
Foto: Cuartoscuro
La reforma Antilavado busca reforzar medidas en contra del financiamiento a grupos terroristas, pero también pone en riesgo la protección a datos personales
Senadores de Morena aprobaron en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado la reforma a la Ley Antilavado, la cual causó polémica.
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Se trata del dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como unos artículos al Código Penal Federal, el cual fue aprobado con 23 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.
El proyecto fue criticado por los integrantes de la oposición especialmente al dar la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de solicitar información a dependencias, entidades y organismos autónomos información y todo tipo de datos que requiera sin orden judicial y no establece medidas claras.
De igual forma, podrá solicitar información relativa a partidos políticos y agrupaciones políticas al INE con el fin de prevenir operaciones ilícitas y el financiamiento al terrorismo “para garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional y para enfrentar los retos de la economía global”, según dijo el presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral.
Senadores de oposición consideraron que la reforma fue generada de una presión por parte de Estados Unidos para sancionar el financiamiento a los cárteles al ser declarados organizaciones terroristas, pero que Morena utilizará la reforma para perseguir a sus enemigos y acceder a datos de ciudadanos.
Tal fue la observación de la senadora de MC, Alejandra Barrales, quien señaló que “se está dando acceso a todo tipo de información de los mexicanos que pueda estar en posesión de entes públicos y lo más preocupante es que se plantea que esta información se pueda proporcionar sin restricción alguna”.
También criticó la inclusión de la figura de personas políticamente expuestas al establecer una definición ambigua por señalar a personas relacionadas con funcionarios, y que así lo considere la SHCP, sin dejar determinaciones claras.
No obstante Barrales anunció que Movimiento Ciudadano votaría en abstención pues señaló que en su partido acompañan los esfuerzos para luchar contra el crimen organizado.
La bancada del PRI, a través de Carolina Viggiano expresó su posicionamiento en contra de la reforma en el mismo sentido, pero también criticó que se incluya entre las asociaciones sin fines de lucro a asociaciones religiosas, organizaciones civiles, sindicatos, partidos políticos y colegios de profesionistas, pues son figuras distintas.
De igual forma, dijo que esto da pie a que los criminales accedan a la información personal asegurando que el gobierno ha quedado rebasado en lo que refiere a ciberseguridad y protección de datos.
“Este esquema que están generando ustedes para vigilar y controlar tiene que ver con una visión sectaria de querer quedarse en el poder a como dé lugar, de controlar de vigilar a quienes piensan diferente”, señaló.
Desde el PAN advirtieron visos de autoritarismo en el dictamen, qué podría perseguir a políticos de oposición, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
Pero también llamó la atención la inclusión de la Guardia Nacional en la coordinación de esfuerzos para la prevención de operaciones ilícitas, que implica que el Ejército obtenga información financiera sensible, “no solo de quienes realizan actividades vulnerables, sino de opositores y críticos”. Sin embargo, acompañaron la reforma con voto a favor.
Tras los señalamientos, el morenista Manuel Huerta Ladrón propuso suprimir la parte de las asociaciones sin fines de lucro por las diferentes definiciones, así como la eliminación del umbral de UMAs para notarios y corredores públicos.