Foto: Cuartoscuro
Juicio político: Los morenistas en la mira de la justicia
Tres políticos destacados de Morena tendrían encima a la justicia y pondrían en jaque a su partido
Carlos Islas
Publicada: sep 23 a las 18:31, 2025
La situación que actualmente se vive en Morena está color de hormiga, ya que algunos de sus destacados militantes se encuentran en el ojo del huracán debido a acusaciones que han derivado en solicitudes de juicio político.
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Las denuncias, presentadas ante la Cámara de Diputados, señalan presuntas irregularidades y supuestos vínculos con el crimen organizado, poniendo a prueba los principales ejes rectores y valores que tanto pregona la Carta Transformación.
Ellos son los morenistas a quienes quieren llevar a juicio político.
Adán Augusto López Hernández
El coordinador de los senadores de Morena y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, enfrenta una solicitud de juicio político impulsada por la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén.
La acusación principal se centra en presuntos vínculos el exsecretario de Gobernación con el grupo criminal ‘La Barredora’, el cual fue fundado presuntamente por su exsecretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’.
La demanda se basa en supuestos informes de inteligencia militar que, presuntamente revelan la relación entre el político tabasqueño y la organización delictiva, ocurrida durante su gestión como mandatario estatal.
Cabe destacar, que no hay confirmación oficial de que Adán Augusto esté vinculado a La Barredora ni de que exista una investigación penal formal en su contra. Las versiones sobre estos vínculos han circulado en medios no oficiales o declaraciones políticas, pero no han sido respaldadas por la FGR ni el Ejército.
Hilda Araceli Brown Figueredo
Tras revelarse que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EUA, la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo también fue demandada para enfrentar juicio político.
El diputado Juan Ignacio Zavala Jr, de Movimiento Ciudadano, interpuso la querella argumentando que EUA la vinculó con la fracción del Cártel de Sinaloa, ‘Los Mayos’.
En la ratificación de su denuncia, Zavala indicó, el fuero no puede ser un pretexto para proteger a políticos acusados de asuntos graves.
“Venimos aquí porque no se puede seguir utilizando el fuero en esta país para este tipo de actos... No puede ser un pretexto para que no se investigue a políticos, a funcionarios, acusados de contribuir con el crimen organizado”, indicó el emecista.
De acuerdo con autoridades , Brown, junto con otras personas, habría facilitado el lavado de dinero y la extorsión a favor de esta organización criminal cuando se desempeñó como alcaldesa de Rosarito, Baja California.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mientras no existan pruebas concretas, no se podría actuar contra la diputada Brown.
Cuauhtémoc Blanco
El exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, también ha sido objeto de múltiples solicitudes de desafuero y juicio político.
Entre las acusaciones más destacadas en su contra se encuentran presuntos casos de abuso sexual, concretamente contra su media hermana Nidia Fabiola Blanco.
Este caso llegó hasta la Cámara de Diputados, en donde Morena, su aliados y hasta el PRI, votaron a favor de desechar la solicitud de desafuero.
Incluso, el día de la votación y protegido por diputadas de su partido, el exfutbolista se defendió desde la tribuna de San Lázaro en medio de gritos y reclamos.
“Todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto, es ir a la Fiscalía, yo no tengo miedo, aquí estoy y estoy parado ante ustedes”, dijo el diputado de Morena.
¿En qué consiste el juicio político?
El juicio político en México, una figura jurídica contemplada en la Constitución, ha vuelto a ser tema de debate.
Este proceso, que permite sancionar a servidores públicos de alto nivel por actos u omisiones graves, es a menudo confundido con un juicio penal.
Sin embargo, su naturaleza es estrictamente de responsabilidad política.
A diferencia de un proceso judicial convencional, el juicio político no busca encarcelar a un funcionario, sino que tiene como objetivo principal la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier otro puesto público por un periodo de tiempo.
El fin último es proteger el interés público y el correcto funcionamiento del Estado.
