
Foto: Cuartoscuro
Los casos se concentran principalmente en Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

La tragedia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, no solo exhibió la crudeza con la que el crimen organizado opera en sus territorios, sino que también mostró la vulnerabilidad de los presidentes municipales ante la violencia generada por grupos delincuenciales.
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En muchos casos, los ediles enfrentan amenazas y hostigamiento por parte de células delictivas por la lucha contra el crimen que encabezan en sus municipios.
Además, los gobiernos municipales, a menudo sin recursos, sin escoltas y con cuerpos policiales limitados o cooptados por el crimen, enfrentan presiones constantes de grupos que exigen colaboración o participación en decisiones públicas.
Sin embargo, también hay casos en los que los alcaldes cuentan con presuntos vínculos con el crimen organizado, comprometiendo sus funciones.
Desde el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, hasta este 3 de noviembre de 2025, al menos 10 alcaldes en funciones han sido asesinados en el país.

Los casos se concentran principalmente en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, tres estados marcados por la presencia de cárteles.
Michoacán concentra tres de los diez asesinatos de alcaldes que se han reportado en el actual sexenio, siendo el principal foco rojo de la violencia política.
El pasado 5 de junio, Salvador Bastida García, edil de Tacámbaro, fue ejecutado en las afueras de su domicilio junto a su escolta Pastor Cortez Álvarez.
De acuerdo con La Jornada, en noviembre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra de Bastida García y algunos de sus colaboradores por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Días después, el 17 de junio de 2025, Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue asesinada frente a su casa junto a su esposo, y su hijo resultó herido.

En esa zona hay presencia del CJNG y Los Viagras.
Según El País, Mendoza era cuñada de Juan José Farías, conocido como ‘El Abuelo’, uno de los líderes de Carteles Unidos.
Finalmente está el caso de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, quien fue asesinado durante el Festival de las Velas, frente a decenas de personas en la principal plaza pública del municipio.

Según autoridades, el edil contaba con protección y había solicitado refuerzos al gobierno federal al denunciar amenazas directas del crimen organizado. Pese a ello, fue atacado en pleno acto público.
Además de Michoacán, en Oaxaca también se han registrado tres asesinatos de presidentes municipales.
En octubre de 2024, Román Ruíz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, fue asesinado en su domicilio. De acuerdo con la Fiscalía estatal, el ataque se perpetró con un arma blanca.
El pasado mes mayo, Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, fue emboscado mientras viajaba por la sierra oaxaqueña.

Santiago Amoltepec ha sido escenario de varios casos de asesinatos con tintes políticos. En 2023, cinco personas, incluyendo tres hijos del expresidente municipal Abel García, fueron asesinadas frente al Ayuntamiento. Ese mismo año, el tesorero Teodosio Ojeda fue asesinado tras un asalto.
Luego, el 16 de junio de 2025, la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada dentro del Palacio Municipal.
Cinco hombres armados ingresaron al inmueble y le dispararon frente a colaboradores.
La Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación con varias líneas, incluido el supuesto conflicto político que hay en la demarcación a través de la disputa del territorio.
En tanto, en el estado de Guerrero se han ejecutado a dos ediles. Apenas cinco días después del arranque del nuevo gobierno, el 6 de octubre de 2024, Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, fue asesinado en un ataque directo.
Representantes de la Fiscalía de Guerrero acusaron a Germán Reyes, exfuncionario local, de supuestamente haber ordenado a ‘Los Ardillos’ matar a Arcos Catalán ante su negativa de ceder plazas a la organización criminal.

Meses después, el 28 de mayo de 2025, el alcalde de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, fue atacado a balazos en la Autopista del Sol.
Rojas, quien había denunciado amenazas por parte de grupos armados, falleció días después en un hospital de Chilpancingo.
Finalmente, en Hidalgo y San Luis Potosí la violencia política también se ha expresado en los homicidios de dos presidentes municipales.
El 20 de octubre de 2025, en Pisaflores, Hidalgo, el alcalde Miguel Bahena Solórzano fue asesinado frente a su casa.

La investigación de la Fiscalía estatal reveló que uno de los presuntos autores intelectuales es el director de la oficina municipal del DIF, Johny René Valladares.
Y en San Luis Potosí, en diciembre de 2024, Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, fue asesinado cuando regresaba de una reunión comunitaria.
El ataque fue atribuido inicialmente a un grupo armado que opera en la zona, pero después, la Fiscalía de SLP detuvo a exfuncionarios y al exalcalde por su probable participación en el homicidio.