
Foto: Cuartoscuro
La gobernadora de Campeche se enemistó con Monreal luego de difundir supuestas conversaciones que tuvo con ‘Alito’ Moreno
La gobernadora de Campeche Layda Sansores ha sido un personaje polémico para Morena y hace tres años inició un pleito con el dirigente Alejandro ‘Alito’ Moreno que salpicó a uno de sus compañeros: Ricardo Monreal.
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A través de su programa el Martes del Jaguar, comenzó a difundir presuntas conversaciones de Moreno Cárdenas con diferentes políticos y empresarios donde se hablaba de pactos y supuestos actos de corrupción.
Una de ellas fue una conversación entre Monreal Ávila y el dirigente partidista difundida el 25 de octubre del 2022 en el que “Alito” le pedía ayuda para que se aceptara un amparo que evitara el aseguramiento de las propiedades del priista, así como una alianza entre el PRI y Morena para impulsar a su hermano David Monreal para la elección en el gobierno de Zacatecas.
Esto causó un pleito entre Monreal y Sansores que llegó hasta el ámbito legal luego de que el morenista presentó una denuncia ante la FGR y tras casi tres años de conflicto, la Suprema Corte de Justicia pondrá un punto y final a la situación.
Aparte de la denuncia de Monreal ante la FGR alegando que hubo una intervención ilegal de comunicaciones privadas, también promovió un amparo para que se eliminara el contenido del programa de la gobernadora el cual fue otorgado.
Layda no quedó contenta con la decisión e interpuso un recurso de revisión alegando que no actuó con malicia. Ante esto, la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat propuso un proyecto para darle la razón al diputado de Morena.
Ríos Farjat argumenta que los criterios de protección y real malicia no aplican para conflictos de libertad de expresión entre funcionarios, además de que difundió esta información sin constatar los hechos a través de medios oficiales y la divulgó pese a su obtención poco lícita.
Por ello “no es posible concluir que un alto mando de un gobierno tiene permitido emitir cualquier tipo de expresión respecto de otra persona, incurriendo en difusión de material cuya procedencia y licitud es cuestionada y haciendo uso de recursos públicos del Estado”.
La sentencia determinaría que se remueva el contenido de los programas y en redes sociales, así como las publicaciones de autoridades responsables que lo hayan replicado. La discusión del proyecto se dará este miércoles 9 de julio en la Primera Sala de la SCJN.