
Foto: Redes Sociales
Anallely López Hernández dejó su cargo de forma voluntaria a días de ser ligada con Nazario ‘N’, presunto operador del CJNG

Anallely López Hernández, quien se desempeñaba como delegada de la Secretaría de Bienestar en el municipio de Libres, Puebla, renunció a su cargo en medio de señalamientos por sus supuestos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La renuncia fue confirmada por el Gobierno de Puebla por medio de un comunicado, en el cual se asegura que la exfuncionaria deja su cargo por “motivos personales”.
“La Secretaría de Bienestar informa que la C. Analelly López Hernández, quien se desempeñaba como delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, presentó su renuncia voluntaria al cargo por decisión personal”, expone el documento.
No obstante, la renuncia de López Hernández se produce después de que circularan fotografías que presuntamente la vinculan con Nazario N., identificado como operador del CJNG y detenido el pasado 16 de octubre en Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con reportes, la exfuncionaria presumía en sus redes sociales un estilo de vida de lujos, viajes internacionales, uso de helicópteros y la posesión de una camioneta de alta gama, contrastando con su perfil como servidora pública.

La relación entre Anallely López y Nazario Ramírez era muy cercana, e incluso se trataba de un noviazgo.
Medios locales reportaron que ambos fueron vistos en eventos públicos y reuniones políticas en varios municipios, donde gestionaban proyectos correspondientes a los programas sociales.
En redes sociales también circulan imágenes de Ramírez y López con autoridades locales y estatales.
Entre ellas, aparecen fotografías con el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En su comunicado, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Puebla indicó que respeta la decisión tomada por Anallely López Hernández y reafirmó que su labor se rige por los principios de transparencia y servicio.
La dependencia garantizó a las familias poblanas que sus acciones de atención directa y el fortalecimiento de los programas sociales se mantendrán, tal como lo instruyó el gobernador Alejandro Armenta.
Respecto a las actividades privadas de la exdelegada y los señalamientos de su relación con el crimen organizado, la administración estatal puntualizó que determinar lo conducente será responsabilidad de las autoridades competentes.