
Foto: Cuartoscuro.
Aunque la legislación contempla que la presidencia del Tribunal la ostente quien obtuvo más votos, dos magistrados buscan impulsar un perfil cercano.
Comienza la cuenta regresiva para que el próximo 1 de septiembre entren en funciones 800 personas que resultaron electas en la elección judicial, para integrar juzgados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Precisamente en el Tribunal Electoral existe una controversia por elegir a quien será el próximo presidente, pues aunque en la Constitución se establece que debe ser la persona electa con mayor número de votos, existiría una maniobra de magistrados afines a la 4T para imponer su voluntad.
De acuerdo con el periodista Ernesto Núñez Albarrán, los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata, así como la presidenta Mónica Soto, se resistirían a que el magistrado electo, Gilberto Batiz García, sea el presidente del Tribunal, y en cambio sea el segundo lugar, Claudia Valle Aguilasocho, quien ocupe la posición.
Según la columna, la magistrada Mónica Soto pidió concluir su periodo como presidenta del del Tribunal hasta el 31 de octubre, y no el 31 de agosto; esto evitaría que el 1 de septiembre sea el nuevo presidente quien tome las riendas de la máxima autoridad electoral.
Esta operación retrasaría hasta dos meses el nombramiento de una nueva Presidencia del TEPJF.
Mientras esto ocurre, los magistrados Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña empujarían que Claudia Valle sea quien tome posesión del cargo, pese a que obtuvo 500 mil votos menos que el magistrado electo, bajo el argumento de paridad de género.
Ambos magistrados habrían ya recurrido a los líderes de Morena en el Congreso y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pues afirman que Claudia Valle podría garantizar al régimen mantener una votación de mayoritaria de 4 magistrados de los 7 que ahora integrarán al Tribunal.
Claudia Valle es identificada como cercana al magistrado Felipe de la Mata y en 2024 se integró a la Sala Superior para calificar la elección presidencial.
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Como producto de la reforma judicial, se acordó que los 5 magistrados en funciones de la Sala Superior podían quedarse en sus cargos hasta el 2027, esto beneficia a los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes concluirían el cargo en noviembre de este año.
No obstante, Janine Otálora Malassis expresó previamente su intención de concluir su gestión el 31 de octubre, conforme a su nombramiento original, a pesar de que la reforma le permitía continuar hasta 2027.
Con la salida de la magistrada, quien propuso un proyecto para ir en contra de la elección judicial de ministros de la Suprema Corte, quedaría vacante su lugar en la Sala Superior, por lo que según la interpretación de los magistrados se resolvería como establece la Constitución, tras la reforma judicial.
El artículo 98 indica que ante una “causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo”.
Esto significa que sería la segunda mujer más votada en la elección judicial, que corresponde a Rocío Balderas Fernández, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal, señalada como cercana al exmagistrado Alejandro Luna Ramos.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes fueron piezas clave en la validación de la elección judicial, pese a las denuncias sobre el uso de “acordeones”.
Los tres magistrados respaldaron la reforma electoral que permitió la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces.
En una de las últimas batallas que podrían revertir la elección judicial de ministros, Soto, De la Mata y Fuentes Barrera argumentaron que las pruebas presentadas contra los acordeones eran insuficientes para anular los comicios, ante los proyectos de los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora.
Afirmaron que faltaba evidencia que demostrara una operación coordinada e ilegal que influyera determinantemente en los resultados electorales, y añadieron que no se acreditó quién diseñó, financió o distribuyó dichos materiales.
La decisión de este bloque mayoritario de validar la elección, a pesar de las evidencias de los acordeones, generó críticas; mientras que los magistrados sostuvieron que respetar la voluntad ciudadana de los 13 millones de mexicanos que participaron en la elección era fundamental.
Ahora restará saber si estos magistrados respetan lo que ordena la Constitución o si impulsarán una operación para imponer a Claudia Valle Aguilasocho en la Presidencia del TEPJF.