
Foto: Cuartoscuro
El Instituto Nacional Electoral amagó al medio digital con una multa de no entregar la información en un plazo de 48 horas.
En medio de casos de censura y amagos a la libertad de expresión, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al medio digital La Silla Rota que entregue la información relacionada con una denuncia que publicó el pasado 9 de junio de 2025.
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La denuncia en cuestión, hecha por un candidato a magistrado, detalló la presunta entrega de ‘acordeones’ durante la elección judicial del 1 de junio de 2025.
El medio señala que el amago por parte de la autoridad electoral se da pese a que en la publicación se puntualiza claramente que la denuncia la hace un candidato, a quien se le acredita con nombre, apellido, y cargo que busca.
Además, la información sobre la entrega de acordeones para la elección judicial “consta en la denuncia que presentó el candidato ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales”.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Ariadna García, directora editorial de ‘La Silla Rota’, reconoció que no esperaban la medida.
“Nos llevamos una sorpresa... Nos estaban haciendo un requerimiento para solicitarnos información acerca de una nota que publicamos en junio pasado que tenía que ver que teníamos que dar mayor información respecto de los acordeones”, dijo la periodista.
De acuerdo con el medio, la solicitud del INE forma parte de la investigación en el expediente INE/Q-COF-UTF/293/2025, que aborda quejas por posible omisión en el rechazo de aportaciones prohibidas, falta de reporte de ingresos y gastos de campaña, y beneficio indebido por la producción y difusión de estos ‘acordeones’ que sugerían votar por candidatos específicos al Poder Judicial de la Federación.
El INE ha dado a La Silla Rota un plazo de 48 horas para proporcionar “toda la información y documentación que sea de relevancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, bajo advertencia de una multa de hasta 100 mil días de salario mínimo general si no cumplen.
La directora del medio digital calificó esta posible multa como “una locura”.
La nota del medio que dio origen a la solicitud del INE, titulada “Denuncian a trabajadores de Venustiano Carranza y gobierno por repartir acordeones el día de elección”, describe cómo personas vinculadas a la alcaldía y al gobierno de la CDMX habrían entregado estas guías en una casilla.
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El candidato denunciante grabó los hechos y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX, señalando también la presunta obstrucción policial y la asistencia de un funcionario del Gobierno de la CDMX a los detenidos.
Ariadna García destacó que a pesar de que la denuncia publicada por La Silla Rota ya contenía la información requerida, el INE insiste en que se le entregue toda la documentación relevante, la cual ya forma parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales.
La directora de La Silla Rota argumentó que el ejercicio periodístico está amparado por los artículos 6 y 7 de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información.
“No estamos obligados a revelar nuestras fuentes”, dijo Ariadna García.
Por último, Ariadna García recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha opuesto a estas medidas contra los medios.
“Esto ya parece una persecución, pero son con nimiedades, y con trabajo que tiene que hacer la autoridad correspondiente y no los medios de comunicación”.
Esta situación ocurre en medio de denuncias por presunto hostigamiento contra periodistas por parte diversas autoridades en México.
El periodista Héctor de Mauleón fue sancionado por una columna que publicó en El Universal, titulada `Huachicol y poder judicial en Tamaulipas’.
En esta columna, denunció una presunta red de corrupción, huachicol y sobornos a agentes aduanales, y vinculaba a Tania Griselda Contreras López, entonces candidata a magistrada (quien resultó electa) del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, con un líder huachicolero, quien era cuñado de ella.
Contreras López argumentó que la publicación ponía en riesgo su vida y la estigmatizaba, incurriendo en “violencia política en razón de género”.
Aunque inicialmente el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) rechazó las medidas cautelares, el Tribunal Electoral de Tamaulipas dio la razón a la candidata y ordenó a Héctor de Mauleón y al diario retirar la publicación y abstenerse de emitir expresiones que la vincularan con “personas o actos” relacionados con la denuncia.
También se ordenó la inscripción del periodista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y se le exigió una disculpa pública.
La jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez y a su medio Tribuna de Campeche referirse en cualquier aspecto a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.
Además, ahora ambos tendrán interventores asignados por el Tribunal Superior del Estado para autorizar qué sí y qué no pueden publicar.
En entrevista con El Universal, el exdirector del diario Tribuna de Campeche expresó su sentir a las medidas cautelares impuestas
“Aceptar las medidas nuevas determinadas por la jueza de Control sería tanto como renunciar a mis garantías individuales de expresarme libremente”, expuso.
González señaló el fallo impuesto como “un atropello” luego de que se impusiera que para publicar una nota deberá pasar de 24 a 48 horas.
“¿Y qué pasaría con la nota? ¿Cómo queda? Ya no sería noticia, lo que hoy es noticia, mañana es historia”, expuso el periodista campechano.
Así como en el caso de ‘La Silla Rota’, el INE solicitó a la periodista Laura Brugés revelar la fuente de una publicación que realizó en X sobre los ‘acordeones’ usados en la elección judicial.
“Si no lo hago me llevo una multa de 50 mil pesos”, denunció la comunicadora en su momento.
El pasado 27 de junio, Brugés fue notificada del requerimiento realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
En entrevista con Artículo 19, Laura Brugés manifestó:
“No voy a traicionar la confianza de las fuentes que acuden a mí con información y piden anonimato. Sé que el INE no tiene derecho a pedir esa información, y es un tema que se debe exponer, debatir y cuestionar para que ya no pase”, declaró.