
Foto: Obtenida de redes
La ruta Houston–Tamaulipas, documentos alterados y una estructura con mandos navales, agentes aduanales y empresas en Monterrey: radiografía del esquema y sus protagonistas.
El llamado huachicol fiscal es el ingreso a México de combustibles refinados (gasolina y diésel) disfrazados como otras mercancías para evadir el IEPS.
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La investigación periodística y oficial revela una red que operó al menos desde junio de 2023, insertada en puertos y aduanas, con mandos navales y empresarios, y que coordinó al menos 69 operaciones con un volumen ilegal estimado de 564 millones de litros.
La investigación de El País detalla que buques como el Nord Supreme, Seaways Jeju y MTM Hamburg cargaban en Greens Port (Watco), Houston, y Enterprise East Terminal Vidor778 (Beaumont); luego atracaban siempre en los mismos puntos de Altamira y Tampico (muelles 7 y 8).
De acuerdo con el reportaje, el Nord Supreme repitió cuatro viajes entre el 20 de enero y el 3 de marzo de 2024 con 18 millones de litros declarados como “aditivos”, pero en realidad transportaba combustible.
“Es imposible que la agencia naviera y la aduanal y las empresas importadoras y exportadoras no sepan, ya que son las primeras que se acercan para tentar a los trabajadores de aduanas”, afirmó un verificador aduanal citado por el medio.
Explicó que decían “que lo van a meter de esta forma, que va ir con estos papeles y que será con una fracción arancelaria que no pague impuestos”, afirmó.
El patrón operativo consistía en declarar los cargamentos con la fracción 38112107 (“aditivos para aceites lubricantes a granel”), en lugar de las fracciones de gasolina 27101209 o diésel 27101910, que sí pagan IEPS.
El proceso se blindaba con connivencia interna:
“Forzosamente, para pasar un barco con contrabando de combustible, necesitas que esté dentro de la mafia el departamento de Informática y Contabilidad (...) Es imprescindible que esté involucrado también [Operación Aduanera]... el verificador y su jefe tienen que fingir que todo está correcto para liberar la carga”, insistió el testimonio del verificador.
Según El País, la exportadora fue Ikon Midstream LLC en 65 de los 69 casos.
Del lado mexicano, las importadoras con sede en Monterrey fueron B‑Match S.A. de C.V., Azteca Cone S.A. de C.V. e Intanza S.A. de C.V. que contarían con presuntos nexos societarios y dirección compartida.
Además se identificó al participación de la agencia naviera constante: Altamaritima S.A. de C.V.
Según las investigaciones, la red de huachicol fiscal estaría encabezada por los hermanos Manuel Roberto (vicealmirante) y Fernando Farías Laguna (contralmirante), sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Con su influencia, colocaban marinos de confianza en puestos estratégicos de aduanas para asegurar el flujo del contrabando.
Sin embargo, estas operaciones irregulares habrían sido denunciadas por el almirante Ojeda, quien según con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, pidió dos años atrás una investigación sobre estas actividades.
“Nos pidió que investiguemos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos… no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie”, declaró el fiscal el pasado 7 de septiembre, en que se anunció sobre la detención de 14 personas, entre marinos, empresarios y funcionarios de Aduanas.
El 31 de marzo de este año, el Gabinete de Seguridad, conformado por agentes de la Marina y Guardia Nacional, aseguró el buque Challenge Procyon en Tampico con más de 10 millones de litros de combustible.
Este golpe detonó la investigación que culminó con 14 detenidos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías; sin embargo, su hermano Fernando Farías sigue prófugo.
Tras la polémica que generó la participación de marinos en la red, el ahora secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales, reconoció los hechos y afirmó que fue la propia institución quien decidió tomar acción sobre estos actos ilícitos.
“Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”, comentó Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina.
Tras darse a conocer que un testigo de la FGR, reveló una supuesta protección por parte de “un hijo del expresidente” López Obrador; generó polémica el trámite de un amparo a favor de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.
Ante la demanda de amparo, el secretario de Organización de Morena, negó que tanto él como su hermano hayan solicitado el trámite.
“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo… Se trata, una vez más, de un montaje”, señaló en una carta difundida en sus redes sociales.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esclarecer el origen de esos recursos:
“Se tiene que saber quién puso estos amparos y por qué”.
A partir del decomiso del Challenge Procyon, testimonios y reportes mencionan que el buque también habría sido usado para tráfico de armas e insumos; en los patios de destino se observaron pipas y cajas presuntamente con armamento y presencia de siglas del CDG.
La FGR explora vínculos con Cártel del Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de empresas fachada y documentación aduanal manipulada.
La consultora Petro Intelligence estima que en 2024 circularon 18,000 millones de litros de combustible ilegal, con un daño fiscal de 6 mil 200 millones de dólares.
La red Farías Laguna habría obtenido más o menos 3 mil millones de pesos.