Caso Teuchitlán, la oportunidad de Sheinbaum para cambiar sistema judicial, según investigador

El pasado 10 de marzo, el colectivo de personas que buscan a desaparecidos “Guerreros Unidos”, informaron el descubrimiento de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, que mostraba indicios de ser un campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.

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El caso, que involucró los hallazgos de ropa, zapatos y restos óseos de posibles víctimas, convulsionó a la sociedad mexicana y sacó a relucir el problema del reclutamiento forzado por parte de los cárteles en el país.

Para Carlos Pérez Vázquez, investigador y autor del libro “Procurar Injusticia”, que aborda la falta de justicia en México y cómo el sistema penal ha sido utilizado como herramienta de control político desde 1920, este acontecimiento y sus consecuencias en la opinión pública, son una oportunidad para que el gobierno de Claudia Sheinbaum realice un profundo cambio en el sistema judicial.

“Estamos en otra coyuntura… Empezando este gobierno sucede este acontecimiento espantoso. La gente está conmocionada. Este es un momento para modificar las prácticas, las formas de hacer las cosas en la Fiscalía”, señaló en entrevista para Político MX.

El jurista pone la turbulencia generada por el caso Teuchitlán, a la par de la reacción que generó en los mexicanos, el caso Ayotzinapa, la matanza de estudiantes de 1968 en Tlatelolco, el presunto fraude electoral de 1988 o la alternancia política del 2000.

“Fueron momentos muy dramáticos en la historia del uso de la procuración de justicia (o injusticia) como herramienta política, que abrieron la puerta para reformar la manera en que se imparte justicia”.

¿La reforma judicial de AMLO funcionará?

Al ser cuestionado sobre si la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador podría generar este cambio, Pérez Vázquez aseguró que su diagnóstico no es positivo.

“No va a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que vamos a elegir jueces penales, no se puso en la mesa la elección de los fiscales ni de los fiscales estatales ni del fiscal general”, dijo.

“Los nuevos van a trabajar con un marco jurídico exactamente igual al que ha operado durante los últimos 100 años… El pronóstico para mí es no solo de reserva extrema, sino bastante sombrío”.

El autor señaló que solamente habrá un cambio si la elección judicial va acompañada de reformas secundarias que ataquen los cinco principios de la persecución penal, cosa que ha generado el clima de injusticia y violación a los derechos humanos.

Entre los principios que señaló están:

1. Presunción de culpabilidad: En lugar de la presunción de inocencia, el sistema actual asume que el acusado es culpable desde el principio.
2. Detenciones en flagrancia: Para justificar detenciones arbitrarias, sin necesidad de una investigación previa.
3. Tortura y extorsión: Para obtener pruebas, en lugar de métodos legales de investigación.
4. Prisión preventiva oficiosa: Para encarcelar a los acusados sin necesidad de un juicio, violando el derecho a la libertad.
5. Criminalización del acusado: En donde se presenta al acusado como un “parásito moral”, en lugar de un criminal que cometió un delito.

“Estaría feliz si a la par de la elección de los jueces nos hubieran dicho, ‘va a desaparecer la prisión preventiva, ya no va a va a haber detenciones en flagrancia, va a castigarse con toda dureza a quien torture o extorsione a un detenido’, pero eso no lo ponen en ningún lado”.

Mecanismos alternativos de justicia

Carlos Pérez menciona dos mecanismos de justicia que podrían aplicarse como alternativa al actual sistema judicial: el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Consideró que el trabajo del GIEI ofrece una metodología “impecable” para construir la teoría de un caso, además de que la CIDH contiene precedentes y jurisprudencia que pueden servir como guía para orientar el sistema de persecución del delito en México.