
Foto: Cuartoscuro
El exgobernador de Tamaulipas es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y quien es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es señalado de haber tenido apoyo de jueces para no ser detenido.
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Y es que de acuerdo con información de Proceso, legisladores federales y del Congreso de Tamaulipas de Morena denunciaron una presunta “red” de juzgadores que evitaron la captura del exmandatario estatal.
De acuerdo con el medio, la “red” operaba con resoluciones emitidas por jueces a modo, suspensiones “oportunas” y tráfico de influencias.
En septiembre de 2022, poco antes de terminar su mandato, el exgobernador presuntamente huyó a Estados Unidos.
Un mes después la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal la orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, García Cabeza de Vaca promovió el amparo 2477/2022 ante el juez Octavo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, quien le concedió una suspensión para que no pudiera ser detenido y no fuera vinculado a proceso, lo que fue impugnado por la FGR ante el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa.
El juez Gutiérrez Pérez fue reasignado al Juzgado Penal de Matamoros, cambio que se realizó ante las acusaciones de coludirse con funcionarios para beneficiar a García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, el juez solicitó su jubilación y, según los legisladores morenistas, se convirtió en abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que lo acusaron de cometer tráfico de influencias con jueces y magistrados de Tamaulipas a favor del exgobernador.
En el año 2024, la Fiscalía solicitó otra orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca, y a otros exfuncionarios del gobierno.
No obstante, todos tramitaron amparos ante el juez Séptimo de Distrito de Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, quien les concedió suspensiones, que legisladores morenistas federales y del Congreso de Tamaulipas consideraron excesivas.
Además, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de las fichas rojas correspondientes, sin embargo, el juez también concedió la suspensión contra estas alertas.
Al exmandatario se le investiga por la adquisición de propiedades y negocios de forma poco transparente cuando fue gobernador del 2016 al 2022.
Se han emitido órdenes de captura en su contra, razón por la que se encuentra en Estados Unidos, pero se ha librado de ellas a través de amparos.
De acuerdo con Morena, desde 2021 el juez Alvarado López ha beneficiado con diversas resoluciones y amparos al exgobernador de Tamaulipas, a familiares y a colaboradores directos para evadir acusaciones y permanecer en cargos que permitieran “seguir protegiendo” intereses.