Censura de Morena: los intentos de convertirla en ley

Con motivo del primer informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que en su administración se ha dejado de lado la censura y la persecución que se practicaba en gobiernos anteriores.

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Sin embargo, en días pasados salió de su partido una propuesta que escandalizó a propios y extraños, ya que un diputado de Morena propuso penalizar la creación de contenido digital usando imágenes, audios o videos de funcionarios sin su consentimiento, lo que se interpretó que busca ir contra memes y stickers.

Pese a que ha sido rechazada por personajes de la oposición e incluso de Morena, no sería la primera vez que dentro del partido se crean polémicas leyes o propuestas con las que se ha disfrazado la censura.

Reforma contra stickers

La iniciativa apodada ‘Atimemes y stickers’ fue presentada por Armando Corona Arvizu y propone reformar el Código Penal Federal para añadir los artículos 211 bis 8 y bis 9.

Estos plantean castigar con 3 a 6 años de prisión y multas a quien “por cualquier medio digital, cree, manipule, transforme, reproduzca o difunda imágenes, videos, audios o representaciones digitales generados con tecnologías de edición o inteligencia artificial, que utilicen sin consentimiento la imagen, voz o identidad de una persona física, con el propósito de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación o dignidad”.

Las sanciones, señala, aumentarán en caso de que la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público en ejercicio de sus funciones, lo cual generó indignación.

Tras la polémica, el coordinador de la bancada Ricardo Monreal señaló que no estaba de acuerdo con la propuesta y aseguró que esta no pasaría al considerar que atenta contra la libertad de expresión: “Respeto la capacidad de iniciativa pero esta, particularmente, yo creo que no va a pasar, yo no la votaría en favor”.

‘Ley’ de ciberseguridad en Puebla

Más preocupante fue lo ocurrido en el estado de Puebla pues a mediados de junio, el Congreso del Estado aprobó reformar el Código Penal Local y tipificar como delito el ‘ciberasedio’ y castigarlo con 3 años de cárcel.

Este es cometido por la persona que insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo a su integridad física o emocional, lo que abre la puerta a violar el derecho de libertad de expresión, pues funcionarios pueden ir contra las críticas con represalias legales.

La reforma fue publicada en junio y ante las alarmas que generó, el gobernador Alejandro Armenta instruyó a que se revisara, aunque la defendió públicamente.

Posteriormente, a mediados de julio, fue modificado el artículo tras ser sometido a foros en los que organizaciones pidieron que los añadidos fueran derogados, petición que no fue escuchada.

En el nuevo cambio, se añadió un párrafo en donde excluyeron como ciberasedio las críticas “orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública”.

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El artículo 109 de Telecomunicaciones

Otra propuesta vino directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum con la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se añadía el polémico artículo 109.

Este daba la facultad a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de determinar para bloquear temporalmente plataformas digitales, lo que alertó a organizaciones civiles y miembros de la oposición.

De acuerdo con la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el artículo no establecía medidas ni parámetros claros para realizar dichos bloqueos.

Tras los reclamos, el 14 de mayo, el encargado de la Agencia, Pepe Merino anunció su eliminación de la reforma: “Es una ley en sentido contrario, ya que busca conectar a todos, pero se mal entendió y por ello se elimina el artículo 109”, señaló en conferencia de prensa.

aunque otros puntos preocupantes quedaron intactos como la geolocalización en tiempo real sin orden judicial, así como que la Segob pueda suspender transmisiones. La Ley se aprobó en el Congreso de la Unión hasta el primero de julio.