
Foto: Cuartoscuro
Desde que el morenista asumió la gubernatura de Michoacán en octubre de 2021, no ha logrado disminuir la violencia.

El homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, volvió a poner en el foco público el clima de violencia que vive el estado gobernado por Morena, que tomó el poder en 2021 después del triunfo electoral de Alfredo Ramírez Bedolla.
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Cuando el partido guinda ganó la gubernatura, la narrativa del oficialismo era que el nuevo gobierno traería estabilidad y paz. El cambio político generó expectativas en un estado azotado por el crimen organizado.
Durante los gobiernos anteriores, encabezados por priistas (Fausto Vallejo y Salvador Jara) y el experredista Silvano Aureoles, Michoacán ya había atravesado varias crisis.
Los constantes enfrentamientos entre cárteles y las ejecuciones en el estado derivaron en la creación de las autodefensas en 2013, que marcaron un punto de quiebre.
Aquella movilización de ciudadanos armados surgió precisamente porque el Estado había dejado de garantizar la seguridad en regiones como Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, donde se encuentra la localidad de La Ruana. Las autodefensas, lideradas por José Mireles e Hipólito Mora, se levantaron en armas ante la presencia de Los Caballeros Templarios.

Ahora, cuatro años después de la llamada ‘Cuarta Transformación’ en Michoacán, la violencia se ha exacerbado mediante homicidios dolosos, desapariciones, extorsiones y ataques a autoridades locales.
En lo que va del gobierno del morenista, se han registrado al menos siete asesinatos de alcaldes en Michoacán:
Los alcaldes en cuestión emanaron de diferentes partidos: PRI, PAN, PVEM y Morena.
El caso más reciente y emblemático es el de Manzo Rodríguez, ejecutado durante el Festival de las Velas frente a su familia y decenas de asistentes.

El crimen, cometido en pleno espacio público, estremeció al país y recordó que Michoacán sigue siendo un territorio donde la autoridad puede caer a balazos.
Manzo había desafiado abiertamente al crimen organizado y pidió al gobierno federal actuar con firmeza; incluso había denunciado amenazas y presiones.
Para Ramírez Bedolla, su muerte ha sido un golpe político devastador.
Durante las protestas en Morelia por el magnicidio, ciudadanos se refirieron a él como “asesino”. Estas imágenes muestran el hartazgo y el descontento que hay en torno al gobernador, quien también recibió reclamos cuando acudió al velorio de Manzo.
Más allá de la violencia política, al mandatario estatal también lo acechan preocupantes cifras sobre la inseguridad.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde que Ramírez Bedolla asumió la gubernatura en octubre de 2021 hasta septiembre de 2025 se han registrado 7,448 homicidios dolosos.
Además, en el último reporte mensual correspondiente a septiembre de este año, Michoacán fue el sexto estado con más homicidios dolosos, con un conteo de 111 víctimas en el mes.

Otro fenómeno que refleja la descomposición en Michoacán es el número de personas desaparecidas.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el periodo del 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2025, se han reportado 3,017 personas desaparecidas en la entidad.
Varias de las desaparaciones son producto del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, siendo tan solo una parte de una amplia problemática que sufre el estado y el país.

En el mandato de Bedolla, el crimen organizado encontró un lucrativo negocio en el campo, a través de la extorsión y cobro de piso a agricultores, sin que exista hasta ahora una estrategia en el estado para erradicar esta práctica.
Productores de limón y aguacate, que llevan a cabo una de las actividades económicas más importantes del estado, sufren una extorsión sistemática a través de cobros por tonelada, cuotas por hectárea y hasta “derechos de paso” para transportar sus productos.

El esquema criminal es sofisticado, pues los grupos cobran dinero a cambio de “protección”.
En febrero de 2025, las autoridades detuvieron a Gerardo ‘N’, líder de una célula dedicada a este delito.
Pero eso no fue suficiente, pues hace unas semanas, Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, fue asesinado después de denunciar las presiones que ejerce el crimen sobre el gremio.

Ramírez Bedolla ha sido criticado por su falta de acción ante esta crisis que padecen los productores michoacanos, quienes han sido desplazados y afectados por el cobro de piso.
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En Michoacán operan los siguientes grupos criminales con presencia territorial: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Blancos de Troya, algunas remanentes de Los Caballeros Templarios y Cárteles Unidos.
Cada uno disputa una franja de influencia, siendo los municipios de Uruapan, Apatzingán, Zamora, Tepalcatepec y Aguililla puntos rojos constantes.
El CJNG mantiene la ofensiva más visible, mientras que los Viagras controlan rutas y cobran por producción agrícola.

Las confrontaciones derivan en bloqueos carreteros, emboscadas y otros actos que infunden terror en la población.
Este panorama, sumado a los recientes casos en el estado, genera incertidumbre en miles de habitantes de Michoacán que día a día tienen que lidiar con la violencia que desde hace años no para.