
Foto: Cuartoscuro
Teuchitlán, Sinaloa, La Barredora y el huachicol fiscal exhiben violencia, corrupción e infiltración criminal en gobiernos de Morena.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfrentado, en menos de un año, cuatro de los casos más graves que han sacudido a la seguridad y a las instituciones en México.
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Estos episodios han puesto en entredicho el discurso de pacificación y cero impunidad que la Cuarta Transformación ha enarbolado desde 2018.
Las fosas clandestinas halladas en Teuchitlán, la guerra interna en Sinaloa tras la captura del Ismael “el Mayo” Zambada, la infiltración policiaca en Tabasco a través de La Barredora y la red de marinos corruptos detrás del huachicol fiscal han expuesto patrones comunes: omisiones de las autoridades, complicidad de funcionarios y vínculos incómodos que alcanzan al círculo cercano de Morena y del propio Andrés Manuel López Obrador.
El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en septiembre de 2024, expuso la existencia de un centro de reclutamiento forzado y exterminio ligado a grupos criminales.
La Guardia Nacional liberó a dos víctimas, detuvo a diez personas y localizó un cuerpo sin vida.
Posteriormente, colectivos encontraron más de mil 500 objetos personales y restos humanos.
En marzo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y presentó un inventario con al menos 495 indicios que incluyeron imágenes y pertenencias de posibles víctimas.
Las familias denunciaron que la fiscalía de Jalisco minimizó las dimensiones del lugar y retrasó las investigaciones.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero cuestionó la versión de las autoridades locales:
“No es creíble que no supieran”, declaró al señalar la magnitud del hallazgo y las omisiones del gobierno estatal.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, colectivos criticaron que antes se habían debilitado instituciones clave como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana, lo que ha dificultado la labor de identificación de restos.
La captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 detonó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa entre “Los Mayitos” y “Los Chapitos”.
Desde entonces, Culiacán se convirtió en una de las ciudades más violentas del país, con un repunte histórico de homicidios, desplazamientos y ataques armados a plena luz del día.
En agosto de 2025 se registraron 17 asesinatos en un solo día, es decir, uno cada 85 minutos.
De acuerdo con estimaciones basadas en la organización ACLED, retomadas por CNN en Español, los homicidios aumentaron hasta un 400% en el último año.
La violencia también golpeó la vida cotidiana.
El festejo del Grito de Independencia fue suspendido dos años consecutivos en Culiacán, miles de familias huyeron de sus hogares y el sector económico perdió más de 15 mil empleos formales.
De acuerdo con información de Animal Político, el Instituto Nacional de Estadística reportó que el 90.8% de los habitantes de Culiacán se sienten inseguros, la cifra más alta del país.
Uno de los casos más delicados para Morena se originó en Tabasco, tierra natal de Andrés Manuel López Obrador.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López, fue señalado como líder del cártel conocido como “La Barredora”, que operaba en complicidad con policías estatales.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada documentó cómo Bermúdez utilizó patrullas y agentes de la Secretaría de Seguridad estatal para proteger cargamentos de droga, custodiar pipas de combustible robado y ejecutar secuestros.
“El personal de la policía y sus patrullas estaban a su disposición”, señala la investigación obtenida por La Jornada.
Bermúdez fue detenido en 2025 tras huir a Paraguay y hoy enfrenta cargos por secuestro exprés, asociación delictuosa y extorsión.
Su segundo al mando, Ulises Pinto “El Mamado”, exZeta y exescolta, se convirtió en testigo colaborador de la FGR.
El caso alcanzó a Adán Augusto López, quien designó a Bermúdez en 2019.
El hoy senador ha negado las acusaciones y las calificó de “politiquería”.
Sin embargo, la investigación también salpicó al expresidente López Obrador por la cercanía política con ambos tabasqueños.
El cuarto gran escándalo estalló en marzo de 2025 con el decomiso del buque Challenge Procyon en Tampico, que transportaba más de 10 millones de litros de diésel disfrazados como aditivos para lubricantes.
El hallazgo destapó una red de corrupción en las aduanas, operada por marinos de alto rango y empresarios.
La Fiscalía General de la República identificó que entre abril de 2024 y marzo de 2025 entraron al país al menos 31 barcos con combustible ilegal.
Sin embargo, una investigación de El País reveló que la red había operado desde junio de 2023 con 69 envíos y ganancias por más de 150 millones de dólares.
Los líderes eran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el sexenio de López Obrador.
“Hubiera sido imposible callar”, dijo el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, al reconocer la magnitud de la red.
La oposición calificó el caso como el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente. Ricardo Anaya advirtió:
“Éste es el escándalo de corrupción más grande en la historia de México, 170,000 millones de pesos le está costando al erario”, exigió el coordinador del PAN en el Senado.
Claudia Sheinbaum respondió que la investigación “llegará hasta donde tope” y aseguró que no habrá impunidad, pero el caso dejó en entredicho la narrativa de que las aduanas estaban limpias tras ser entregadas a la Marina.