
Foto: Cámara de Diputados
Diputados aprueban alza de hasta 118% en cuotas de la Ley Federal de Derechos: suben trámites migratorios, museos y uso de agua.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD), una medida que eleva de forma significativa las cuotas que cobra el Estado por el uso de bienes y la prestación de servicios.
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En lo general: Diputados de Morena y sus aliados aprobaron la iniciativa con 355 votos a favor y 132 en contra, con el objetivo de aumentar la recaudación federal.
Los cambios aprobados tocan áreas sensibles, desde trámites para extranjeros hasta el acceso a zonas culturales, buscando generar ingresos adicionales estimados en 157 mil millones de pesos.
Trámites Migratorios: El paquete económico 2026 sube la tarifa para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas de 860 a 983 pesos.
Los permisos para los residentes temporales también incrementan:
Asimismo, crea el derecho para la autorización de visitas a embarcaciones en navegación de altura por un monto de 297 pesos.
Cultura y Turismo: Con esta modificación, aumenta el costo de acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Nación en hasta 118%.
Adicionalmente, en lo referente al uso de Aguas Nacionales, se deroga la exención fiscal que permitía a personas físicas y morales no pagar por usar o aprovechar aguas nacionales.
Las modificaciones generaron un intenso debate en el Pleno de San Lázaro, donde la oposición criticó duramente el carácter recaudatorio de la reforma, mientras la mayoría defendió el fortalecimiento del Estado.
Legisladores como la panista Noemí Luna y el priista Jericó Abramo cuestionaron que los incrementos no garantizan un retorno de inversión en los servicios públicos, señalando que “suben los derechos sanitarios para los hospitales, pero siguen sin medicina”.
La panista Margarita Zavala apuntó que el país no necesita “más trabas ni más impuestos”.
Calificaron los aumentos migratorios como “discriminatorios” y acusaron a Morena de querer compensar un déficit fiscal de 1.5 billones de pesos a costa de los ciudadanos.
Por su parte, la legisladora morenista Alma Delia Navarrete defendió el proyecto, asegurando que busca que los cobros reflejen el costo real de los servicios y fortalezcan la capacidad del Estado para garantizar una “distribución más justa y equitativa de los derechos públicos”.
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