
Foto: Cuartoscuro.
Gobernadores y exgobernadores de Morena son acusados por supuestamente encubrir al crimen durante sus periodos al frente de sus estados.
Nuevos señalamientos de presuntos nexos con el narcotráfico ‘salpican’ a gobernadores de Morena, luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, denunció a un grupo de mandatarios estatales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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Con 23 estados gobernados bajo sus siglas, los índices de incidencia delictiva en algunas de esas entidades se ubican por encima de la media nacional, para muestra estados como Tamaulipas, Sonora o Sinaloa.
En medio de las versiones sobre la supuesta existencia de una lista negra en Estados Unidos que incluiría a gobernadores de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado, “Alito” Moreno interpuso diversas denuncias en contra de mandatarios que han sido señalados.
El líder priista aseguró que entre los señalados están al menos 6 gobernadores y exgobernadores de Morena a quienes acusó de permitir la operación del crimen organizado bajo sus administraciones.
Alejandro Moreno incluyó en su lista de gobernadores denunciados ante la FGR al morenista Américo Villarreal, quien llegó a su mandato en medio de señalamientos de la oposición por un supuesto financiamiento ilegal del crimen organizado.
En 2022, circuló una fotografía en la que Américo aparecía junto a Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias “El Gerry”, presunto operador financiero del Cártel del Noreste. Aunque el gobernador negó la relación y dijo que se trató de un encuentro casual tras un evento político, la imagen generó presión, en contra de quien se convirtió en el gobernador.
En mayo de ese año, previo a la jornada electoral, el PAN afirmó que Villarreal habría recibido financiamiento ilícito proveniente de una red de huachicoleros encabezada por Sergio Carmona, quien es conocido como “El Rey del Huachicol”.
Sin embargo, desde Palacio Nacional y la cúpula morenista defendieron a Villarreal, al acusar que se trata de “guerra sucia”; mientras que el mandatario negó cualquier vínculo.
Alfonso Durazo era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando levantó la mano para buscar la candidatura de Morena por Sonora. Él se encontraba al frente de la seguridad del país cuando ocurrió el llamado “Culiacanazo”, en octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán fue liberado por autoridades federales.
Aún en medio de la polémica, Durazo renunció a la SSPC para ir en busca de la gubernatura, la cual obtuvo y cuya gestión ha estado envuelta en críticas por presuntamente encubrir a miembros del crimen organizado.
Medios como Pie de Nota, revelaron que la DEA presuntamente mantendría abierta una carpeta de investigación no judicializada sobre Durazo Montaño desde hace años, por presuntos pactos informales como el “Culiacanazo”.
El periodista Luis Chaparro reportó que el morenista tendría una orden de “detención obligatoria” por parte del Gobierno de Estados Unidos pues estaría identificado como “sospechoso terrorista”.
No obstante, semanas después Durazo ingresó a EUA, a través de Phoenix, Arizona, lo que tiró la versión de sería detenido en caso de viajar a ese país.
Otro en la lista de “Alito” Moreno es Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien se encuentra en el ojo del huracán desde hace más de un año tras la ola de violencia en la entidad, que generó la polémica captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Tras su detención, “Mayo” Zambada entregó una carta a su abogado, en donde detalló que el día en que fue secuestrado y enviado a Estados Unidos en contra de su voluntad, había sido citado en una finca a las afueras de Culiacán en donde supuestamente sostendría una reunión con el gobernador morenista.
Rocha Moya negó la versión del narcotraficante, y añadió que aquel día él no se encontraba en Sinaloa, sino en Los Ángeles, California.
Ha rechazado rotundamente cualquier vínculo con el crimen organizado y calificó las acusaciones como una “campaña de desprestigio”.
No obstante, la Revista Proceso informó que a raíz de la carta de “El Mayo”, AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum aprobaron que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y servicios de inteligencia militar iniciaran una vigilancia a Rocha Moya y a su hijo menor, José Rocha Ruiz, por presunto vínculo con la facción “Los Chapitos”.
Moreno Cárdenas también señaló a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presunto encubrimiento y traición a la patria.
Marina del Pilar Ávila ha estado en medio de la polémica luego de que en mayo pasado fue informada de que Estados Unidos le revocó la visa tanto a ella como a su esposo Carlos Torres Torres para impedir su ingreso a aquel territorio.
La mandataria afirmó que se trató de un tema administrativo, pero reportes periodísticos señalan que estaría siendo investigada por su supuesta participación en una red de lavado de dinero que incluiría a otros funcionarios del estado, así como a empresarios y miembros del crimen organizado.
En junio pasado, el medio Reuters dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos supuestamente presionaba a México para investige y procese a 5 funcionarios de Morena vinculados con el narcotráfico, entre los que se encontraría la gobernadora Marina de Pilar.
Sin embargo, el medio se retractó ya que EUA indicó que no difundió una lista sobre “sanciones secretas” a cinco gobernadores y un exgobernador “por tener vínculos con cárteles de la droga”.
En medio de la polémica de Adán Augusto López tras la orden de aprehensión en contra de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, “Alito” Moreno también presentó una denuncia contra el coordinador de los senadores guinda.
Esto, por presuntos vínculos con el crimen organizado y supuesta participación en esquemas de huachicol durante su gestión en el gobierno de Tabasco, además de posible vinculación con el grupo criminal “La Barredora”, la cual es encabezada para Bermúdez Requena.
Tras darse a conocer la orden de captura contra el exsecretario de Tabasco, se dio a conocer que reportes de inteligencia militar mostraban que “La Barredora” planeaba suministrar más de 200 mil litros de diésel y combustible al Tren Maya.
Hasta el momento, Adán Augusto se ha deslindado de las acusaciones y afirmó que su exsecretario de Seguridad debe enfrentar a la ley y dar su declaración, esto luego de que el sujeto es considerado prófugo de la justicia.
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“Alito” Moreno también denunció a Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y nuevo cónsul de México en Miami, Florida, por presuntamente “permitir la operación del crimen organizado bajo su gobierno”.
Esto ocurre a unos días en que Willy Ochoa Gallegos, exmandatario interino de Chiapas, acusó a Escandón de haber permitido la operación del grupo criminal “La Barredora” en Chiapas entre 2019 y 2021, pues acusó que dicho grupo criminal operó con impunidad bajo la omisión del gobierno estatal.
Ante ello, Ochoa envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicita evaluar la credibilidad de Escandón como cónsul, alegando que su nombramiento representaba una amenaza para la seguridad de EUA, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante su sexenio, surgieron enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocaron desplazamientos en municipios como Comitán y La Concordia.