
Foto: Obtenidas de redes
El diario Reforma reveló detalles sobre la red de huachicol fiscal y cómo operaron con apoyo de elementos de la Marina y Aduanas.
La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna dejó al descubierto una red de contrabando de combustible operada por él y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo de la justicia.
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Ambos personajes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien desempeñó dicho cargo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Este caso evidencia el involucramiento de altos rangos de la Secretaría de Marina (Semar) en el delito de huachicol fiscal.
Las operaciones de esta red criminal fueron descritas por Alejandro Torres Joaquín, exdirector de Aduanas en Tampico.
El diario Reforma obtuvo acceso a las revelaciones de Torres, quien ahora es testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) en las indagatorias sobre la participación de empresarios y autoridades en el tráfico ilícito de hidrocarburos.
De acuerdo con su testimonio, los hermanos Farías pagaban a través de intermediarios un millón 750 mil pesos a subordinados como sobornos para permitir que las embarcaciones con combustible contrabandeado descargaran en recintos fiscales.
Torres Joaquín detalló que de abril de 2024 a enero de 2025, él permitió el desembarco de 14 buques que transportaban huachicol; por estas acciones, recibió 24 millones 500 mil pesos, de los cuales se quedó con 19 millones 780 mil pesos y repartió 4 millones 720 mil pesos a sus subalternos que colaboraban en el esquema.
Por cada buque, Alejandro Torres recibía un pago de un millón 750 mil pesos: un millón 420 mil pesos se los quedaba y repartía 330 mil pesos a sus subordinados.
En esta trama se menciona el papel del capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, pues supuestamente habría operado como intermediario de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Solano Ruiz entregaba el dinero a los funcionarios aduaneros para la descarga de combustible contrabandeado.
“Mandaba dinero para 12 personas y lo repartía sólo a 6 personas, y conmigo 7”, narró Alejandro Torres, según el testimonio obtenido por Reforma.
Ambos mantenían comunicaciones mediante Threema, una aplicación de mensajería instantánea.
Alejandro Torres Joaquín señaló que Miguel Ángel Solano Ruiz nunca se presentó ni se dio a conocer, pues en la app estaba registrado con el nombre de “NK”.
Solano Ruiz cuenta con una orden de aprehensión y hasta el momento continúa fugitivo de la justicia.
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Además de Torres Joaquín, los otros exfuncionarios que recibieron los sobornos son: