
Foto: Redacción Político MX
Estas iniciativas y acciones contra la libertad de expresión ya cobraron sus primeras víctimas
La denominada Cuarta Transformación está mandando señales que exhiben su intención de ir en contra de la libertad de expresión de los medios de comunicación.
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Y es que los gobiernos de Campeche y Puebla han ejecutado acciones que han criminalizado abiertamente la libertad de expresión y censurado a medios críticos de sus administraciones.
Eso sí, estas iniciativas están disfrazadas de combate al ciberacoso, demandas de difamación, entre otras denominaciones.
El pasado viernes 13 de junio, el periodista Jorge Luis González, quien fuera director del portal Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso por una jueza de Control por supuestamente lanzar calumnias y fomentar un discurso de odio contra la gobernadora Layda Sansores.
Pese a que el comunicador enfrentará su proceso en libertad, también deberá pagar una indemnización de 2 millones de pesos al director estatal de Comunicación Social, Whalter Patrón Bacab, por presunto daño moral.
Y por si fuera poco, la jueza también ordenó el cierre de Tribuna Campeche y vinculó a proceso a Isidro Yerbes, representante de Organización Editorial del Sureste, empresa editora de dicho medio.
En el Congreso de Puebla, la aplanadora de Morena y sus aliados aprobó una reforma al Código Penal, para agregar el Artículo 480, que tipifica como delito el “ciberasedio” y castiga con hasta 3 años de cárcel las ofensas lanzadas en las redes sociales.
“Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, indica la iniciativa de ley.
Ante las críticas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pidió al Congreso local revisar la llamada Ley de Ciberseguridad en materia de ciberacoso, pese a que esta ya fue publicada en el Periódico Oficial del estado.
Pese a lo anterior, el morenista defendió la Ley de Ciberseguridad y al mismo tiempo afirmó que velará por los medios de comunicación y detendrá cualquier acto que violente sus libertades.
El caso de la detención de un camarógrafo de N+ Guadalajara se suma a la lista.
La tarde del martes 17 de junio, el camarógrafo Jorge Alberto García fue detenido y liberado poco después por policías municipales de Tequila, Jalisco.
Jorge Alberto se encontraba grabando un operativo federal en el municipio al momento de su arresto.
Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, negó que haya dado la instrucción para detener al camarógrafo.
Así lo dijo Érika Pérez, presidenta de Morena en Jalisco, quien se comunicó con el morenista tras difundirse la información de la detención arbitraria.
Más tarde, el edil declaró: “Quiero aclarar a la opinión pública que mi administración no giró ninguna instrucción para la detención del camarógrafo antes mencionado de televisa, al contrario, giré instrucciones para que lo liberen de inmediato en cuanto me enteré del asunto”, explicó Rivera Navarro.