Acusan a Tribunal Electoral de ‘congelar’ impugnación vs elección de magistrados

A poco más de un mes de que se llevara a cabo la elección judicial, que estuvo plagada de irregularidades y anomalías, colectivos y organizaciones de la sociedad civil interpusieron una demanda ante el INE para impugnar los resultados de los comicios de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Sin embargo, la organización Defensorxs y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico acusaron que el INE no remitió el recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como según debió hacerlo conforme a la ley.

De acuerdo con los quejosos, el Instituto Nacional Electoral envió la demanda a la Sala Superior del TEPJF, a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

“Sin justificación alguna, el INE turnó el expediente a la Sala Superior del TEPJF, la cual acordó su recepción y la asignó indebidamente (...) Esto contraviene lo dispuesto por la Constitución y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME)”, expusieron las organizaciones en un comunicado.

Presidente de Defensorxs ve que TEPJF se ‘robó’ demanda

Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs, consideró que con esta actuación, el Tribunal Electoral se estaría ‘robando’ la demanda contra los resultados de la elección de magistradas y magistrados del TEPJF.

“Esa demanda tenía que mandarse a la Suprema Corte porque el Tribunal Electoral no puede ser juez y parte en la elección de sus mismos integrantes. No lo decimos nosotros: así lo prevé la Constitución”, escribió Meza en su cuenta de X.

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Por ello, las asociaciones exigieron que el expediente deje de estar en la ‘congeladora’ y que sea remitido al máximo tribunal.

“Este caso es una muestra más del patrón de regresión institucional que ha caracterizado a la actual integración de la Sala Superior del TEPJF: cierre progresivo del acceso a la justicia electoral, debilitamiento de las garantías jurisdiccionales mínimas y desprotección de los derechos colectivos que busca defender la ciudadanía”, concluyeron las organizaciones en el escrito.