
Foto: Cuartoscuro
Violaciones a derechos humanos y crisis económicas estuvieron presentes en la administración del priista.
El expresidente de México Ernesto Zedillo nuevamente está en el ojo del huracán debido a las críticas que ha hecho respecto a los gobiernos morenistas.
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En los últimos días, el exmandatario ha criticado la elección del Poder Judicial y cuestionado los resultados de la administración y las obras encabezadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Sin embargo, el gobierno encabezado por el priista dejó deudas pendientes en materia de derechos humanos y económicos.
A continuación te contamos las polémicas que marcaron el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994 al 2000.
El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, ubicada en San Pedro Chenalhó, Chiapas, fueron asesinados 45 indígenas tzotziles y otros 17 resultaron heridos.
A dicho suceso se le conoce como la “Matanza de Acteal”.
Al inicio de 1994, cuando surgió públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la región de Chenalhó se mantuvo ajena al conflicto, pero en diciembre de ese año inició la movilización de grupos zapatistas contra las autoridades de la zona, a quienes acusaron de ser caciques protegidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Información de BBC Mundo señala que en Acteal existía un grupo de familias, conocido como Las Abejas, que trataban de mantenerse neutrales a pesar de los intentos de ambos bandos para que les apoyaran.
El conflicto llegó a su límite el 22 de diciembre de 1997. Al amanecer, un grupo paramilitar atacó a las familias.
A unos 200 metros de la masacre acampaban policías estatales que, a pesar del ruido de los disparos, no se movieron ni solicitaron ayuda, según documentó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Nadie ajeno a la matanza llegó al sitio hasta que los agresores se retiraron.
Los primeros que aparecieron fueron jefes policíacos y funcionarios del gobierno de Chiapas que alteraron la escena del crimen, según datos de la propia PGR.
De acuerdo con información de Amnistía Internacional, mientras muchas de las personas directamente implicadas en la masacre han sido procesadas y condenadas junto con algunos funcionarios públicos de bajo rango, ninguna autoridad de alto nivel estatal o federal ha sido llevada ante la justicia por su supuesta implicación en el caso.
El 5 de diciembre de 1994, cuatro días después de haber llegado a la Presidencia, Zedillo obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cerrar actividades por un mes.
El expresidente separó del cargo a todos los ministros y los redujo de 26 a 11, lo que fue considerado por integrantes del sistema judicial como un “golpe de Estado” a la Corte.
Las acciones se dieron luego que el exmandatario impulsó su primera reforma constitucional en el Congreso de la Unión mediante una reestructuración de la Suprema Corte.
La iniciativa hecha por Zedillo se enfocó en nueve puntos que llevaron a la disminución de los ministros:
La reforma de Ernesto Zedillo fue aprobada el 30 de diciembre de 1994 por la Comisión Permanente.
El entonces presidente justificó su decisión al decir que respondía a una exigencia ciudadana. Sin embargo, políticos y expertos han señalado que se debió a que no confiaba en los ministros, ya que habían sido designados por sus antecesores Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
Otro de los sucesos que marcaron el sexenio del exmandatario fue el llamado "error de diciembre".
En México se registró una crisis económica en diciembre de 1994, cuando Zedillo llegó a la Presidencia.
A unas semanas de la devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por 20 mil millones de dólares para el gobierno mexicano, que le permitiera garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros.
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila.
Pero en México, el fenómeno se bautizó como el error de diciembre, frase acuñada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo y no a la política económica de su sexenio.
La devaluación del peso mexicano desencadenó altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes de personal o, en casos más extremos, provocar el cierre de las mismas.
La mañana del 28 de junio de 1995, en Guerrero, algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez para pedir ayuda para los cultivadores de café.
Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías estatales y agentes judiciales.
Los hicieron bajar y mediante golpes, los obligaron a acostarse en el suelo. Cuando llegó el segundo auto, el procedimiento se repitió, pero los policías y agentes judiciales dispararon contra los campesinos durante casi 20 minutos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detalló que en esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados y catorce resultaron heridos.
Además, dos elementos de la policía resultaron lesionados con heridas producidas por arma blanca.
Casi un año después, el 25 de febrero de 1996, se difundió un video de la operación en Aguas Blancas, mostrándose la naturaleza dolosa de la operación, con agravantes como premeditación, alevosía y ventaja.
El mismo organismo sostiene que hasta la fecha, sólo están detenidos algunos policías y mandos medios.
La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las órdenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, es compadre de quien fuera presidente, Ernesto Zedillo y se presume que lo encubrió.
En 1990, en el gobierno de Salinas de Gortari, se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un mecanismo financiero que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública.
Este fondo se estableció con el objetivo de poder enfrentar posibles crisis financieras y asegurar la liquidez de las instituciones bancarias en caso de ser necesario. En situaciones de emergencia, el Fobaproa se activaría para adquirir las deudas de dichas entidades y dar el capital necesario para su operación.
Con la llegada del error de diciembre, el expresidente Ernesto Zedillo decidió activar el Fobaproa para disminuir sus efectos.
Sin embargo, se incluyó el rescate de pagarés, lo que implicó una intervención financiera de 552 mil millones de pesos, equivalente al 15.8% del Producto Interno Bruto en ese momento.
Este procedimiento convirtió la deuda generada por el Fobaproa en deuda pública.