Club Santos rechaza presiones judiciales contra Alejandro Irarragorri

El Club Santos se pronunció sobre la situación jurídica de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño del equipo, luego que trascendió que se giró una presunta orden de aprehensión en su contra.

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Tras la noticia, el equipo emitió un comunicado, rechazando las presiones judiciales que se han ejercido sobre él.

Además, señalaron que “son principios rectores de la justicia mexicana -y de la universal- el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Club Santos rechaza presiones

En el comunicado, el equipo de fútbol señala que “la presunta orden de aprehensión a la que se refieren algunos medios de comunicación se habría dictado por una supuesta inasistencia a una audiencia convocada por el Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García, en Torreón, Coahuila, relacionada con un caso judicial al Club Santos Laguna".

El Club Santos dice que el pasado jueves 20 de marzo se celebró una audiencia virtual a la que se acudió en tiempo y forma.

Sin embargo, “sorpresivamente, el Juez, mientras se llevaba a cabo, decidió cancelarla y emplazó, sin cumplir con los tiempos marcados por la ley, a otra para el lunes 24 de marzo”.

Ante ello, el equipo resalta que Irarragorri Gutiérrez no fue apercibido formalmente, por lo que su presunta falta no daría motivo para que el Juez dictara medidas cautelares.

“Club Santos Laguna reitera su plena convicción de que ha actuado con pleno apego a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables”, señala el documento.

Asimismo, el equipo reiteró que “hará valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial”.

Información del diario Reforma, detalla que la denuncia contra Alejandro Irarragorri Gutiérrez sería por un caso de presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos.

Ante la presunta orden de arresto, los abogados de Irarragorri aseguran que fue girada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento legal, y confirmaron que ya se presentó una demanda de amparo.

De acuerdo con distintos reportes, la acción penal se deriva de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a salarios de jugadores y cuerpo técnico del Santos durante el periodo de enero a julio de 2017.