
Foto: Cuartoscuro
El líder del PAN en el Senado aseguró que el titular de la Agencia de Transformación Digital busca controlar a los mexicanos con la Ley Telecom
En medio del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la oposición lanzó un llamado de alerta ante la posible invasión a la privacidad y censura disfrazada de ley que impulsa Morena.
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El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, arremetió contra José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, acusándolo de querer tener acceso a la localización de cada ciudadano mexicano por medio de la Ley Telecom.
“El Artículo 160 le da facultades a la agencia para pedirle a todas las compañías de telefonía celular la ubicación, la geolocalización en tiempo real de todos los ciudadanos sin orden judicial”, alertó el queretano.
En conferencia de prensa, el líder de la bancada del PAN en el Senado aseguró que con esta medida el país va en camino a “un gobierno de corte autoritario”, lo que indica que no le moverán ni una coma a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El senador Anaya Cortés reconoció que aún existe preocupación en la oposición por la reforma al Artículo 109 de Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual plantea el bloqueo temporal de plataformas digitales y redes sociales.
“El 109 es una barbaridad y le da la facultad a ese señor (Pepe Merino), porque la agencia es unipersonal, para bloquear cualquier plataforma digital. Es decir, tu cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, tu canal de YouTube, cualquier blog o páginas de medios de comunicación”, dijo.
Destacó que el dictamen que aprobó el oficialismo en un inicio sigue vigente y reprochó que Pepe Merino ya decidió que se va a modificar o no de dicha iniciativa de reforma.
Ricardo Anaya se lanzó contra los legisladores de Morena y reiteró que en este periodo extraordinario “se legisla en lo oscurito, con prisas y sobre la rodillas”.
Además destacó que hasta la fecha no conoce el dictamen definitivo de la Ley Telecom, salvo el “Power Point” de Pepe Merino presentado en la mañanera.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, impulsada por el Gobierno en México, busca principalmente una ampliación de la conectividad y el acceso a internet para todos los mexicanos, especialmente en zonas marginadas.
Sin embargo, dos artículos en particular, el 109 y el 160, generaron polémica por las preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión:
El artículo 109, en su propuesta original, busca otorgar a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales y redes sociales que incumplieran con ciertas disposiciones.
El argumento era que esto permitiría al Estado actuar ante infracciones o riesgos, incluyendo temas de seguridad o evasión fiscal.
Oposición, sociedad civil y expertos acusan ‘Ley Censura’
La crítica principal es que este artículo abre la puerta a la censura y a una violación grave de la libertad de expresión.
Se teme que el gobierno pudiera bloquear plataformas sin una orden judicial, sin garantías de debido proceso y con una redacción ambigua que permitía una interpretación muy amplia de las “disposiciones” que se podían incumplir.
Esto fue calificado como ‘Ley de Censura’ y generó una fuerte reacción pública.
La reforma al artículo 160 busca modernizar el marco regulatorio para el uso del espectro radioeléctrico y facilitar la expansión de las redes.
Se argumenta que esto es necesario para llevar conectividad a más personas y mejorar la infraestructura de telecomunicaciones.
Además, se ha mencionado la intención de fortalecer las radios sociales y comunitarias al permitirles comercializar publicidad local.
Advierten ‘Ley Espía’ y violación a la privacidad
Una de las principales preocupaciones con el artículo 160 es que pone en riesgo la privacidad, ya que el gobierno podrá rastrear y geolocalizar teléfonos celulares sin una orden judicial, lo que convertirá a los dispositivos en herramientas de vigilancia estatal.
Algunos críticos también temen que la reforma en su conjunto, incluyendo este artículo, debilite la autonomía de organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en favor de un mayor control del Ejecutivo.