
Foto: SSPC
Esta acción se da tras el aseguramiento de buques y ferrotanques que transportaban millones de litros de huachicol
El Gobierno Federal ha puesto en marcha una nueva fase de su estrategia contra el ‘huachicol fiscal’ tras el aseguramiento de buques y ferrotanques que transportaban miles de litros de combustible robado.
No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y recibe gratis nuestro boletín diario.
De acuerdo con el diario El Universal, autoridades investigan a operadores de ferrotanques, funcionarios, militares y personal de la Guardia Nacional al ser señalados como cómplices del tráfico ilegal de combustible.
Tan solo en lo que va del presente año, han sido asegurados 206 ferrotanques, que transportaban más de 24 millones de litros de huachicol.
Estos despliegues se han llevado a cabo en estados como Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, evidenciando el uso de la infraestructura ferroviaria para el transporte ilícito de hidrocarburos.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que 23 personas han sido detenidas por su presuntos nexos con el tráfico de combustible en ferrotanques.
Según El Universal, la investigación actual tiene como objetivo identificar a las empresas y dueños de los ferrotanques involucrados en el huachicoleo.
De acuerdo con las indagatorias, empresas como Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes son dueñas de los contenedores decomisados.
La red de huachicol fiscal en ferrotanques usa el mismo modus operandi que el tráfico en buques: reportan el ingreso de aditivos como sosa cáustica o nitratos para evadir impuestos, pero en realidad transportan combustible de procedencia ilegal.
México se encuentra en la mira tras revelarse una de las redes de corrupción más grandes de la historia reciente, centrada en el llamado ‘huachicol fiscal’.
Este esquema criminal, que ha operado en las aduanas del país, ha involucrado a altos mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR), empresarios y funcionarios de Aduanas, revelando la profunda penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado.
En el centro de la investigación se encuentran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos de alto rango en la Marina y sobrinos del extitular de la Marina, Rafael Ojeda Durán.
Manuel Roberto Farías Laguna, un vicealmirante, ha sido detenido y se le considera el funcionario de mayor jerarquía implicado hasta la fecha. Se le acusa de liderar la red que permitía el ingreso de millones de litros de combustible de forma ilegal, evadiendo el pago de impuestos.
Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, se encuentra prófugo de la justicia.
Ambos son señalados de haber creado una estructura de corrupción para el tráfico de hidrocarburos, utilizando su posición y contactos para facilitar la operación.
La investigación no se limita a los hermanos Farías Laguna. Se han ejecutado órdenes de aprehensión y se han revelado nombres de otros marinos y civiles presuntamente implicados. Entre ellos se encuentran: