
Foto: Captura de Pantalla
Jorge González Valdez tiene prohibido ejercer su profesión como periodista por orden judicial.
A poco más de una semana de que fuera vinculado a proceso por supuestas “calumnias” en contra de la gobernadora de Campeche Layda Sansores, el periodista Jorge González Valdez acusó que sigue siendo víctima de hostigamiento y abuso por parte de las autoridades estatales.
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En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el exdirector de Tribuna Campeche explicó que pese a demostrar que ya no tiene ninguna tarea administrativa en el medio desde hace varios años por su jubilación, las juezas que lo vincularon a proceso y que solicitaron una indemnización de dos millones de pesos por daño moral a través de la denuncia de Sansores, insisten en quitarle su casa.
Esto, en caso de que no pueda pagar la indemnización, pues la jueza Maribel del Carmen Beltrán Valladares dio un plazo de 15 días para cubrir la reparación o en caso contrario, su vivienda será rematada con el fin de garantizar el pago.
“La situación prácticamente sigue igual. Estamos luchando (...) El intento de incautarme mi casa sigue, y mandamos un recurso de revisión al juzgado, esperamos ir al amparo. En el caso de la vinculación a proceso, también iremos al amparo (...) La gobernadora no cesa de seguir fastidiando”, dijo.
González Valdez alegó que las juezas involucradas en este caso estarían cerca de jubilarse, por lo que presuntamente se encuentran acatando las órdenes del gobierno de Sansores para que no se frustre su salida del Poder Judicial.
“Para no lastimar la posibilidad de que salieran sin ningún problema, atienden todas las recomendaciones del gobierno del estado”, aseguró.
Respecto a su caso, aseguró que el libre ejercicio del periodismo se ha limitado a partir de prácticas de censura mediante figuras jurídicas.
“La situación en los municipios del país, en los estados, creo que se podría corregir si precisamos esas figuras clásicas que utilizan los dictadores para afectar a aquel que opina y está en desacuerdo con acciones del gobierno. Son clásicos: incitación al odio, violencia política en razón de género, calumnias, delito de odio, y esa figura última de daño moral”, apuntó.
Este caso de censura en Campeche movilizó al gremio periodístico, generando críticas y descontento con la administración de Sansores.
Jorge González Valdez tiene prohibido, por orden judicial, ejercer su profesión hasta por dos años, marcando un precedente oscuro para el periodismo en México.