
Foto: Cuartoscuro.
El sector privado ha denunciado que el gobierno no competirá con las mismas reglas y usará dinero público para entrarle a la telefonía y el internet móvil.
El Gobierno de la 4T busca meterse en el negocio del internet a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de consumarse la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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La polémica reforma busca ampliar el acceso a internet en zonas rurales y urbanas a través de la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT), mediante prácticas desleales.
Según el artículo 12 del proyecto, se propone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la dependencia que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgue al Ejecutivo Federal “de manera directa, sin contraprestación, con preferencia sobre terceros, las concesiones necesarias… del espectro”.
Una iniciativa que el expresidente Andrés Manuel López Obrador intentó impulsar en su administración, pero los números en el Congreso de la Unión no se lo permitieron. Ahora, el gobierno busca la concesión para el uso público de telecomunicaciones e internet, bajo el argumento de ofrecer servicio gratuito.
Y es que en la nueva ley que propone el Gobierno Federal, busca que el Estado pueda vender directamente servicios de telefonía móvil e internet móvil, como se establece en los artículos 56 y 57, en donde plantea la posibilidad de alcanzar asociaciones público-privadas.
Además, en el artículo 144 señala que las concesiones públicas deben ser exclusivamente mayoristas, sin posibilidad de ofrecer servicios minoristas, lo que genera condiciones inequitativas en el mercado, y que además de todo, violan los compromisos del T-MEC, pues afecta la competencia y desalienta la inversión privada.
No obstante, los jugadores del sector han mostrado su preocupación al resaltar que el gobierno no competirá con las mismas reglas, pues no pagaría lo mismo por uso del espectro o frecuencias, y no tendría que cumplir con las mismas obligaciones que las empresas, lo que provoca una competencia desleal.
Esta reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones coloca al gobierno como jugador y árbitro a través de la ATDT, concentrándose como un Estado monopólico.
El sector privado ha manifestado que esta política no solo afectará a las empresas y a los operadores que pagan licencias, sino a los usuarios que no tendrán una garantía en la calidad del servicio.
Además, el gobierno usará el dinero público para estos fines, una práctica que ha dejado pérdidas en el erario como en el caso de las empresas públicas de Pemex y CFE.
Una muestra es que apenas en el primer trimestre de 2025, la CFE reportó pérdidas por 16.1 mil millones de pesos.
Si a esto se le suma que el árbitro, como lo era el IFT, será sustituido por la Agencia de Transformación Digital los riesgos se incrementan al ser esta dependencia la nueva reguladora.
Y es que la redacción de la reforma gestada en Palacio Nacional, protege a CFE de ser clasificada como práctica monopólica, pero esto podría desincentivar la inversión privada y concentrar el mercado en el Estado, lo que afecta la inversión y limita a los usuarios de los servicios de telefonía e internet.