Foto: Cuartoscuro
‘No somos iguales’: los casos de espionaje en la 4T
Pese a negar el uso de Pegasus, gobiernos de AMLO y Sheinbaum han sido señalados por espiar a activistas, periodistas y opositores.
Cristian Alanis
Publicada: jul 08 a las 07:00, 2025
Desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T), sus principales líderes, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, han asegurado que sus gobiernos representan una ruptura con las prácticas del pasado, especialmente con las del “neoliberalismo”.
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Bajo el lema de “no somos iguales”, ambos mandatarios han prometido transparencia, rendición de cuentas y el fin de prácticas autoritarias como el espionaje a adversarios políticos o ciudadanos incómodos.
Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. Diversas investigaciones documentaron el uso ilegal del software espía Pegasus por parte del Ejército mexicano, así como un esquema de vigilancia telefónica desde la Fiscalía de CDMX bajo Ernestina Godoy.
Todo esto, mientras desde el gobierno federal se niegan los hechos o se minimizan como parte de labores de “inteligencia”.
Pegasus sigue activo en México bajo la 4T
La investigación Ejército Espía, liderada por R3D, Artículo 19 y SocialTIC, reveló que en 2019 la Sedena firmó un contrato con Comercializadora Antsua para operar Pegasus a través del Centro Militar de Inteligencia (CMI), una agencia secreta sin facultades para intervenir comunicaciones.
A partir de este contrato, Citizen Lab confirmó ataques con Pegasus a los teléfonos del periodista Ricardo Raphael, el activista Raymundo Ramos y un reportero de Animal Político. Todos investigaban violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
En lugar de castigar estos actos, AMLO los justificó como “inteligencia para combatir al crimen organizado”. No obstante, las pruebas muestran que la vigilancia se enfocó en civiles y críticos del Ejército.
Alejandro Encinas también fue espiado
Uno de los casos más simbólicos fue el de Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, espiado mientras investigaba el caso Ayotzinapa. Al menos otros dos funcionarios cercanos también fueron infectados.
El gobierno negó cualquier uso de Pegasus en su contra, pero una investigación del New York Times y Citizen Lab confirmó las intrusiones, todas ligadas al uso exclusivo del software por parte del Ejército.
México, el país con más ataques con Pegasus en 2019
Documentos judiciales de la demanda entre WhatsApp y NSO Group revelaron que México fue el país con más usuarios espiados con Pegasus entre abril y mayo de 2019, con al menos 456 víctimas.
Godoy y la vigilancia sin orden judicial desde CDMX
De forma paralela al uso de Pegasus, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, también ha sido señalada por realizar espionaje con otros métodos.
Una investigación del New York Times reveló que desde 2021, la fiscalía solicitó a Telcel los registros telefónicos, mensajes y ubicación de más de una decena de figuras políticas, incluyendo tanto a opositores como a integrantes de Morena.
Los requerimientos se justificaron bajo investigaciones de secuestros y desapariciones, lo que permite legalmente acceder a los datos sin orden judicial inmediata. Sin embargo, ni se ratificaron las solicitudes ante un juez ni existían carpetas abiertas sobre esos delitos.
Entre los espiados estuvieron Santiago Taboada, Lilly Téllez, Alessandra Rojo de la Vega, Dolores Igareda (SCJN), Ricardo Amezcua (judicatura CDMX), Horacio Duarte y el senador Higinio Martínez.
La fiscalía de CDMX negó haber hecho tales peticiones, aunque Telcel confirmó que entregó los registros.
48 mil geolocalizaciones con software comprado por la fiscalía de CDMX
Según una investigación de Animal Político, además del acceso a registros telefónicos, durante la gestión de Ernestina Godoy, la fiscalía capitalina realizó al menos 48 mil 767 intervenciones de geolocalización entre 2020 y 2021 mediante el software TGR Dashboard, adquirido a la empresa Arcafa S.A. de C.V.
La fiscalía nunca obtuvo autorización judicial para esas intervenciones, como exige el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco hubo evidencia de rescates o detenciones derivados de dichas acciones, según información obtenida por Animal Político.
Sin consecuencias y con premiaciones
Tras la revelación de estos casos, diputados de oposición votaron en contra de la ratificación de Godoy en la fiscalía en enero de 2024. Sin embargo, meses después fue integrada al equipo de Claudia Sheinbaum como su Consejera Jurídica de la Presidencia.
Los casos documentados muestran que la vigilancia ilegal no sólo continúa en México, sino que ha sido institucionalizada y normalizada por autoridades que prometieron erradicarla. Hasta ahora, no hay una sola persona procesada por estas prácticas.
Urge control judicial y rendición de cuentas
Organizaciones como R3D y Artículo 19 han reiterado la necesidad de reformar la Ley de Telecomunicaciones y el Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar abusos. La vigilancia sin control judicial, afirman, se ha convertido en una herramienta de persecución política y de intimidación que vulnera los derechos fundamentales.
La opacidad, la falta de consecuencias y el uso discrecional de tecnología para intervenir comunicaciones reflejan una regresión autoritaria en la vida pública de México.
