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De la justicia al crimen: exfuncionarios de seguridad de la 4T que terminaron en redes criminales
De Tabasco al Estado de México, mandos de seguridad pasaron de las instituciones a encabezar organizaciones criminales que hoy enfrentan a la justicia.
Cristian Alanis
Publicada: sep 23 a las 19:18, 2025
La promesa de limpiar las instituciones de seguridad en México ha enfrentado un golpe de realidad con una serie de casos que exhiben cómo exfuncionarios y mandos policiacos terminaron al servicio de organizaciones criminales.
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Lo que comenzó como carreras en la policía, la Marina o fiscalías estatales, acabó en acusaciones por huachicol, secuestro y extorsión, poniendo en entredicho la capacidad del Estado para blindar a sus propios cuadros.
En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) ha destapado expedientes que involucran a personajes que ocuparon cargos estratégicos en gobiernos estatales y federales, pero que presuntamente utilizaron sus puestos para facilitar el crecimiento del crimen organizado.
Casos como el de La Barredora en Tabasco, los marinos ligados al huachicol fiscal en las aduanas de Tamaulipas y la organización de La Chokiza en Ecatepec, revelan una red de complicidades que se incubó desde dentro de las instituciones.
La Barredora: de la Secretaría de Seguridad a red criminal en Tabasco
El caso de Hernán Bermúdez Requena, conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, es el ejemplo más representativo de cómo un alto mando de seguridad terminó señalado como líder criminal.
Bermúdez fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fundó y encabezó “La Barredora” desde 2019.
Una investigación de La Jornada reveló que Bermúdez usó el aparato de la SSPC estatal para brindar seguridad a operadores del grupo criminal, incluso asignando patrullas y policías para escoltar combustible robado y proteger entregas de droga.
“La investigación detalla cómo el exsecretario usó el aparato de la instancia para ‘brindar seguridad’ en el transporte y entrega de droga en puntos de venta, en secuestros y en el custodio de pipas con combustible robado”, se lee en la indagatoria.
Actualmente, Bermúdez se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde enfrenta un proceso por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.
Ulises Pinto Madera, “El Mamado”
Antiguo miembro de la Policía Judicial Federal y posteriormente de Los Zetas, Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, fue durante años el segundo al mando de Bermúdez.
De acuerdo con El País, Pinto inició como escolta del entonces secretario y juntos conformaron lo que llamaban “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”.
Su papel fue clave en delitos como tráfico de migrantes, distribución de drogas y control de bares en Tabasco.
En 2025, Pinto fue detenido en Jalisco en un operativo de Marina y Guardia Nacional.
Posteriormente, aceptó convertirse en testigo colaborador de la FGR, a cambio de aportar información sobre las operaciones de La Barredora.
Francisco Javier Custodio Luna, “El Guasón”
Otro de los hombres cercanos a Bermúdez fue Francisco Javier Custodio Luna, alias “El Guasón”, expolicía estatal de Tabasco.
Según investigaciones publicadas en El País, utilizó su posición para proteger y después controlar células criminales en municipios como Centro, Cárdenas y Cunduacán.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó en conferencia que Custodio era “uno de los líderes de células en diversos municipios de Tabasco, donde mantenía el control de la venta y distribución de droga, responsable de la extorsión a comerciantes, así como de agresiones a grupos rivales”.
Su captura representó uno de los golpes más importantes a la estructura de La Barredora.
José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”
Excomisionado de seguridad pública en Tabasco, José del Carmen Castillo Ramírez fue señalado por autorizar patrullas y escoltas a operadores criminales, incluyendo a Ulises Pinto.
Un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) sureste lo relacionó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hasta ahora, su nombre sigue bajo investigación, aunque sin confirmación de captura.
Los marinos del huachicol fiscal
El huachicol fiscal se convirtió en el caso de corrupción más grande ligado a las aduanas bajo control de la Marina.
El entramado reveló la participación de mandos navales de alto rango, acusados de encabezar una operación que introdujo al país millones de litros de combustible ilegal.
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante respectivamente, operaron al menos 69 envíos ilegales desde 2023 que dejaron beneficios de hasta 150 millones de dólares, según información del diario español.
La Fiscalía General de la República acusó a Manuel Roberto de liderar la red. Fue detenido en septiembre de 2025 y vinculado a proceso.
En contraste, su hermano Fernando permanece prófugo, con ficha roja de Interpol.
El caso estalló tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025 con 10 millones de litros de diésel ocultos como aditivos.
“Este es el escándalo de corrupción más grande en la historia de México, 170,000 millones de pesos le está costando al erario”, denunció Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado.
“Capitán Sol” y el testigo “Santo”
A los Farías se les vincula con Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “Capitán Sol”, un marino retirado que fungía como intermediario en la red y que hoy se encuentra prófugo.
Otro personaje clave es Alejandro Torres Joaquín, alias “Santo”, exdirector de la Aduana de Tampico, quien admitió haber permitido la entrada de 14 buques ilegales a cambio de sobornos millonarios.
Torres se convirtió en testigo protegido de la FGR, entregando 29.5 millones de pesos en efectivo que reconoció haber recibido.
El caso dejó también un saldo trágico con las muertes del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado tras denunciar la red, y del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, hallado sin vida en su oficina de Altamira.
La Chokiza del Edomex
En el Estado de México surgió otro caso emblemático: el de Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder de La Chokiza en Ecatepec.
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Exagente de la Fiscalía mexiquense, “El Choko” construyó una organización con fachada social: repartos de despensas, juguetes y campañas en redes.
Sin embargo, la FGR lo acusa de dirigir un grupo dedicado a secuestro, extorsión, cobro de piso y despojo de inmuebles.
Fue detenido en septiembre de 2025 en Ecatepec. Un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro y ordenó su ingreso al penal del Altiplano junto con su segundo al mando, Luis Alberto Cadena Roque, “El Cadena”.
Su caso también tiene un ángulo político. El grupo mantuvo relación pública con la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, y con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
Cuevas admitió en entrevista que tuvo una relación personal con él:
“Sí, tuve una relación efímera con ‘El Choko’. Lo conocí en un concierto y coincidimos no más de diez veces”, declaró la exalcaldesa en septiembre.
La detención de “El Choko” exhibió cómo un grupo que se mostraba como “gestoría ciudadana” terminó acusado de encabezar delitos violentos en el área metropolitana de la capital.
De la seguridad al crimen: un patrón en la 4T
Los casos de La Barredora, los marinos del huachicol fiscal y La Chokiza muestran un patrón común: exfuncionarios de seguridad y justicia que, en lugar de combatir el crimen, lo fortalecieron desde dentro de las instituciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá impunidad:
“Cuando se detecta un entramado de corrupción, no importa quién esté involucrado, se actúa”, subrayó la mandataria.
Con procesos judiciales abiertos, prófugos y testigos colaboradores, los expedientes siguen en curso.
Pero los casos ya dejaron en claro una realidad: la línea entre instituciones de seguridad y redes criminales se volvió difusa durante la 4T.
