(VIDEO) PAN va por amparo masivo vs leyes espía y censura

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que desde el blanquiazul promoverán amparos en contra de la reforma a la Guardia Nacional y a la nueva Ley de Telecomunicaciones, que fueron bautizadas como ‘Ley Espía’ y ‘Ley Censura’, respectivamente.

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En entrevista con Azucena Uresti, Romero compartió la estrategia jurídica que seguirá el partido para ‘blindar’ a la ciudadanía de los alcances de ambas legislaciones en el tema del acceso a la georreferenciación y geolocalización de dispositivos móviles por parte de autoridades encargadas de la seguridad pública.

“Para ambas leyes estamos armando un amparo –un modelo tipo de amparo– para todas las personas que autoaplicativamente quieran interponer un amparo con respecto a que se pueda geolocalizar sin orden (judicial)”, apuntó el líder de los albiazules.

Romero criticó que con estas disposiciones legales, Morena tratará de hacerse de más poder, limitando las libertades de las y los ciudadanos.

“Nos dicen exagerados, pero la 4T está construyendo un andamiaje de control. Lo está construyendo”, alegó.

PAN presenta acción de inconstitucionalidad contra Ley de Ciberseguridad en Puebla

Esta tarde, Romero acudió a la sede del Poder Judicial de la Federación para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ciberseguridad en Puebla, también llamada como ‘Ley Censura’, argumentando contradice los principios de la Constitución.

El recurso se presenta después de que varios colectivos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pidieran la intervención de fuerzas políticas en contra de la norma promulgada en el estado poblano.

Por la mañana, también en entrevista con Azucena Uresti, el exdiputado mencionó que la modificación del Código Penal de Puebla para introducir el concepto de ‘ciberasedio’, derivó en la creación de una normativa que viola la Carta Magna, puntualmente los artículos 6 y 7 constitucionales sobre la libre manifestación de ideas, ya que la ‘Ley Censura’ establece un castigo de hasta 3 años de prisión a quien insulte, ofenda o injurie a una persona en medios electrónicos y digitales, sin que en la redacción se precisen los criterios para sancionar.