Foto: Cuartoscuro
Corte abre puerta para que escuelas se defiendan vs prohibición para vender alimentos chatarra
La Suprema Corte resolvió que las escuelas pueden solicitar la suspensión provisional si acreditan que esas normas les generan una afectación directa.
Salvador Maceda
Publicada: oct 28 a las 14:55, 2025
- Últ. Actualización: oct 28 a las 14:57, 2025
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que todas las escuelas del país puedan frenar la aplicación de las reglas que prohíben la venta y distribución de ciertos alimentos y bebidas dentro de los planteles.
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El máximo tribunal del país resolvió que los centros educativos —desde nivel básico hasta superior— pueden solicitar la suspensión provisional contra los lineamientos que regulan la preparación, venta y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, cuando acrediten que esas normas les generan una afectación directa.
Estos lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2024, establecen restricciones para la venta de productos procesados, empaquetados o con sellos de advertencia —como frituras, botanas y bebidas azucaradas—, e imponen sanciones a las instituciones que incumplan.
La resolución de la Corte surgió tras analizar una contradicción entre tribunales federales: uno había permitido a una escuela obtener la suspensión y otro la había negado.
Con el nuevo fallo, la Corte zanja el debate y determina que cualquier institución educativa del país puede solicitar esa medida temporal mientras se resuelve el fondo del amparo.
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El proyecto, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, fue aprobado por mayoría del Pleno con adiciones que amplían su alcance a todos los niveles educativos.
El criterio no autoriza la venta libre de productos prohibidos, pero sí reconoce el derecho de las escuelas a defenderse legalmente de disposiciones que puedan afectar su funcionamiento o generar sanciones.
Tras la votación, la ministra Yasmín Esquivel quedó encargada de elaborar el texto final de la jurisprudencia correspondiente, que será sometida a consideración del Pleno.
Una vez aprobada, el criterio será obligatorio para todos los tribunales y juzgados federales del país, y marcará cómo deberán resolverse casos similares en el futuro.
