
Foto: Cuartoscuro
Meses después de la partida de López Obrador, diversos casos de corrupción que se dieron en su gobierno han comenzado a ventilarse.
Hace casi un año, Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia de la República que obtuvo mediante el voto popular en 2018.
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En su último informe de gobierno, que rindió en el Zócalo de la CDMX, el morenista aseguró que su gestión logró resultados en el combate a la corrupción, asunto que prometió erradicar a lo largo de su administración.
“Siempre sostuvimos desde hace años que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a nuestro país que la deshonestidad de gobernantes y de traficantes de influencias y que había que combatir la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se iban a ahorrar muchos fondos”, expuso.
Pero además, en agosto de 2019, el tabasqueño aseguró haber eliminado la corrupción tan solo unos meses después de haber tomado protesta como presidente de México.
“Ya puedo decirles aquí con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción”, anunció en un evento en Puebla sacando un pañuelo blanco.
Sin embargo, meses después de la partida de López Obrador, diversos casos de corrupción que se dieron en su gobierno han comenzado a ventilarse en la prensa y hasta en investigaciones federales, los cuales salpican a varios personajes que estuvieron en el círculo del exmandatario.
El más reciente que ha quedado al descubierto es el de la red de huachicol fiscal que se tejió dentro de la Secretaría de Marina.
El pasado 7 de septiembre, el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch informó sobre la detención de 14 personas involucradas en el contrabando de combustible, entre ellas, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
Él y su hermano Fernando Farías Laguna habrían encabezado la estructura dedicada a la descarga de hidrocarburos provenientes del extranjero que fueron declarados como otras sustancias para evitar pagar altos impuestos y hacer negocio con el transporte de gasolina.
Ambos son sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina que duró en el cargo los seis años del gobierno de AMLO.
En ese contexto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero precisó que Ojeda Durán – aún en el mandato de Andrés Manuel– solicitó investigar a personas sospechosas dentro de la Semar que pudieran haber estado vinculadas al huachicol fiscal, tanto marinos como agentes aduanales.
La declaración de Gertz Manero detonó cuestionamientos sobre si Rafael Ojeda tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se cometían en la Marina, y si este tema también estaba en el radar de López Obrador, quien en 2020 propuso darle el control de puertos y aduanas a las Fuerzas Armadas con la justificación de combatir la corrupción y el trasiego de drogas en los recintos fiscalizados.
En su momento, Andrés Manuel López Obrador se refirió a Ojeda como “un hombre leal” y respaldó por completo su labor, mientras que el almirante se comprometió a actuar con lealtad al presidente en aquel entonces.
Pese a estos respaldos, el caso de huachicol fiscal en la Marina ha expuesto que los ilícitos se llevaron a cabo bajo el mando de AMLO y Durán, sin que se tomaran acciones en sus respectivos periodos.
Otro caso que se destapó en las últimas semanas fue el de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de Presidencia de López Obrador.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la lucha contra el crimen organizado por parte de Estados Unidos se ha endurecido a partir de la declaratoria de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras:
Para debilitar dichos grupos, las autoridades estadounidenses han tomado medidas más estrictas para afectar su capacidad financiera.
Por ello, el Departamento del Tesoro de EUA ha sancionado a empresas y personas vinculadas al financiamiento de las actividades criminales de los cárteles.
Precisamente, una de éstas fue Vector Casa de Bolsa, señalada de haber lavado dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo en distintos años.
De 2019 a 2021, una ‘mula de dinero’ del Cártel de Sinaloa hizo una transferencia de más de 500 mil de dólares a Vector mediante una empresa constituida en Estados Unidos, según la Red de Control de Delitos Financieros de EUA.
Y en 2023, de acuerdo con la misma instancia, se detectó la transferencia de recursos de procedencia ilícita por parte del Cártel del Golfo a Vector.
Además, la semana pasada, diversos medios que obtuvieron acceso a un expediente de la FGR, dieron a conocer que Vector blanqueó recursos de una empresa ligada al huachicol fiscal, llamada Grupo Potesta.
Fueron estos casos los que también generaron debate sobre si López Obrador estaba o no consciente del lavado de dinero en Vector.
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Finalmente, la reciente captura de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, ha salpicado al senador Adán Augusto López.
El exjefe policial estaba prófugo de la justicia en Paraguay, donde fue detenido el pasado viernes.
Requena fungió como secretario de Seguridad de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López y el interinato de Carlos Merino.
En el periodo que sirvió como titular de la SSPC del estado, Hernán Bermúdez habría permitido la operación de La Barredora, dedicada a delitos como huachicol, extorsión, secuestro y tráfico de migrantes.
Su presunta complicidad con la asociación delictiva desató una ola de violencia en el estado, debido a las pugnas entre criminales.
El pasado mes de julio, cuando salió a la luz la información de que se había girado una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, la oposición comenzó a cuestionar a Adán Augusto, incluso, lo compararon con Felipe Calderón por los nexos criminales de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
El exfuncionario fue uno de los personajes más atacados por López Obrador.
Adán Augusto ha respondido que se presentará ante las autoridades si es requerido, con “disposición plena”.
AMLO se refería a Adán como su “hermano” cuando estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, por lo que una posible investigación sobre López Hernández podría poner en cuestión una protección del expresidente al coordinador de los senadores de Morena.