Foto: Cuartoscuro
Los poderosos personajes políticos que cayeron en cada sexenio
Desde “La Quina” hasta Rosario Robles, los presidentes de México han recurrido a golpes de autoridad para marcar su mandato. ¿Claudia Sheinbaum hará lo mismo?
Thalí Leyva
Publicada: sep 28 a las 12:25, 2025
Cada sexenio en México ha estado marcado por detenciones de alto perfil que han funcionado como símbolos de ruptura con el pasado. Desde Carlos Salinas hasta Andrés Manuel López Obrador, los llamados “quinazos” han servido para consolidar poder, limpiar imagen o desmarcarse de gobiernos anteriores. Con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, surge la pregunta: ¿quién será el primer gran caído de su administración?
Casos como la detención del poderoso líder sindical de Pemex, Joaquín Hernández Galicia, alias “La Quina”, o Raúl Salinas de Gortari, dan muestra de los esfuerzos de los mandatarios por distanciarse de sus antecesores.
Analistas políticos, como Jorge Zepeda Patterson, han sugerido que el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum necesita urgentemente un “quinazo” para “deslindarse” del gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Y aunque existen casos y políticos de alto perfil que podrían ser blanco de un “Quinazo”, se antoja casi imposible que la presidenta Sheinbaum tome decisiones, que sus antecesores sí hicieron.
Carlos Salinas: “El Quinazo”
Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994, dio su primer golpe unas semanas después de haber asumido el poder. En enero de 1989 en Ciudad Madero, Tamaulipas, en un operativo espectacular que incluyó helicópteros militares y un fuerte operativo para detener a una sola persona: Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”.
“La Quina” era un cacique petrolero considerado intocable, pero en aquel enero fue acusado de homicidio, portación de armas.
Su captura fue considerado un golpe de autoridad de Carlos Salinas de Gortari, reclamando el trono ante las acusaciones de un presunto fraude electoral, recordado como “la caída del sistema”.
“La Quina” fue un símbolo de la corrupción sindical del siglo XX; sin embargo, marcó distancia con la candidatura de Salinas de Gortari, ya que trascendió que el líder sindical apoyaba la candidatura del Frente Democrático Nacional (FDN) y no al priista.
Su detención fue vista como un aparente ajuste de cuentas y permaneció tras las rejas durante ocho años, hasta que fue dejado en libertad en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Ernesto Zedillo: el hermano incómodo
Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia de México en diciembre de 1994, tras ganar las elecciones como candidato del PRI, en un contexto marcado por crisis económicas, políticas y sociales.
Su ascenso ocurrió después del asesinato del candidato tricolor, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, lo que generó inestabilidad y sospechas de intrigas internas en el partido.
Zedillo heredó un país en transición: enfrentó la crisis económica conocida como el “Efecto Tequila”; e impulsó reformes al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Poder Judicial, que fue considerado como un “golpe de Estado a la Corte”.
En este marco, casos como los de Raúl Salinas de Gortari y Mario Villanueva ilustran la tensión entre la continuidad del PRI y los esfuerzos por romper con prácticas corruptas del pasado.
El hermano incómodo: Raúl Salinas de Gortari
Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue detenido en febrero de 1995 por cargos de enriquecimiento ilícito y su presunta implicación en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y excuñado de los Salinas, ocurrido en septiembre de 1994.
Aunque el crimen se cometió durante el final del sexenio de Salinas, la detención bajo el gobierno de Zedillo representó un quiebre simbólico con la administración anterior, interpretado como un intento por desmarcarse del legado de Carlos Salinas, quien había sido su mentor político y lo había impulsado como candidato.
El caso expuso la corrupción al interior del PRI, pues Raúl fue acusado de amasar una fortuna ilegal de más de 100 millones de dólares mediante posiciones en el gobierno, con posibles lazos a lavado de dinero y narcotráfico.
Encerrado por casi una década, Raúl fue libero hasta el 2005 exonerado por un juez, pero su nombre sigue siendo un eco siniestro de los excesos de una familia que moldeó el neoliberalismo mexicano. Su caso, como un guion de traición fraternal, ilustra cómo el poder, cuando se quiebra, arrastra a los suyos al fango.
El gobernador Mario Villanueva
Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo por el PRI de 1993 a 1999, fue detenido en mayo de 1999, poco antes de concluir su mandato, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y protección al Cártel de Juárez.
Fue extraditado a Estados Unidos en 2001, donde enfrentó cargos similares, en un momento de creciente presión de Estados Unidos para que México combatiera el narcotráfico.
Villanueva pertenecía a la facción dura del PRI, y su investigación expuso que el crimen organizado había infiltrado gobiernos locales, particularmente en estados turísticos como Quintana Roo, clave para el lavado de dinero.
El escándalo generó tensiones dentro del tricolor, con acusaciones de que el partido estaba ligado al narco, y fortaleció la narrativa opositora de corrupción sistémica, lo que en 2000, contribuyó a la percepción de debilidad del Revolucionario Institucional, facilitando la victoria de Vicente Fox del PAN.
Vicente Fox: ‘Videoescándalos’
Vicente Fox Quesada asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2000, marcando un hito al convertirse en el primer presidente no priista en 71 años, representando al PAN. Su victoria electoral en julio de 2000 simbolizó la “alternancia” democrática en el país.
Sin embargo, en 2004, en el último tramo de su sexenio, su gobierno permitió la detención de un cercano de Andrés Manuel López Obrador, quien se perfilaba como el favorito para ganar la elección presidencial de 2006.
René Bejarano, el obradorista
En marzo de 2004, el empresario argentino Carlos Ahumada estuvo involucrado en los “videoscándalos” transmitidos en Televisa, durante una entrevista con Víctor Trujillo, en donde funcionarios del PRD fueron captados recibiendo dinero de él, presuntamente para campañas políticas.
En las imágenes se mostraron a figuras como René Bejarano, exsecretario particular de López Obrador, quien se mostró aceptando fajos de billetes; así como a Gustavo Ponce, quien fuera secretario de Finanzas del DF, en un casino en Las Vegas, Nevada.
Aunque Ahumada fue acusado formalmente de fraude y lavado de dinero relacionados con contratos irregulares, el caso tuvo un tinte predominantemente político, que AMLO acusó como “un complot” orquestado para descarrilar sus aspiraciones presidenciales.
Carlos Ahumada, pareja sentimental de Rosario Robles -exjefa de Gobierno interina y cercana al PRD-, alegó que los videos fueron comprados y manipulados por figuras como el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el panista Diego Fernández de Cevallos, con el objetivo de frenar el ascenso de la izquierda.
Sin embargo, de aquellos “videoescándalos”, René Bejarano terminó tras las rejas. La Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó por delitos electorales, lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita, por lo que el 22 de octubre de ese mismo año fue detenido y enviado al Reclusorio Sur.
Tras ocho meses de prisión Bejarano fue liberado en julio de 2005, tras pagar una fianza por 171 mil pesos.
René Bejarano era secretario particular de AMLO y era visto como quien controlaba las redes del PRD en la Ciudad de México junto a su esposa Dolores Padierna, actual diputada federal de Morena.
El escándalo fue interpretado como un “complot” orquestado por la “mafia del poder” para desacreditar a AMLO, quien se perfilaba como el principal opositor para las elecciones presidenciales de 2006. AMLO denunció la maniobra como un ataque “de la derecha” para frenar su ascenso, lo que generó una crisis en el PRD con renuncias (como la de Robles), expulsiones y divisiones internas.
Felipe Calderón: La guerra vs las drogas
Si bien, Felipe Calderón no detuvo a funcionarios de su antecesor panista, la “Guerra contra las drogas”, iniciada el 10 de diciembre de 2006, unos días después de asumir el poder fue vista como “El Quinazo” que necesitaba su gobierno, envuelto en controversia por un supuesto fraude electoral para evitar la llegada de López Obrador.
El sexenio de Calderón estuvo marcado por una estrategia que polarizó al país y dejó más de 120 mil muertos. Sin embargo, las detenciones de figuras políticas de alto perfil durante su mandato fueron menos comunes que en otros sexenios.
Más bien, durante su sexenio dos secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, fallecieron en accidentes aéreos, sin embargo reportes periodísticos lo han atribuido a la guerra contra el narcotráfico.
Mouriño
El 4 de noviembre de 2008, el secretario Juan Camilo Mouriño Terrazo, de 37 años y considerado la “mano derecha” del presidente, regresaba de una gira en San Luis Potosí a bordo de un Learjet 45. La aeronave se desplomó y explotó cerca de la intersección del Anillo Periférico y Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, matando a 13 personas en total, incluyendo al zar antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos y civiles que se encontraban en tierra.
Blake Mora
Francisco Blake Mora, quien había asumido el cargo en Gobernación, en reemplazo de Mouriño, falleció el 11 de noviembre junto a ocho acompañantes —entre ellos subsecretarios y militares— cuando el helicóptero Súper Puma en el que viajaba hacia una reunión en Cuernavaca se estrelló en Chalco, Estado de México, debido a “condiciones climáticas” adversas que provocaron la pérdida de visibilidad del piloto experimentado.
Enrique Peña Nieto: La Restauración del PRI
El regreso del PRI al poder con Enrique Peña Nieto trajo una narrativa de modernización a través de las reformas estructurales en materia energética y educativa. Sin embargo, su sexenio estuvo empañado por escándalos de corrupción y una creciente percepción de impunidad.
Por ello, las detenciones de figuras como Elba Esther Gordillo, histórica líder del SNTE, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fueron movimientos calculados para proyectar una imagen de combate a la corrupción.
Elba Esther Gordillo
La detención de la lideresa del SNTE, en 2013, apenas tres meses después de que Peña Nieto asumiera la presidencia, fue un golpe espectacular.
Elba Esther Gordillo cayó en el aeropuerto de Toluca, de México, rodeada por agentes de la PGR. Llegaba de un viaje a Estados Unidos, cargada de bolsas de lujo y deudas sindicales por 2 mil 600 millones de pesos, presuntamente desviados en operaciones opacas: lavado de dinero, defraudación fiscal, cirugías plásticas pagadas con cuotas de maestros.
Fue detenida apenas tres meses después de la llegada de Enrique Peña Nieto, lo que allanó el camino para la reforma educativa, pulverizando el cacicazgo que ella encarnaba.
Fue acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada por el presunto desvío de 2.6 mil millones de pesos de cuotas sindicales, por lo que su arresto fue un mensaje claro: nadie, ni siquiera la “Maestra” que controlaba al magisterio y vieja aliada del tricolor, estaba por encima del nuevo presidente.
La caída de Gordillo debilitó al sindicalismo magisterial, facilitando la aprobación de la reforma educativa. La lideresa fue liberada en 2018 tras cinco años en prisión domiciliaria.
Andres Granier
Además, en 2013 se registró la detención de Andrés Granier, exgobernador de Tabasco (2007-2012), un priista que gobernó un estado clave para Pemex.
Fue acusado de supuesto desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito por más de 2 mil 600 millones de pesos, incluyendo gastos suntuosos que indignaron a la opinión pública, como facturas de ropa de lujo y fiestas extravagantes.
Su detención, meses después de dejar el cargo, reflejó el cambio de poder hacia el PRI de Peña Nieto, que buscaba desmarcarse de los excesos de administraciones locales previas, especialmente en un estado golpeado por inundaciones y pobreza.
Javier Duarte
El exgobernador de Veracruz fue detenido en Guatemala y extraditado a México, en 2017, lo que representó el colmo de la corrupción priista. Acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Duarte de Ochoa fue señalado por un presunto desfalco estimado en 60 mil millones de pesos, mientras el estado sufría una ola de violencia y desapariciones. Su detención, en el ocaso del sexenio de Peña Nieto, fue un intento de limpiar la imagen del PRI ante las elecciones de 2018, donde el partido enfrentaba un rechazo masivo.
Peña Nieto mencionaba al gobernador de Veracruz como parte del “nuevo PRI”, pero fue visto como un chivo expiatorio para desviar la atención de los escándalos nacionales, como la Casa Blanca.
Andrés Manuel López Obrador: Llegada de la 4T
El sexenio de AMLO se presentó como una ruptura con el pasado corrupto, bajo el lema de la “Cuarta Transformación”. Su discurso anticorrupción fue central, pero las detenciones de figuras como Rosario Robles y Emilio Lozoya también sirvieron para castigar a los símbolos del PRI y el PAN, para consolidar su narrativa de cambio.
Rosario Robles: Estafa maestra
La experredista y antigua aliada de López Obrador, fue detenida en 2019 por su presunta responsabilidad en el caso de “La Estafa Maestra”.
Fue secretaria de Desarrollo Social bajo el mandato de Peña Nieto. y se le responsabilizó como la presunta líder de un esquema de desvío de 7 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma.
Su arresto, en los primeros meses del gobierno de AMLO, fue un “trofeo” para la narrativa de la 4T: castigar a la élite del pasado. Sin embargo, el caso también generó controversia, pues Robles alegó persecución política, y su encarcelamiento prolongado sin sentencia firme levantó sospechas de un ajuste de cuentas.
Robles Berlanga fue liberada en 2022 tras tres años en prisión, su caso simbolizó tanto el combate a la corrupción como las tensiones del gobierno mexicano con el Poder Judicial.
Emilio Lozoya: Odebrecht
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue extraditado desde España, acusado de recibir sobornos de Odebrecht y de la compra irregular de la planta de Agronitrogenados, un escándalo que salpicó al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su detención fue un golpe duro al pasado en donde AMLO buscaba exponer la corrupción de la “élite neoliberal”.
Sin embargo, el caso se desinfló: Lozoya, en libertad condicional tras un breve encarcelamiento, negoció como testigo protegido, señalando a figuras como Peña Nieto y Luis Videgaray, pero sin pruebas concluyentes. Su imagen cenando en un restaurante de lujo en 2021 desató indignación, evidenciando las contradicciones de la “justicia” de la 4T.
Claudia Sheinbaum: golpes silenciosos
A un año de haber llegado a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum también ha dado golpes “silenciosos” a las pasadas administraciones, particularmente al gobierno de López Obrador y Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco.
Caso red de huachicol
El pasado 7 de septiembre, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de 14 personas relacionadas con el contrabando ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. Entre los detenidos se encontraban marinos en activo o retiro, exfuncionarios de aduanas y empresarios.
El escándalo mayor ocurrió por la detención del contralmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de la red, quien además es sobrino político del almirante José Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina de AMLO.
El caso ha generado cuestionamientos sobre si AMLO y el secretario Ojeda Durán sabían de las operaciones de los marinos, particularmente de los Farías Laguna; sin embargo desde el oficialismo se ha buscado dejar en claro que fue el propio exsecretario quien denunció posibles irregularidades desde hace dos años.
La Barredora
Otro caso es el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López.
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en donde se encontraba prófugo, y tras un acuerdo diplomático se logró la expulsión y entrega a las autoridades mexicanas para su traslado a México en donde se encuentra vinculado a proceso por delitos como asociación delictuosa y extorsión.
Según la FGR, Bermúdez Requena es el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Tabasco, a quienes se les atribuyen delitos como robo de combustible, extorsión, narcomenudeo y homicidios.
La pregunta también salpica a Adán Augusto López, pues existen reportes de inteligencia militar, que datan desde 2019 y 2021, en donde se alertaba de los vínculos de Hernán Bermúdez con la delincuencia organizada y aún así permaneció en el cargo hasta enero de 2024, hasta su renuncia.
Adán Augusto López: la piedra en el zapato
El gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que su antecesor López Obrador, se ha caracterizado por una política de “no perseguir a nadie” y priorizar la rendición de cuentas interna dentro de Morena, lo que reduce la posibilidad de que se detenga a figuras de alto perfil.
Por ello es que se descarta una detención de López Hernández en el corto plazo, a menos que surjan pruebas irrefutables que obliguen a la FGR a actuar.
Sin embargo, Sheinbaum ha defendido públicamente al senador, afirmando repetidamente que no existe ninguna carpeta de investigación formal en su contra ni elementos suficientes para incriminarlo, y ha enfatizado que cualquier proceso debe basarse en evidencias, no en “linchamientos mediáticos”.
Ante el caso de Bermúdez Requena, la presidenta ha destacado las detenciones recientes, pero ha evitado cualquier mención a responsabilidad directa del senador, quien se ha ofrecido a declarar si es requerido.
La oposición, como PAN y PRI, ha presentado denuncias penales en México y ante agencias estadounidenses como la DEA y el FBI, acusándolo de presuntos nexos con el huachicol, lavado de dinero y contrabando, e incluso impulsando un desafuero en el Senado.
Adán Augusto se encuentra ahora en medio de un nuevo escándalo por la omisión patrimonial por 79 millones de pesos no declarados entre 2023 y 2024, revelado por una investigación de N+ Focus, donde se detalla que recibió transferencias de empresas.
El morenista ha negado irregularidades, presentando documentos fiscales y pagando ISR por 1.5 millones de pesos en total, calificando las acusaciones como “ataques de la derecha conservadora” y rechazando conflicto de intereses.
Por su parte, Sheinbaum ha respondido pidiendo que “aclare el senador” sin comprometer una investigación, lo que podría derivar en sanciones administrativas como multas o inhabilitación de 5 a 10 años por enriquecimiento oculto según la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
