Diputados aprueban Ley contra extorsión: hasta 20 años de cárcel por cobro de piso

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de extorsión, con penas de hasta 20 años de prisión por crímenes como el cobro de derecho de piso.

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Con 456 votos a favor, el Pleno de San Lázaro aprobó la Ley contra la extorsión, a través de la que se homologa a nivel nacional este delito.

De inmediato inició la discusión en lo particular para su aprobación en el Pleno.

El proyecto de ley establece una sanción inicial (pena básica) para el delito de extorsión, la cual consiste en:

• Prisión: De seis a 15 años.
• Multa: Hasta 500 veces el valor diario de la UMA (equivalente a 56,570 pesos, según el valor proporcionado).

Esta pena aplica a quien, mediante coerción, fuerce a otra persona a realizar, abstenerse de realizar, permitir una acción o entregar algo, con el fin de obtener un beneficio o lucro.

La legislación contempla 34 circunstancias agravantes, divididas en tres categorías, que implican castigos más severos.

Las penas se incrementarán hasta en una tercera parte, resultando en condenas de ocho a 20 años de cárcel, en los siguientes casos:

• Cuando la extorsión involucre el delito de “cobro de piso”.
• Cuando la víctima sea una persona que desarrolle actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios (públicos o privados).
• Cuando el delito se cometa utilizando, de forma real o simulada, el nombre de un sindicato, organización o agrupación.

Se propone un incremento en la sanción hasta en dos terceras partes, lo que significa una pena de 10 a 25 años de prisión, en caso de violencia física o exijan el pago por daños causados intencionalmente en un hecho de tránsito o en bienes de su propiedad, bajo el pretexto de un accidente provocado deliberadamente, conocidos como “montachoques”.

El dictamen también establece las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno con el fin de perseguir el delito de extorsión y los crímenes relacionados. Para ello, se busca homologar un único tipo penal que sea aplicable en todas las entidades federativas.