Triunfo o derrota

Solo un 13 por ciento de los ciudadanos se presentaron a votar en la elección judicial del 1 de junio y, de ellos, un 20 por ciento anularon total o parcialmente sus boletas. La elección costó cuando menos 7 mil millones de pesos, alrededor de 538 pesos por cada sufragio, lo que la hace la más cara de la historia, sin contar el dinero que Morena empleó para movilizar a los votantes y repartirles acordeones para que supieran por quién votar. La presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, decretó que el ejercicio había sido “todo un éxito”. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, le enseñó que la mejor forma de enfrentar las derrotas es describirlas como una victoria.

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Quizá fue una victoria, pero no por el número de electores sino porque les permitió a Sheinbaum y a Morena llenar la Suprema Corte y los demás tribunales del país con simpatizantes de su movimiento. López Obrador lanzó la reforma judicial con la consigna de que no podía permitir que los jueces le salieran con el cuento de que la ley es la ley. Al llenar los tribunales de jueces, magistrados y ministros incondicionales al gobierno, ni Sheinbaum ni cualquier otro que llegue a ocupar la Presidencia, aunque sea un tirano, tendrá que preocuparse de que algún juez suspenda sus medidas.

La elección fue diseñada para asegurar que el voto fuera largo y difícil. Un votante normal tendría que haber dedicado muchas horas previas a estudiar los currículos y propuestas de los candidatos para sufragar de manera informada. Morena y los Servidores de la Nación repartieron, sin embargo, “acordeones” con las listas de los candidatos que querían que ganaran y así facilitaron el voto de millones de beneficiarios de programas sociales y simpatizantes. Esto le garantiza al gobierno que en el futuro los tribunales le darán siempre la razón, incluso ante medidas inconstitucionales o autoritarias, porque todos los jueces serán suyos.

Si alguno osara rebelarse, el nuevo Tribunal de Disciplina se encargará de hacerlo entrar en razón y, si no hace caso, sancionarlo o incluso procesarlo y encarcelarlo. Al contrario de lo que vemos en países con un real estado de derecho, en el que los acusados tienen siempre la posibilidad de acudir a un tribunal de apelación ante un fallo adverso, “las decisiones del Tribunal [de Disciplina] serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas”. El esquema está inspirado en la Santa Inquisición.

La operación de la elección fue en muchos sentidos decepcionante. La presidenta pidió el 28 de mayo: “Es muy importante que haya una participación masiva en la elección, y la va a haber, van a votar millones de personas el próximo domingo”. La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la reforma judicial había sido un mandato de los electores, pero la enorme mayoría prefirieron no presentarse o anular su voto. Los operadores morenistas calculaban que podrían llevar a unos 20 millones de electores a las urnas, el resultado quedó muy lejos.

Desde un punto de vista estratégico lo más importante para la presidenta Sheinbaum no era si acudían los 36 millones que votaron por ella en 2024, 20 millones como decían sus operadores políticos, 13 millones como realmente se presentaron o solo mil. Lo que buscaba era terminar con el contrapeso que significaba un poder judicial independiente.

Si bien AMLO protestó muchas veces por la falta de contrapesos al poder presidencial cuando estaba en la oposición, su más importante “éxito” al concluir su mandato fue eliminar los contrapesos e incluso la división de poderes. Hoy el ejecutivo, el legislativo y el judicial están dominados por una misma persona. Es el sueño de un político que en 2006 prometió mandar al diablo las instituciones democráticas. Es el sueño también de cualquier dictador.