Foto: SCJN
Los pendientes que deberá resolver la nueva Suprema Corte de Justicia
La nueva integración de la SCJN deberá resolver varios asuntos relevantes
Carlos Islas
Publicada: ago 23 a las 09:40, 2025
El próximo 1 de septiembre entrará en funciones la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros fueron elegidos en la inédita elección judicial del pasado 1 de junio y de inmediato deberán resolver los pendientes que dejaron integrantes salientes.
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De acuerdo con información del máximo tribunal, se encuentran pendientes más de mil 300 asuntos, los cuales serán definidos por los nuevos integrantes de la Corte: Hugo Aguilar Ortíz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf, Giovanni Figueroa, Irving Espinoza Betanzo, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero.
Entre el mar de pendientes, destacan tres asuntos de importante relevancia, los cuales te contamos a continuación.
Prisión preventiva oficiosa
El pasado 12 de agosto, el actual pleno de la SCJN aplazó la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, dejando en manos de los nuevos ministros la resolución de este controversial tema.
Esta medida cautelar ha sido criticada internacionalmente, ya que se considera que viola los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, la cual ha desatado un intenso debate en el ámbito político.
En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en contra de la prisión preventiva oficiosa argumentando que vulnera las garantías del debido proceso y el derecho a la libertad personal.
Dicha sentencia fue derivada del caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron arrestados en 2002 en el Estado de México, acusados del homicidio de una regidora.
Ante esta sentencia del tribunal internacional, el ministro Jorge Pardo Rebolledo planteó que México debía acatar la resolución de la CIDH sobre la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa, la cual permite la privación de libertad de manera automática para ciertos delitos graves.
En ese mismo sentido, también se postergó el debate del proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, el cual propone la inconstitucionalidad de la reforma que amplió el catálogo de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa.
Juicio de Lourdes Mendoza contra Emilio Lozoya Austin
Otro caso emblemático que tendrá que resolver la nueva SCJN es el juicio entre la periodista Lourdes Mendoza y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El pleito se originó en 2020, cuando Emilio Lozoya, como parte de su testimonio ante la FGR por el caso Odebrecht, aseguró que, por órdenes de Luis Videgaray, había comprado una bolsa de la marca Chanel con un valor de entre 4 mil y 5 mil dólares para entregársela a la periodista a cambio de una cobertura mediática favorable.
Mendoza desmintió públicamente las acusaciones y calificó la declaración de Lozoya como una difamación y violencia de género. En respuesta, interpuso una demanda por daño moral.
A lo largo de cinco años del proceso legal, la periodista ha ganando en diversas instancias.
Un juez civil determinó en 2022 que Lozoya incurrió en una conducta ilícita al causar un daño moral a la reputación de Mendoza. Posteriormente, esta sentencia fue ratificada en segunda instancia y en un tribunal colegiado.
El caso llegó a la Suprema Corte, donde Lozoya interpuso un recurso de revisión para revertir los fallos en su contra.
Sin embargo, el pasado 6 de agosto, la SCJN dio otro revés a Lozoya Austin al desechar su recurso de amparo con el que pretendía que la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez fueran excluidos de la votación de un amparo promovió contra la sentencia en su contra.
Aunque la discusión para a la sentencia definitiva había sido aplazada para el pasado 13 de agosto, está ya no se discutió, por lo que será la nueva Corte la que resuelva el caso.
Banco de ADN para casos forenses
Otro de los asuntos de relevancia que dejó pendiente el Alto Tribunal es la constitucionalidad del Banco de ADN para Uso Forense de la CDMX.
Esta base de datos genéticos fue creada para facilitar la identificación de agresores sexuales y cuenta con un registro de perfiles genéticos de delitos y servidores públicos.
La discusión deberá determinar si la ley que obliga a personas imputadas o procesadas a proporcionar su perfil genético viola sus derechos fundamentales.
El caso llegó a la SCJN a través del amparo en revisión 39/2022, promovido por organizaciones civiles como Reinserta y la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Estas agrupaciones argumentan que la base de datos, creada para delitos de género, es inconstitucional.
A su vez, las asociaciones civiles sostienen que obligar a una persona a entregar su ADN antes de que sea sentenciada atenta contra el principio de presunción de inocencia.
Se cuestiona si la medida es proporcional, ya que se exige un dato tan personal sin que se haya probado la culpabilidad.
El proyecto de sentencia, a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, se centra en la presunción de inocencia, así como la intimidad y protección de datos.
Es por ello que la resolución que determine la nueva SCJN será de suma importancia, ya que establecerá los límites en el uso de la genética forense en el país.
