
Foto: Cuartoscuro.
López Obrador fue acusado por políticos estadounidenses de no actuar en contra de los cárteles mexicanos, entre otros señalamientos.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa bajo el escrutinio público de la oposición ante el destape de casos que involucran a morenistas que estarían presuntamente vinculados con el narcotráfico.
AMLO no ha estado exento de esos señalamientos, versiones periodísticas en México y Estados Unidos, así como perfiles de la oposición han apuntado hacia el tabasqueño.
Un caso ocurrió en 2024, en pleno año electoral, en que el medio ProPublica reveló un supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña electoral de 2006 a cambio de que, en caso de ganar la Presidencia, gozarían de protección.
Durante su administración, López Obrador fue acusado por políticos estadounidenses de no actuar en contra de los cárteles mexicanos, y de bloquear las acciones de agencias estadounidenses en territorio nacional.
Todo ello hace cuestionar si es posible que AMLO enfrente la justicia en EUA? Estas serían las señales.
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, abrió la puerta para que López Obrador sea investigado por presuntos nexos con el narco, luego de que presentó una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, ha intensificado su ofensiva política contra el expresidente al anunciar la presentación de una denuncia ante autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, con el que buscaría esclarecer la presunta omisión del exmandatario en el combate a la inseguridad, así como señalar nexos con cárteles del narcotráfico, responsabilizando a Morena de agravar la crisis de violencia en México.
La denuncia que promoverá ante organismos internacionales y autoridades estadounidenses, no solo apunta al expresidente, sino también a gobernadores y exfuncionarios de Morena, como Américo Villarreal, de Tamaulipas; Rubén Rocha Moya de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; así como exgobernadores Adán Augusto López y Rutilio Escandón.
Según el senador del PRI, esos morenistas habrían incurrido en actos de encubrimiento, corrupción y vínculos con cárteles como el de Sinaloa, del Noreste y del Golfo, los cuales, acusó, presuntamente habrían financiado campañas políticas de Morena.
Luego de que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable en la Corte de Brooklyn y aceptó un acuerdo con Estados Unidos, las arenas comenzaron a moverse en la 4T.
En su columna para El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio señaló que López Obrador supuestamente tendría al menos dos investigaciones abiertas en Brooklyn y Langley, sede de la CIA, relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Según el columnista, esta situación explicaría la preocupación de Claudia Sheinbaum por el caso de Ovidio Guzmán, al considerar el posible daño que una imputación en contra del líder moral del movimiento de la 4T.
Apuntó que el caso en contra López Obrador es tomado con seriedad y menciona que incluso miembros del círculo cercano de Donald Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la fiscal Pam Bondi verían con suspicacia al expresidente mexicano.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, fue una de las voces más voraces en contra de López Obrador durante su pasada administración. Acusó al mandatario de haber “entregado el país al narcotráfico”.
Ahora es uno de los hombres más poderosos en la administración de Donald Trump, cuya retórica contra México es alimentada, en parte, por los niveles de tráfico de fentanilo que se alcanzaron durante la pasada administración.
En una columna para El Universal, el periodista Salvador García Soto señaló que el republicano promovería una iniciativa para investigar al expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Según el analista, se estarían reuniendo elementos, a partir de las declaraciones de capos mexicanos en poder del Departamento de Justicia, para integrar un caso sólido que documente “los acuerdos ilegales que empoderaron a los cárteles mexicanos que producen y exportan drogas letales como el fentanilo”.
Medios internacionales como ProPublica reportaron que en 2011, la DEA investigaba a López Obrador debido a que, durante su campaña de 2006, personas cercanas presuntamente recibieron dinero del narcotráfico para financiarlo a cambio de protección.
Según el medio, un documento del Departamento de Justicia buscaba obtener evidencias y la declaración de testigos colaboradores, con los que “la DEA buscará levantar cargos contra AMLO y miembros de su equipo y partido político”, que en ese entonces era el PRD.
Sin embargo, el caso fue “clausurado por altos funcionarios del Departamento de Justicia a finales de 2011”.
La investigación fue clausurada cuando el entonces fiscal general, Eric Holder, fue objeto de duras críticas por la operación encubierta en México, conocido como el caso “Rápido y Furioso”.
Tras esta revelación, López Obrador negó haber aceptado dinero del narcotráfico y se lanzó en contra de la DEA.
Esta situación se da en medio de las tensiones entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos respecto a las presiones que habría para ir por “narcopolíticos”.