Expulsados con una firma: así opera la limpia silenciosa en el Poder Judicial

La llamada “renovación” del Poder Judicial de la Federación empieza a mostrar su verdadero rostro: maltrato, humillación y despidos disfrazados de renuncias voluntarias contra personal de carrera con años de servicio.

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Un caso reciente que llegó a la redacción de Político MX demuestra con documentos en mano cómo se está forzando la salida de servidores judiciales bajo la nueva estructura.

Se trata de René Alejandro Díaz Medina, Coordinador Técnico Administrativo del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, quien fue obligado a firmar su renuncia dirigida a la licenciada Carmen Sofía Gómez Torres, titular del mismo juzgado y una de las nuevas funcionarias electas tras la reforma judicial.

El texto no deja lugar a interpretaciones. En la propia carta se lee la frase que lo dice todo:

“Presento mi renuncia… por así habérmelo solicitado”.

Una línea breve, pero demoledora: la confesión escrita de que no se trató de una decisión libre, sino de una orden directa.

Con sello de recepción y hora registrada, el documento se convierte en prueba material de una práctica institucionalizada: renuncias dictadas y firmadas bajo presión.

Quería su lugar porque era gente de la titular anterior

René Alejandro explicó que la nueva titular pidió su salida porque él había obtenido el puesto de manera indefinida bajo la administración anterior, con quien Carmen Sofía Gómez Torres mantiene enemistad personal.

El motivo no fue desempeño ni sanción alguna: fue revancha y sustitución política.

La decisión no tomó en cuenta años de experiencia, mérito ni preparación profesional, solo el interés de reemplazarlo por alguien afín.

Su caso ya no se sostiene en rumores ni versiones internas: hay un documento firmado que acredita la coacción. Y detrás de ese papel hay un patrón que Político MX ha venido revelando: trabajadores judiciales presionados, hostigados o desplazados, cuyas renuncias no reflejan sus años de servicio ni se acompañan de liquidaciones justas.

Una reforma con costos humanos

El caso de René Alejandro se suma al de otros funcionarios y trabajadores judiciales que aprovechan cualquier pasillo para denunciar ante la prensa los abusos, amenazas e injusticias que se cometen frente a la omisión —o la vista gorda— de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina que no actúan, y quizá de un Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque los mismos despidos se replican en la llamada “Casa de la Justicia” que escucha todas las voces.

Los servidores judiciales no renuncian: los hacen renunciar. Y los documentos lo prueban.