
Foto: Cuartoscuro
Con 351 votos a favor y 124 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Guardia Nacional, pasa al Senado.
Tras una sesión de 10 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley de la Guardia Nacional, por lo que fue turnada al Senado.
351 votos a favor y 124 votos en contra, Morena y sus aliados aprobaron en lo general y lo particular, la Ley de la Guardia Nacional y se reforman diversos ordenamientos en materia de Fuerzas Armadas.
En lo general: Con 349 votos a favor y 132 en contra
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La ley fue rechazada por todos los diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
En ella se propone la expedición de una nueva ley de la Guardia Nacional y la modificación de seis leyes y dos códigos vigentes.
Se reforman y adicionan disposiciones:
Las funciones que establece la nueva Ley de la Guardia Nacional son de carácter civil, ya que tienen por objeto, ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Ley de la Guardia Nacional establece que los fines de dicho cuerpo policial son “salvaguardar la vida, integridad y derechos de las personas”, sin embargo la oposición ha alertado sobre los riesgos por la militarización de la institución.
La reforma, que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consolida su carácter militar al integrarla con personal militar y someterla al fuero castrense.
La oposición señaló que se trata de un retroceso, ya que la Guardia Nacional fue creada originalmente como una institución civil.
Además otorga a la Guardia Nacional atribuciones para realizar tareas de inteligencia, operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas, lo que genera temores de vigilancia masiva sin controles adecuados, como señaló el grupo parlamentario del PAN.
A través de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el PAN acusó que se trata de una ley que busca vigilar a la ciudadanía “es peligrosa e inconstitucional y propia de un régimen autoritario”.
La ley permite a la Sedena procesar información de inteligencia sin controles claros, lo que la oposición calificó como un riesgo para los derechos humanos, especialmente por la falta de salvaguardas para evitar abusos contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.
La propuesta de interconectar bases de datos públicas y privadas, junto con la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil, es vista como una amenaza a la privacidad.