¿Poder Judicial de Morena? Los órganos de justicia cooptados por la 4T

Con la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial, elegido en una irregular elección el pasado 1 de junio, México inicia una nueva etapa en su sistema de justicia, la cual estará coptada por perfiles afines a la 4T.

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Este proceso es resultado de la controvertida reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada por Claudia Sheinbaum, la cual ha transformado por completo la estructura de los principales órganos judiciales del país.

El cambio más notable no solo es estructural, sino también político, ya que predomina una marcada presencia de figuras cercanas al oficialismo en las nuevas conformaciones de:

• Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
• Tribunal de Disciplina Judicial
• Órgano de Administración Judicial

Hay que destacar que los nombres de todos estos nuevos integrantes de los órganos judiciales figuraron en los polémicos ‘acordeones’ repartidos durante los pasados comicios, los cuales fueron catalogados como irregulares por integrantes del INE y el TEPJF.

Morena se adueña del máximo tribunal del país

La nueva SCJN está integrada por nueve ministros, en lugar de once, como parte de la reducción planteada en la reforma.

Al menos siete de los nueve ministros tienen vínculos públicos, políticos o ideológicos con Morena y son afines al expresidente López Obrador.

Hugo Aguilar Ortiz: El nuevo ministro presidente de la Corte fue desde 2018, en el gobierno de AMLO, coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

También se encargó de coordinar las consultas de los megaproyectos del Tren Maya y Corredor Interoceánico, ambos impulsados por López Obrador.

Desde el inicio de su candidatura fue apoyado por Morena e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum celebró su llegada al máximo tribunal del país, destacando sus raíces indígenas.

Lenia Batres Guadarrama: Figura abiertamente morenista, fue colaboradora de López Obrador durante su paso por la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

En 2023, fue designada directamente por el tabasqueño como ministra de la Corte, luego que en el proceso de designación, la terna en la que se incluía no alcanzó las terceras partes de votos necesarios del Senado.

Yasmín Esquivel Mossa: Su llegada a la Corte se dio tras ser propuesta por López Obrador en 2019.

Uno de los vínculos de Yasmín Esquivel es la relación que tuvo su esposo, José María Riobóo, en el pasado gobierno pues fue considerado como “contratista preferido” de AMLO.

Loretta Ortiz Ahlf: La hoy ministra es una de las fundadoras de Morena y figura académica clave del proyecto judicial de la 4T.

También es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, extitular de la FISEL, anteriormente conocida como la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), un personaje cercano a AMLO y la 4T.

María Estela Ríos González: Fue exconsejera jurídica de la Presidencia de 2021 a 2024, en el sexenio de López Obrador, además de colaborar con el tabasqueño en la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Irving Espinosa Betanzo: Fue colaborador de López Obrador en la Jefatura de Gobierno capitalina y trabajó de cerca con Ernestina Godoy, quien en la actualidad se desempeña como consejera Jurídica de la Presidencia.

Arístides Rodrigo Guerrero García: El excomisionado del Instituto de Transparencia de la CDMX también tiene vínculos con el actual régimen de Morena.

En enero de 2025, el gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez, lo presentó como representante de su administración en la CDMX, lo que indica una relación con el partido en el poder.

Sara Irene Herrerías Guerra: Ha sido identificada con posturas afines al gobierno federal, ya que fue titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR.

Su candidatura fue criticada por su desempeño en dicha fiscalía, en la que acusaron que la mayoría de los casos que pasaron por ella quedaron en la impunidad.

Giovanni Azael Figueroa Mejía: Fue electo por voto popular y obtuvo 3.7 millones de votos, siendo el segundo candidato hombre más votado para la SCJN, después del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Antes de su elección a la Corte, fue profesor e investigador en diversas universidades en México y en el extranjero, incluyendo la Universidad Iberoamericana, donde fue coordinador del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos.

Cabe resaltar que de los nueve ministros, al menos cinco provienen de la CDMX, bastión político de Morena.

La votación ciudadana también reflejó un electorado mayoritariamente alineado con los ideales de la 4T, sobre todo con el uso de los ‘acordeones’.

Morena acapara al Tribunal Electoral

La Sala Superior del TEPJF se compone de siete magistrados, de los cuales dos fueron recientemente electos por voto popular y quienes debido a su cercanía con la 4T, podría favorecer a Morena en futuras impugnaciones.

Gilberto De Guzmán Bátiz García: Quien fuera presidente del Tribunal Electoral de Chiapas fue el aspirante más votado en la pasada elección a magistrado electoral, por lo que ocupará la presidencia del TEPJF a partir del 1 de noviembre, en sustitución de Mónica Soto.

Se ha reportado que en su redes sociales ha impulsado los megaproyectos emblema de la 4T como el Tren Maya

Claudia Valle Aguilasocho: De acuerdo con El Universal, fue postulada por los tres Poderes de la Unión para ser candidata a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Se ha señalado su cercanía con su ahora compañero Felipe de la Mata Pizaña, magistrado electoral que votó a favor de la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados.

Tanto Gilberto de Guzmán como Claudia Valle terminarán su encargo en 2031.

Con estas dos últimas integraciones, Morena consolida su poder en el Tribunal Electoral, puesto que ya contaban con los votos favorables de Mónica Soto, ministra presidenta; y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, quienes avalaron la pasada elección judicial pese al voto en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

Los nuevos órganos del Poder Judicial también cooptados por la 4T

Con la reforma electoral, surgen dos nuevos órganos que reemplazan al extinto Consejo de la Judicatura Federal el cual se encargaba de vigilar el actuar de los integrantes del Poder Judicial y gestionar los recursos y la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Tribunal de Disciplina Judicial: con rostros conocidos ligados a la 4T

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el cual se encargará de la vigilancia y sanción de jueces y magistrados, quedó integrado por cinco figuras que tienen fuertes vínculos con Morena.

Celia Maya García: Excandidata de Morena al gobierno de Querétaro y figura cercana a López Obrador, fue propuesta en dos ocasiones por AMLO para ocupar la Suprema Corte.

Eva Verónica De Gyves Zárate: La exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal previamente fue nominada por el expresidente López Obrador a la Corte.

Luego de que no logró quedar en el Pleno del Máximo Tribunal, fue designada en 2019 por AMLO para integrar el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Bernardo Bátiz: Quien fungió como procurador general del DF en la administración de López Obrador, es considerado como uno de sus colaboradores más cercanos.

Además de ser parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a propuesta de AMLO, también fue diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual se encargó de hacer la nueva Constitución de la CDMX.

Indira Isabel García Pérez: Fue titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) de Colima, estado gobernado por la morenista Indira Vizcaíno Silva.

Rufino H. León Tovar: Mostró su simpatía con López Obrador cuando participó como opositor al desafuero del político tabasqueño en el año 2005.

También se desempeñó como secretario de Movilidad del Distrito Federal, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

La creación de este Tribunal de Disciplina Judicial ha sido blanco de críticas, ya que se teme que pueda ser utilizado como una herramienta para sancionar a jueces que tomen decisiones que no sean del agrado del actual régimen, lo que podría generar un ambiente tenso en el sistema judicial por temor a represalias.

El nuevo Órgano de Administración Judicial

Este órgano estará encargado de administrar los recursos, nombramientos y estructura interna del Poder Judicial (excepto la SCJN y el TEPJF).

Su integración también refleja una mayoría afín al proyecto oficialista.

Néstor Vargas Solano: Es un hombre cercano a Sheinbaum y fue designado directamente por la presidenta como representante del Ejecutivo Federal.

En 2019, fue nombrado como consejero jurídico y de Servicios Legales de la CDMX, cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno.

También fungió como asesor en la Jefatura Delegacional de Tlalpan, en el periodo cuando Sheinbaum Pardo se desempeñó como delegada.

José Alberto Gallegos Ramírez: Fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) en el sexenio de López Obrador.

También ocupó los cargos de coordinador general de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y director de Administración y Finanzas en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Lorena Pérez Romo: Se desempeñó como jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y como Magistrada de Circuito.

También fungió como magistrada en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México.

Catalina Ramírez Hernández: Fue consejera nacional de Pueblos Indígenas en el estado de Hidalgo, así como docente universitaria.

Surit Berenice Romero: Se ha desempeñó como encargada de despacho de la Profeco de marzo a julio de 2021, justo a la mitad del sexenio de López Obrador.

Previamente, fue subprocuradora de Servicios en la misma institución.

Ante la mayoría en este órgano, se perfila que puedan ejercer políticas judiciales alineadas con el Ejecutivo federal.