¿AMLO mintió? 8 casos que demuestran que la corrupción no terminó en su sexenio

Hace un año, Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia de la República que obtuvo mediante el voto popular en 2018; sin embargo, en los últimos meses se han dado a conocer distintos casos de corrupción que se dieron durante su gobierno, pese a los dichos del expresidente de que acabó con ella.

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Fue en su último informe de gobierno, que rindió en el Zócalo de la CDMX, que el morenista aseguró que su gestión logró resultados en el combate a la corrupción, asunto que prometió erradicar a lo largo de su administración.

“Siempre sostuvimos desde hace años que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a nuestro país que la deshonestidad de gobernantes y de traficantes de influencias y que había que combatir la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se iban a ahorrar muchos fondos”, expuso.

Pero además, en agosto de 2019, el tabasqueño aseguró haber eliminado la corrupción tan solo unos meses después de haber tomado protesta como presidente de México.

“Ya puedo decirles aquí con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción”, anunció en un evento en Puebla sacando un pañuelo blanco.

Sin embargo, meses después de la partida de López Obrador, diversos casos de corrupción que se dieron en su gobierno han comenzado a ventilarse en la prensa y hasta en investigaciones federales, los cuales salpican a varios personajes que estuvieron en el círculo del exmandatario.

Red de huachicol fiscal en la Marina

El más reciente que ha quedado al descubierto es el de la red de huachicol fiscal que se tejió dentro de la Secretaría de Marina.

El pasado 7 de septiembre, el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch informó sobre la detención de 14 personas involucradas en el contrabando de combustible, entre ellas, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Él y su hermano Fernando Farías Laguna habrían encabezado la estructura dedicada a la descarga de hidrocarburos provenientes del extranjero que fueron declarados como otras sustancias para evitar pagar altos impuestos y hacer negocio con el transporte de gasolina.

Ambos son sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina que duró en el cargo los seis años del gobierno de AMLO.

En ese contexto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero precisó que Ojeda Durán – aún en el mandato de Andrés Manuel– solicitó investigar a personas sospechosas dentro de la Semar que pudieran haber estado vinculadas al huachicol fiscal, tanto marinos como agentes aduanales.

La declaración de Gertz Manero detonó cuestionamientos sobre si Rafael Ojeda tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se cometían en la Marina, y si este tema también estaba en el radar de López Obrador, quien en 2020 propuso darle el control de puertos y aduanas a las Fuerzas Armadas con la justificación de combatir la corrupción y el trasiego de drogas en los recintos fiscalizados.

En su momento, Andrés Manuel López Obrador se refirió a Ojeda como “un hombre leal” y respaldó por completo su labor, mientras que el almirante se comprometió a actuar con lealtad al presidente en aquel entonces.

Pese a estos respaldos, el caso de huachicol fiscal en la Marina ha expuesto que los ilícitos se llevaron a cabo bajo el mando de AMLO y Durán, sin que se tomaran acciones en sus respectivos periodos.

Vector Casa de Bolsa: lavado de dinero a cárteles y huachicol

Otro caso que se destapó en las últimas semanas fue el de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de Presidencia de López Obrador.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la lucha contra el crimen organizado por parte de Estados Unidos se ha endurecido a partir de la declaratoria de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras:

• Cártel de Sinaloa
• Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
• Cártel del Noreste
• Cártel del Golfo
• Cárteles Unidos
• La Nueva Familia Michoacana

Para debilitar dichos grupos, las autoridades estadounidenses han tomado medidas más estrictas para afectar su capacidad financiera.

Por ello, el Departamento del Tesoro de EUA ha sancionado a empresas y personas vinculadas al financiamiento de las actividades criminales de los cárteles.

Precisamente, una de éstas fue Vector Casa de Bolsa, señalada de haber lavado dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo en distintos años.

De 2019 a 2021, una ‘mula de dinero’ del Cártel de Sinaloa hizo una transferencia de más de 500 mil de dólares a Vector mediante una empresa constituida en Estados Unidos, según la Red de Control de Delitos Financieros de EUA.

Y en 2023, de acuerdo con la misma instancia, se detectó la transferencia de recursos de procedencia ilícita por parte del Cártel del Golfo a Vector.

Además, la semana pasada, diversos medios que obtuvieron acceso a un expediente de la FGR, dieron a conocer que Vector blanqueó recursos de una empresa ligada al huachicol fiscal, llamada Grupo Potesta.

Fueron estos casos los que también generaron debate sobre si López Obrador estaba o no consciente del lavado de dinero en Vector.

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El caso Hernán Bermúdez

Finalmente, la reciente captura de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, ha salpicado al senador Adán Augusto López.

El exjefe policial estaba prófugo de la justicia en Paraguay, donde fue detenido el pasado viernes.

Requena fungió como secretario de Seguridad de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López y el interinato de Carlos Merino.

En el periodo que sirvió como titular de la SSPC del estado, Hernán Bermúdez habría permitido la operación de La Barredora, dedicada a delitos como huachicol, extorsión, secuestro y tráfico de migrantes.

Su presunta complicidad con la asociación delictiva desató una ola de violencia en el estado, debido a las pugnas entre criminales.

El pasado mes de julio, cuando salió a la luz la información de que se había girado una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, la oposición comenzó a cuestionar a Adán Augusto, incluso, lo compararon con Felipe Calderón por los nexos criminales de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

El exfuncionario fue uno de los personajes más atacados por López Obrador.

Adán Augusto ha respondido que se presentará ante las autoridades si es requerido, con “disposición plena”.

AMLO se refería a Adán como su “hermano” cuando estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, por lo que una posible investigación sobre López Hernández podría poner en cuestión una protección del expresidente al coordinador de los senadores de Morena.

Mega fraude en Segalmex

El caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha sido calificado como el mayor desfalco en la historia reciente de México, superando los 15 mil millones de pesos en irregularidades.

Este organismo, fue creado en enero de 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria, desvió recursos destinados a los más pobres.

Entre los nombres clave en el inicio del fraude destacó el primer director general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, quien hasta la fecha no ha sido procesado por el fraude. Las redes de corrupción se habrían activado prácticamente desde el día uno de la institución.

La figura central de los desvíos fue René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas. Otro implicado clave es Manuel Lozano Jiménez, exdirector de Comercialización, detenido en Argentina en junio de 2023 con fines de extradición.

El esquema de corrupción incluyó compras simuladas de productos como azúcar y la adjudicación de contratos millonarios a empresas fachada que no entregaron los bienes. Se reportaron sobreprecios y colocación irregular de dinero público en bonos y casas de bolsa.

Las irregularidades han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y reveladas por investigaciones periodísticas como las de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Entre 2020 y 2021, MCCI documentó los primeros hallazgos de corrupción y reveló el otorgamiento de 797 millones de pesos a una red de empresas fachada por insumos no entregados.

En noviembre de 2022, la FGR logró la vinculación a proceso de René Gavira Segreste.

Para febrero de 2023, el monto de las irregularidades detectadas por la ASF superó los 15 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2021.

En marzo de 2023, la FGR detuvo a ocho personas, incluyendo a cinco exfuncionarios, por la compra simulada de miles de toneladas de azúcar.

Ya en julio de 2024, se dio a conocer que el Gobierno reservó por cinco años la información del grupo intersecretarial creado para investigar el fraude.

Por su parte, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el caso, asegurando que su gobierno es “cero corrupción y cero impunidad” y que “el prestigio de este gobierno no se manchará”.

En el proceso, se han emitido órdenes de aprehensión contra más de 22 personas, y la FGR ha asegurado que los principales responsables ya están en prisión preventiva o sujetos a proceso.

Conacyt, el caso de Álvarez-Buylla

El extinto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), bajo la gestión de María Elena Álvarez-Buylla, otorgó por asignación directa un contrato por 4 millones 431 mil 200 pesos al despacho Estudio MMX, que diseñó el estudio de su hija, Jimena García Álvarez-Buylla.

Según El Universal, el contrato buscó desarrollar la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, que fue inaugurado en septiembre de 2024, sin tener acceso al público en el presente.

El pago se realizó en 2023, dos años después de que Jimena García contactó al despacho para el desarrollo de su estudio ubicado en la propiedad de su madre en la alcaldía Tlalpan.

Por su parte, la hija de Álvarez-Buylla presumió el proyecto a la revista arquitectónica dwell, donde se destacó la construcción de casi 60 metros cuadrados, dos niveles y una conexión con la vivienda de su madre, Álvarez-Buylla.

Esa conexión desató la controversia de un posible conflicto de interés, ya que la empresa que trabajó en un encargo familiar fue posteriormente beneficiada con recursos públicos por la Conahcyt.

Esta nueva polémica se suma a las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los ejercicios presupuestales del Conahcyt en la gestión de Álvarez-Buylla.

Presuntos desvíos de recursos en la Conade

Según indagatorias de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), bajo la gestión de la exatleta Ana Gabriela Guevara surgieron denuncias por malos manejos financieros, asignación irregular de contratos, hasta el desvío de fondos destinados a apoyar atletas.

En el año de 2019 se abrieron expedientes de investigación en la Secretaría de la Función Pública por irregularidades y desvíos millonarios del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Para febrero de 2024, la Auditoría presentó dos denuncias penales por irregularidades detectadas en el ejercicio del presupuesto de 2022 de la CONADE por 279.6 millones de pesos.

De acuerdo con El Universal, la Conade también fue señalada por un supuesto acto de corrupción en desvío de 17.4 millones de pesos por un servicio de limpieza que no comprobó pagos.

Por otro lado, los atletas olímpicos denunciaron varias veces en más redes sociales la falta de apoyo económico que la Conade tenía con ellos; algo que no fue tomado en cuenta por las autoridades federales.

Pese a las denuncias, incluidas las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) por más de 600 millones de pesos, Ana Gabriela Guevara siguió al frente de la comisión hasta el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Adjudicación directa en el AIFA

Otro proyecto de la Cuarta Transformación como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, (AIFA) también ha presentado irregularidades, pues según MCCI, de la poca información que se hizo pública sobre su construcción, todos los contratos para la obra fueron por adjudicación directa.

Aunado a esto, el 75 % del gasto sigue en la opacidad y no ha sido sometido a transparencia por ser “un proyecto de seguridad nacional”.

MCCI destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) únicamente transparentó contratos equivalentes a 17 mil 385 millones de pesos cuando la obra señalaba un costo de más de 100 mil millones.

Dicho de otra forma, se desconoce cómo se gastaron alrededor de 4 de cada 5 pesos usados en este megaproyecto; además, en febrero de 2023, la Auditoría detalló que la suma por probables daños al erario público en el nuevo aeropuerto podría ser igual a un total de 37.6 millones de pesos.

Irregularidades en Dos Bocas

La Refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, ha sido señalada por opacidad en los contratos adjudicados, en especial en uno que beneficiaba al empresario cercano a Adán Augusto López, Daniel Flores, por más de 30 mil millones de pesos.

El empresario cercano al actual coordinador de senadores de Morena murió en 2023 tras un accidente aéreo.

En un principio, el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador estimó un presupuesto de 160 mil millones de pesos para la construcción de la refinería:

No obstante, la administración de la actual mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, estimó que el costo está en 393 mil millones, es decir, 2.5 veces lo programado al principio.

Por otro lado, una investigación periodística de Nmás refirió que desde los primeros meses de trabajo en el proyecto de Tabasco se detectaron inconsistencias en los contratos.

Por ejemplo, se dieron contratos por adjudicación directa por al menos 10 mil millones de pesos a dos redes de empresas de reciente creación:

• Manufactura Especial y Proyectos Industriales
• Grupo Huerta Madre

Incluso dichas empresas han sido sancionadas por corrupción previamente.