinbaum ha estado definida, como es público, por la herencia establecida por su antecesor. El llamado Plan C marcó el inicio de la actual legislatura, y prácticamente todos los cambios legales aprobados hasta ahora fueron definidos por López Obrador.
Sin embargo, hay una agenda que sí proviene de la actual presidencia y que pasa por la eliminación de la reelección consecutiva para legisladores y alcaldes, así como por la implementación de nuevas reglas para hacer frente a las sucesiones familiares en los cargos públicos.
Lo primero que habría que decir es que se trata de dos fenómenos distintos que no deberían ponerse en la misma bolsa. En el primer tema, la reelección ha sido objeto de estudio y debate durante muchos años, y hay argumentos para sostener que, en no pocos casos, la medida ha sido positiva.
En el caso de los alcaldes, por ejemplo, está claro que tres años es muy poco tiempo para entender y planear una gestión. La duración es tal que, para algunos políticos, se asume que el primer año es para aprender, el segundo para ejercer y el tercero para buscar una nueva posición. Esa lógica —que suena cínica pero es real— se rompe cuando una persona aspira a gobernar por más tiempo, lo que permite pensar con un horizonte distinto.
Sin ir más lejos, dos de los proyectos políticos más exitosos en la Ciudad de México nacieron de alcaldes que estuvieron más de un periodo, como Santiago Taboada en Benito Juárez o la propia Clara Brugada en Iztapalapa.
En el mismo sentido, contar con legisladores profesionales —con periodos de reelección acotados para evitar la permanencia excesiva, como ocurre en Estados Unidos— permite tener verdaderos especialistas en las materias que legislan.
Es cierto que el modelo no es perfecto y que conlleva riesgos, como una excesiva concentración de poder, especialmente en los alcaldes, pero el esquema es atendible y mejorable. No debería eliminarse por completo.
En contraste, el caso del nepotismo es una realidad que no tiene lados positivos. La herencia de los cargos en alcaldías o gubernaturas, ya sea entre parejas o entre padres e hijos, no aporta ningún beneficio social y es una lacra de la que ningún partido se salva.
Atender estos dos temas es importante, pero tratarlos como si fueran problemas de naturaleza similar es un error y una estrategia propagandística que debe ser señalada.