
Foto: Cuartoscuro
La senadora panista llamó a los ciudadanos a “defender a México” y firmar una iniciativa ciudadana contra la reforma electoral.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, compartió a través de sus redes sociales una iniciativa a la ciudadanía que busca la defensa de la democracia ante la reforma electoral, que se impulsa desde Palacio Nacional.
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En un video compartido por la legisladora panista, se acusó a Morena de querer imponer una reforma que otorga “más poder al poder”.
La iniciativa, impulsada por la Sociedad Civil México, culpó a quienes ya destruyeron contrapesos y organismos autónomos. Señaló que ahora buscan arrebatar el voto libre con una reforma que “busca someternos”.
Para que esta propuesta sea discutida en el Congreso de la República, se necesita reunir más de 130 mil firmas de apoyo, por lo que la senadora instó a sus seguidores a sumarse: “Firma aquí para defender a México”, dijo.
La grabación concluye con una invitación directa: “¿Le entras? Firma, comparte, participa”. Los detalles y la plataforma de firmas se encuentran en www.salvemoslademocracia.mx
El proyecto de reforma constitucional, que está disponible en la página señalada con anterioridad, se centra en cinco puntos para mejorar el modelo electoral de forma gradual y progresiva.
Se busca blindar la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La estructura y el personal del INE deben ser profesionales y estar presentes en los 300 distritos.
Para evitar la discrecionalidad, los funcionarios de casilla serán elegidos mediante insaculación aleatoria entre la ciudadanía.
Se establece la obligación constitucional de asignar el “presupuesto necesario” al INE y al Tribunal; este monto nunca podrá ser disminuido respecto al año anterior.
El nombramiento de consejeros requerirá el voto de las tres cuartas partes de los diputados; además, un Comité Técnico del Senado los evaluará bajo criterios meritocráticos.
Se protegerá a los consejeros de cualquier procedimiento disciplinario por sus opiniones o el sentido de sus votos.
Se busca garantizar la equidad evitando ventajas estructurales al partido gobernante.
Se modificará el financiamiento público ordinario: 50% igualitario y 50% por votos obtenidos. Los fondos para actividades específicas serán 100% igualitarios.
Se propone que el tiempo oficial en radio y televisión se distribuya en partes iguales entre todos los partidos políticos.
Las candidaturas independientes recibirán financiamiento público no menor al 20% del tope de gastos de campaña.
Este eje se enfoca en sancionar conductas que distorsionen la voluntad popular.
Se define con claridad la propaganda gubernamental para prohibir su uso a autoridades, evitando que favorezca o perjudique a candidaturas.
Se establecerá una plataforma pública de denuncias para que la ciudadanía reporte gastos de propaganda en tiempo real, garantizando la transparencia.
Los programas sociales se reconocen como un derecho constitucional, por lo que queda prohibido condicionar su entrega a cambio del voto o el apoyo político.
Se busca combatir la intromisión sistemática de organizaciones criminales en los procesos.
Se propone incorporar una causal de nulidad explícita y autónoma para la elección si se comprueba la incidencia del crimen organizado en la campaña.
Esta violación se considerará determinante por sí misma, sin atender al diferencial de votos entre el primer y segundo lugar.
Se proponen reglas estrictas para evitar la alteración de la composición del Congreso surgida de las urnas.
La sobrerrepresentación se limitará: ningún partido podrá exceder en más de un punto porcentual (actualmente ocho) su votación nacional para la asignación de curules.
Se imponen restricciones al “chapulineo” de legisladores que renuncien al partido que los postuló, con reglas claras según el año de la legislatura.

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De acuerdo a lo expuesto en la iniciativa, ésta surgió ante la necesidad urgente de reforzar el modelo electoral tras las elecciones de 2024 y la elección judicial de 2025.
Las elecciones de 2024 fueron consideradas “unas de las más violentas” de la historia reciente de México, con grupos criminales influyendo a nivel local.
En el documento se citó la intervención gubernamental constante, el uso de programas sociales para influir en el electorado y el desbalance de comunicación a favor del Poder Ejecutivo.
La elección judicial de 2025 también se juzgó “carente de autenticidad” y operada desde el poder, con una reforma aprobada sin amplio debate que generó vacíos normativos.
El objetivo final es claro: mejorar el sistema para evitar futuros ejercicios democráticos que rompan con la integridad electoral y trastoquen el derecho al voto libre.
