Foto: Cuartoscuro
Los 2 delitos del sexenio de AMLO que el gobierno de Sheinbaum desmanteló
La Barredora y el huachicol fiscal: de su auge con López Obrador a las detenciones clave bajo la administración de Claudia Sheinbaum
Cristian Alanis
Publicada: oct 07 a las 21:28, 2025
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dos fenómenos delictivos escalaron hasta convertirse en retos de alto impacto: la expansión de la organización conocida como La Barredora y el entramado de contrabando de combustibles llamado huachicol fiscal.
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De acuerdo con información de El País, el huachicol fiscal llegó a representar “un boquete de más de 9,000 millones de dólares al año” para las finanzas públicas, mediante la entrada de combustibles bajo coberturas falsas para evadir el IEPS.
En paralelo, La Barredora se consolidó en Tabasco con un liderazgo atribuido a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal en tiempos de Adán Augusto López.
A partir del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la respuesta oficial se centró en operativos de inteligencia y coordinación interinstitucional.
En el centro operativo apareció Omar García Harfuch, quien condujo y comunicó los golpes más visibles contra ambas estructuras.
La Barredora: del ascenso en Tabasco a la caída del “Comandante H”
El grupo de La Barredora no nació en un vacío. Se trataba de una organización delictiva con fuerte presencia en Tabasco, vinculada a extorsión y control territorial, cuyo crecimiento coincidió con la carrera política de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en la entidad durante el gobierno de Adán Augusto López.
De acuerdo con el diario español El País, Bermúdez —conocido como “El Comandante H”— supo aprovechar su cercanía con Adán Augusto, entonces gobernador de Tabasco, para tejer redes de protección política e institucional que facilitaron la expansión del grupo criminal.
El medio explica que su ascenso se dio “a la sombra de Adán Augusto López”, lo que le permitió consolidar un poder que mezclaba estructuras oficiales con vínculos delictivos.
En el marco de la ofensiva del actual gobierno, el primero en caer fue Ulises Pinto, alias “El Mamado”, considerado el segundo al mando de Bermúdez y uno de sus principales operadores.
Su captura, reportada como parte de las investigaciones contra la organización, debilitó la estructura de seguridad que rodeaba al “Comandante H” y permitió a las autoridades acercarse a los círculos más cercanos del exfuncionario.
La presión aumentó contra Bermúdez a lo largo de 2025.
El exsecretario de Seguridad de Tabasco salió de México a inicios de ese año utilizando rutas por Centroamérica hasta llegar a Paraguay, donde se refugió bajo identidades falsas y con apoyo de familiares.
Según el mismo medio español, la pista que permitió su captura fue el uso de una tarjeta de crédito en Asunción, además de la localización de un sobrino y la vigilancia de una casa donde permanecía oculto.
Estos detalles, descritos por el medio, muestran cómo meses de rastreo internacional permitieron dar con su paradero.
Pocos días después, el exfuncionario fue trasladado a México. Un juez lo vinculó a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, lo que representó un golpe directo a la cúpula del grupo criminal.
La caída del “Comandante H” no sólo significó el descabezamiento de La Barredora, sino que también se convirtió en un caso emblemático para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La presidenta ha utilizado esta captura como ejemplo de que su administración busca atacar tanto a las organizaciones criminales como a las redes de complicidad política que las sostuvieron.
En ese sentido, el golpe a Bermúdez le permitió reforzar su discurso de combate a la corrupción y al crimen organizado, mostrando que incluso figuras con cargos de alto nivel en gobiernos pasados pueden ser llevadas ante la justicia.
Huachicol fiscal
El llamado huachicol fiscal surgió como una evolución del robo de combustibles.
Este esquema permitía importar diésel y gasolina declarados falsamente como aditivos o lubricantes.
Durante el sexenio de López Obrador, la administración de puertos y aduanas fue entregada a la Marina.
Animal Político documentó que esta decisión debilitó los controles civiles y abrió espacios de corrupción que fueron aprovechados por redes de contrabando.
En un análisis, el mismo medio señaló que la falta de vigilancia externa favoreció la “corruptibilidad de las fuerzas armadas” en un entorno con escasos contrapesos.
Uno de los nombres más señalados en este entramado fue el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien llegó a sonar como posible secretario de Marina.
Su estructura operaba mediante empresas fachada, vínculos familiares y actos de violencia para asegurar el control de la red.
La investigación de El País reveló que la red no solo estaba ligada al contrabando y al nepotismo, sino también a episodios de violencia extrema.
Entre los casos más graves estuvo el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, cuando fue atacado a balazos mientras conducía su camioneta.
Según documentos de la FGR citados por Político MX, Guerrero había enviado meses antes una carta al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en la que denunciaba las operaciones de huachicol fiscal atribuidas a los hermanos Farías Laguna.
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La Fiscalía sostiene que existe una relación entre esa denuncia, la reunión que sostuvo con Ojeda en octubre de 2024, y su homicidio días después.
En septiembre de 2025, Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en un operativo federal.
Posteriormente, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrenta un proceso judicial por delincuencia organizada y contrabando de combustibles.
También fueron vinculados a proceso nueve marinos más relacionados con la red, lo que mostró la profundidad de la operación.
No obstante, el caso tiene ramificaciones pendientes.
Animal Político informó que a Fernando Farías Laguna, también señalado en la trama, un juez le otorgó una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión, lo que impide que se ejecute mientras se resuelve su situación legal.
La conexión familiar con el exsecretario de Marina añade un elemento político delicado.
Diversos medios, señalaron que los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien ocupó la titularidad de la Marina durante todo el sexenio de López Obrador.
La relación subraya un punto clave: mientras AMLO confiaba en Ojeda como uno de los pilares de su estrategia de seguridad, los señalamientos sobre sus sobrinos se convirtieron en un flanco de vulnerabilidad institucional que ahora Sheinbaum busca atender con una narrativa de “cero tolerancia”.
Más allá de la detención de Manuel Roberto Farías Laguna, el caso refleja la magnitud del entramado que se consolidó durante el sexenio anterior.
La red combinaba contrabando, corrupción administrativa y violencia letal, al grado de alcanzar a mandos de alto nivel dentro de la Marina.
El hecho de que varios de sus integrantes fueran familiares del exsecretario Rafael Ojeda Durán, pieza clave en el gabinete de López Obrador, añade un matiz político que Sheinbaum ha aprovechado para reforzar su discurso de “cero tolerancia” frente a la corrupción.
El expediente judicial también ha mostrado lo complejo del proceso: mientras algunos de los marinos implicados ya fueron vinculados a proceso, otros han logrado suspensiones legales que retrasan su captura, lo que exhibe la capacidad de esta red para extenderse al terreno judicial y político.
La Fiscalía, por su parte, ha insistido en que continuará persiguiendo a quienes aún permanecen prófugos, incluyendo al hermano de Manuel Roberto Farías Laguna.
En este contexto, el caso del huachicol fiscal se ha convertido en un símbolo de los retos que enfrenta el gobierno actual: no solo desmantelar las estructuras criminales, sino también limpiar las instituciones que en el pasado facilitaron su operación.
Un parteaguas en la lucha contra el crimen heredado
Los golpes contra La Barredora y el huachicol fiscal marcan un momento clave en la política de seguridad del actual gobierno.
Las detenciones de Hernán Bermúdez Requena, su operador Ulises Pinto “El Mamado”, y de mandos navales vinculados al contrabando de combustibles representan avances en la desarticulación de redes que se consolidaron en el sexenio anterior.
De acuerdo con las autoridades, estas operaciones no sólo buscan restar capacidad a las organizaciones involucradas, sino también abrir procesos judiciales que alcancen a sus redes de protección política, empresarial y militar.
El propio Omar García Harfuch ha insistido en que la instrucción de la presidenta Sheinbaum es mantener la coordinación entre dependencias y aplicar una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción.
Con estos casos, el gobierno federal se enfrenta ahora al reto de traducir los operativos en resultados judiciales duraderos y en reformas que cierren los vacíos legales e institucionales que permitieron que estas estructuras prosperaran en el pasado.
Para la narrativa de Sheinbaum, las capturas de figuras como Bermúdez o Farías Laguna se han convertido en piezas clave: un mensaje de que su administración busca combatir tanto a las organizaciones criminales como a los nexos de corrupción política que las hicieron posibles.
