
Foto: Cuartoscuro
Pío, Martín Jesús y José Ramiro “Pepín” López Obrador han protagonizado escándalos que contrastan con el discurso de honestidad de la 4T.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó su carrera política con la bandera de la austeridad y la lucha contra la corrupción.
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Durante años repitió la frase de que “no somos iguales” para diferenciarse de los gobiernos anteriores.
Sin embargo, varios episodios han puesto en entredicho ese discurso: sus propios hermanos —Pío, Martín Jesús y José Ramiro “Pepín”— han estado envueltos en polémicas que van desde presuntos fraudes hasta videos donde aparecen recibiendo dinero en efectivo.
Más recientemente, se dio a conocer que José Ramiro López Obrador, también conocido como “Pepín”, sería una de las personas que aparece en una lista de 32 nombres con presunta relación en el caso de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, de acuerdo con la columna de Mario Maldonado.
Los casos de los hermanos de AMLO han quedado marcados por la impunidad. Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el Instituto Nacional Electoral (INE) han avanzado en investigaciones que podrían significar consecuencias legales para cualquier político.
En agosto de 2020 se difundieron videos donde Pío López Obrador aparece recibiendo sobres con dinero en efectivo de David León Romero, entonces operador político en Chiapas.
En la grabación, León le dice:
“Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando. El chiste es que él vea que hay apoyo”.
A lo que Pío responde:
“Lo sabe perfectamente bien”, de acuerdo con información publicada por El País.
La FGR abrió una carpeta de investigación por delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en octubre de 2022 resolvió no ejercer acción penal, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Cinco años después, en agosto de 2025, el INE también resolvió no sancionar a Pío ni a Morena, argumentando falta de pruebas financieras.
La consejera Carla Humphrey declaró que “no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, de acuerdo con El Economista.
Para la oposición, la decisión representó un símbolo de impunidad.
El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, afirmó:
“No se trata de anécdotas, se trata de corrupción a la vista de todos; hechos que no sólo fueron grabados, sino reconocidos por los protagonistas y admitidos por el vivo Presidente”, comentó el panista.
En julio de 2021, Latinus difundió un video en el que Martín Jesús López Obrador recibe 150 mil pesos en efectivo de David León.
La entrega ocurrió en 2015 y quedó registrada en una conversación donde Martín señala:
“Con esta madre no puedo andar por ahí, cabrón, es de mi hermano”.
La justificación oficial llegó de inmediato. David León publicó en Twitter:
“Los recursos ahí mencionados, fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo”.
El presidente López Obrador minimizó el hecho al señalar que se trataba de un ataque mediático.
“Es una campaña negra con la intención de perjudicarme”, declaró, acusando al periodista Carlos Loret de Mola de corrupción.
Al igual que con Pío, no hubo sanciones. El caso se sumó a la lista de polémicas familiares que no tuvieron consecuencias legales ni administrativas.
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad subrayó que, como en otros episodios que involucraron a familiares del presidente, “el caso no tuvo ninguna consecuencia”.
La sombra de la corrupción en la familia López Obrador no comenzó en la Presidencia.
En 2010, el semanario Proceso documentó que José Ramiro “Pepín” López Obrador, exalcalde de Macuspana (2004-2006), fue señalado en un presunto fraude millonario.
El subcontralor municipal de ese entonces denunció deudas por más de 60 millones de pesos, obras inconclusas reportadas como terminadas, y un préstamo de 36 millones de pesos con Banobras para el proyecto urbanístico “Macuspana Siglo XXI”, cuyos recursos no fueron transparentados.
Solo se construyó un puente sobre el río Puxcatán, a cargo de la empresa Riobo, la misma que edificó los segundos pisos en la Ciudad de México durante el gobierno de AMLO.
Además, se reportaron faltantes de más de 20 millones de pesos en bienes muebles y una deuda de alrededor de 17 millones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La nueva administración municipal anunció procedimientos administrativos y denuncias penales contra los responsables, pero el caso nunca avanzó en tribunales.
Según la columna “La lista de amigos y cercanos a Hernán Bermúdez” de Mario Maldonado para El Universal, José Ramiro López Obrador, también conocido como “Pepín”, sería una de las personas que aparece en una lista de 32 nombres con presunta relación en el caso de “El Comandante H”, atribuidos a la mención de testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el periodista, medios como El Universal y Latinus, confirmaron que dicha lista se incluiría en un expediente de hasta 500 páginas con testimonios de colaboradores y operadores de Hernán Bermúdez, donde se revelarían también los vínculos políticos y económicos del también conocido como “El Abuelo”.
Los casos de Pío, Martín Jesús y Pepín López Obrador se han convertido en un recordatorio incómodo de las contradicciones del obradorismo.
Mientras el expresidente construyó su narrativa política alrededor de la honestidad y la lucha contra la corrupción, sus propios hermanos protagonizaron episodios de presunto financiamiento irregular, fraudes y manejo opaco de recursos públicos.
Carlos Loret de Mola lo resumió en una columna para The Washington Post:
“Dos videos de dos hermanos del mismo presidente haciendo lo mismo. En ambos casos, López Obrador ha dicho que debe investigarse. Sin embargo, un año después del videoescándalo de Pío, no ha habido ningún avance de ninguna investigación. Lo que sí sucedió fue que el hermano del presidente me demandó por publicar esas imágenes inculpatorias”.
Más allá de las explicaciones presidenciales —“aportaciones voluntarias”, “préstamos personales” o “campañas negras”— lo cierto es que, como en otros casos de corrupción durante la 4T, ninguno de estos episodios tuvo consecuencias judiciales.
La imagen de AMLO como un político austero y honesto quedó en entredicho, y con ella el legado de la llamada Cuarta Transformación.