Las acusaciones que siguen a “Alito” Moreno rumbo a desafuero

El nombre de Alejandro “Alito” Moreno vuelve a estar en el centro del debate político nacional. Aunque en 2022 logró frenar una solicitud de desafuero con el respaldo de un amparo, ahora el dirigente nacional del PRI enfrenta una nueva embestida judicial: la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó otra vez ante la Cámara de Diputados una petición para retirarle la inmunidad procesal.

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El caso retoma fuerza justo cuando la Sección Instructora de San Lázaro se alista para comenzar el análisis del expediente.

Se trata de un proceso complejo que, más allá del ámbito legal, ha desatado un nuevo capítulo de confrontación política entre el PRI y Morena.

Mientras las autoridades locales acusan al priista de haber desviado más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche, Moreno asegura ser víctima de una “persecución política brutal” por parte del oficialismo.

¿De qué acusan a “Alito” Moreno?

El proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno ha sido reactivado. El próximo viernes 1 de agosto de 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados retomará el análisis de la nueva solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

Se trata de una acusación por presunto peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador del estado, entre 2015 y 2019.

El monto del presunto desvío asciende a 83.5 millones de pesos, según informó la propia Fiscalía.

Esta es la segunda vez que el dirigente nacional del PRI enfrenta una petición para retirarle el fuero; la primera, en 2022, por enriquecimiento ilícito, fue archivada tras un amparo que anuló las pruebas obtenidas mediante cateos considerados inconstitucionales.

Las pruebas: prestanombres, contratos irregulares y desvíos

Entre los elementos presentados por la Fiscalía de Campeche y documentados por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), se encuentran cuatro carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción. Los casos incluyen:

• El uso de prestanombres que habrían facturado servicios simulados por más de 27 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública.
• Contratos sin respaldo legal con empresas que ofrecían asesorías inexistentes, como una firma de buceo contratada para brindar servicios jurídicos.
• Una supuesta compra disfrazada a favor de la televisora local “Mayavisión”, por más de 14 millones de pesos.
• La implicación de su exjefe de comunicación social, Walter “N”, actualmente vinculado a proceso por desvío de recursos.

Lujos, propiedades millonarias y críticas públicas

Además de las acusaciones judiciales, Alito ha estado envuelto en polémicas por su estilo de vida. Se le atribuyen propiedades y objetos de lujo que contrastan con sus declaraciones patrimoniales:

• Una mansión en Lomas del Castillo, valuada en 300 millones de pesos, aunque él reportó haberla adquirido por 9 millones.

• Una colección de autos deportivos, incluyendo un Lamborghini y dos McLaren con valor estimado de más de 30 millones de pesos.
• Un terreno frente al mar en Champotón adquirido por apenas 100 mil pesos, pero cuyo valor real podría rondar los 457 millones.

• Vacaciones en Portugal donde fue fotografiado con un reloj Richard Mille valuado en más de 9 millones de pesos.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha hecho públicas varias de estas denuncias desde su programa “Martes del Jaguar”.

¿Qué dice Alito Moreno?

En respuesta, Alito ha calificado el proceso como una persecución política orquestada por Morena.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, acusó al oficialismo de utilizar a las fiscalías como “garrote” para intimidar a la oposición y desviar la atención de sus propios escándalos.

“Este narcopartido está asesinando a México. Y mi voz no se va a apagar, ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, escribió.

Aunado a esto, hace unos días presentó denuncias penales contra diversos actores de Morena, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés López Beltrán, así como a funcionarios como Mario Delgado, Alfonso Durazo y Marina del Pilar Ávila.

Acusó a todos de operar una red de “narcopolítica” y “huachicoleo fiscal”.

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El proceso legal: qué sigue en la Cámara de Diputados

El desafuero, también conocido como “declaratoria de procedencia”, es un procedimiento que inicia en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Tras la ratificación de la denuncia por parte de la Fiscalía, el órgano legislativo tiene un plazo de 60 días para analizar el expediente y determinar si procede o no el retiro de la inmunidad procesal del senador priista.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, confirmó que la primera solicitud quedó sin efecto tras un amparo definitivo, pero señaló que esta nueva acusación es distinta y debe analizarse desde cero.

Llamó a evitar la confrontación y a ceñirse al marco legal:

“Nada debe estar por encima de la ley. Lex dura lex”, sostuvo el morenista, aunque reconoció que el caso tiene implicaciones políticas importantes.